¿Cómo se sostiene la salud mental cuando las deudas se acumulan y el sueldo deja de alcanzar? ¿Qué sucede en los sectores populares cuando el Estado desmantela la salud pública? ¿Cuánto cuesta hoy acceder a un tratamiento psiquiátrico o terapéutico y quiénes pueden pagarlo? En la Argentina actual, atravesada por el ajuste económico y la violencia discursiva promovida desde el Poder Ejecutivo, el malestar psíquico ha dejado de ser un asunto privado para convertirse en la expresión más radical de las condiciones materiales de existencia.
Hablar de suicidio en la Argentina contemporánea exige un movimiento epistémico indispensable: desplazar el fenómeno del plano estrictamente individual o patológico para situarlo en el centro de la escena política, económica e institucional. Lejos de constituir un evento trágico confinado a la esfera íntima, la autolesión fatal se ha consolidado como una de las manifestaciones más desgarradoras del desamparo social, superando como causa de muerte en los jóvenes a los homicidios y siniestros viales.
El punto más alarmante de la reforma de la Ley de Salud Mental es la reinstauración de la “internación preventiva”.
En la misma línea, las investigaciones del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires (OPSA-UBA) (2), revelan que el 6,5% de la población presenta riesgo latente de padecer un trastorno mental severo, en los mismos niveles de angustia y desestructuración psíquica registrados durante los meses más críticos de la pandemia. Sin embargo, el sufrimiento no se distribuye de manera homogénea en la estructura social: las escalas de Malestar Psicológico Global (GSI) y los puntajes de riesgo suicida se disparan sensiblemente en los sectores que se autoperciben de menores ingresos y, de manera particular, en el grupo etario de 18 a 29 años.
El acceso a la atención profesional opera como una barrera de exclusión. De acuerdo con el relevamiento del OPSA, entre quienes reportan no encontrarse en tratamiento psicológico pero manifiestan necesitarlo, el 43,44% señala la imposibilidad material de pagarlo. La capacidad económica define así la frontera entre la contención y el abandono. Asimismo, el Boletín Epidemiológico N° 788 del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (3) notificó 22.249 eventos de intento de suicidio en el país entre abril de 2023 y octubre de 2025, una proporción de 17,2 tentativas no fatales por cada deceso consumado, lo que evidencia la magnitud de la demanda silenciosa que presiona sobre las guardias hospitalarias.
Aislamiento, virtualidad y precarización
Frente a la gravedad de este escenario, la médica psiquiatra Mariana Lagos –directora de la Carrera Metropolitana de Especialista en Psiquiatría del Instituto de Formación de la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA) y presidenta honoraria del Capítulo de Salud Mental, Derechos Humanos y Emergencias Sociales de la misma entidad– advierte que los jóvenes y adolescentes de entre 15 y 25 años conforman hoy la población de mayor vulnerabilidad y riesgo epidemiológico.
Al desglosar la naturaleza multicausal del fenómeno en las juventudes, Lagos pone el foco en la erosión de las redes comunitarias tradicionales: “Hay una situación en relación a la crisis más global que se está viviendo y que afecta a las pertenencias y los vínculos. Hay mucha sensación de soledad, situaciones de mucha violencia y un fenómeno muy preocupante ligado a los consumos problemáticos. A esto se suma la exposición permanente a las pantallas, que exacerba la comparación y hace que los jóvenes estén suponiendo que hay otros que tienen vidas mejores. Se trata de una migración de la vida presencial a las pantallas que se intensificó con la pandemia, generando una paradoja entre la hiperconectividad y el aislamiento.”
Para ambas especialistas, el dolor psíquico está anclado en las condiciones materiales de existencia. Lagos remarca que “el acceso al estudio, al trabajo y a la garantía de derechos está muy deteriorado, desdibujando la perspectiva de futuro que antes funcionaba como un motor vital y que hoy, para muchos jóvenes, representa directamente una amenaza”. Stolkiner profundiza sobre cómo la precarización y el régimen de sobreempleo clausuran cualquier horizonte de planificación a mediano plazo: “No estamos ante el desempleo clásico de otras décadas, sino ante una precariedad que convive con el sobreempleo. Se ha construido la idea de que andar con el café en la mano corriendo de un trabajo a otro es una forma de éxito personal. Esa inestabilidad impide proyectar. Un joven no puede planificar si empezará la universidad porque no sabe si podrá costearla en seis meses o si las exigencias horarias de un trabajo precario lo obligarán a abandonar. Cuando el futuro se vuelve incalculable, la angustia se territorializa en el cuerpo”.
Un sistema de salud en repliegue
Caro Peralta fue diagnosticado con trastorno bipolar. En un principio atravesó una depresión severa, pero los psicofármacos que le recetaban dejaban de hacerle efecto o le generaban un efecto “rebote”, una suerte de hipomanía. Cinco años después logró dar con un diagnóstico certero y una medicación adecuada, lo que le cambió la vida.
“Pasé por momentos en los que no soportaba más, aun contando con el acompañamiento de mi familia, de mis amigos y amigas y teniendo posibilidades económicas. Hay mucha gente que no tiene nada de eso, que no puede comprar la medicación o que no puede pagar una consulta psiquiátrica. Poder acceder a un tratamiento es clave”, cuenta Peralta. Y agrega: “Tuve una noche de mucha oscuridad en la que sentí que no daba más; no podía soportar el mundo, el dolor que sentía era inmenso. Es como si tuvieras un peso en el pecho que te tira para abajo todo el tiempo y todo se vuelve una cuesta arriba. Algo tan simple como lavarse los dientes, cuando estás deprimido, te puede agotar la energía de todo el día. Sentía que nada tenía sentido. Tuve etapas de depresión profunda en las que trabajaba 15 horas al día y lograba ser funcional, pero al llegar la noche me quería morir, o me quería morir mientras trabajaba. Para el entorno parecía que estaba bien porque rendía laboralmente; existe la falsa creencia de que si podés seguir trabajando no pasa nada. Y eso no es salud mental”.
Acompañar a alguien que atraviesa un padecimiento subjetivo y tiene ideaciones suicidas requiere de una enorme sensibilidad. Al respecto, Peralta aporta algunas claves desde su propia vivencia: “Para mí hay algo fundamental que es evitar decirle a la persona ‘no puedo con esto’ o ‘no sé qué hacer con vos’, porque uno ya se siente una carga para sí mismo, y sentirse una carga para el otro es devastador. A veces se trata simplemente de estar ahí, de no pretender resolverlo todo, sino de acompañar a que la persona encuentre una salida. Estar presente, limpiarle la casa, dejarle la comida hecha, decirle ‘andá a bañarte’ o levantar las persianas; gestos muy pequeños. Y a veces también es sostener el silencio. Esa presencia es crucial. Recuerdo que en un momento de crisis mi psiquiatra me dijo: ‘No podés estar solo’. Y yo le respondí que no me mataba porque tenía que cuidar a mi gata. A partir de ahí se armó una red entre mis amigos y mi familia: se iban turnando para no dejarme solo. Eso te salva la vida, literalmente. Hoy se lo digo a mis terapeutas: ustedes me salvaron la vida, fuera de cualquier metáfora. Nadie puede solo, la red es fundamental. Son muchas cosas que se tienen que combinar, algo muy difícil en el mundo en el que vivimos. Para acompañar no hace falta entenderlo todo, alcanza con estar”.
Frente a la inminencia de una crisis o ante la manifestación de ideas autolesivas, la respuesta de los entornos afectivos e institucionales resulta determinante. Stolkiner explica que, especialmente en las juventudes, la conducta suicida suele irrumpir con un marcado componente impulsivo, funcionando como “la punta del témpano de un sufrimiento tan intolerable que la persona siente que la única forma de acabar con el dolor es acabar con la propia vida”. Ante esto, sostiene que “la consigna ética central es encontrar la forma de acabar con el dolor sin acabar con la vida”, lo que demanda redes de contención que acompañen sin juzgar ni exigir rendimientos imposibles.
Sin embargo, el recorrido institucional para quienes buscan asistencia choca contra barreras estructurales severas. En palabras de Mariana Lagos, el imperativo cultural del capitalismo tardío actúa como un primer obstáculo: “En una sociedad donde se premia el rendimiento, el poder y el tener, poder decir ‘no puedo solo, necesito ayuda’ es un tema que hay que desnaturalizar. Está bueno poder pedir ayuda y entender que no tenemos que poder solos. Pero cuando las personas intentan acercarse al sistema de salud, tanto en obras sociales y prepagas como en el sistema público, está todo muy colapsado y hay muchas demoras. Los profesionales también estamos atravesados por la época en relación al cansancio, la hiperocupación y la precarización laboral. Hoy se produce una situación nueva y triste en el sistema público: quedan cargos de psiquiatras vacantes, tanto en formación y residencias como en médicos de planta y de guardia. No hay un sistema que esté pudiendo dar respuesta en los tiempos que estas situaciones lo requieren”.
Alicia Stolkiner traza una analogía crítica sobre las consecuencias que genera este repliegue de la infraestructura estatal y la falta de cobertura en el ámbito privado: “Las barreras de acceso a los tratamientos son terribles, incluso en el sector privado, donde lograr una internación o una atención interdisciplinaria es una carrera de obstáculos. Si una persona en situación de riesgo inminente no recibe la atención necesaria, ocurre exactamente lo mismo que si alguien con una apendicitis no recibe una cirugía oportuna. Existe una minusvaloración histórica de la salud mental dentro de la salud general, mientras el presupuesto nacional asignado este año ha sido francamente miserable”.
Las leyes vaciadas y la pedagogía de la crueldad
Argentina cuenta con un marco regulatorio de vanguardia, la Ley Nacional de Prevención del Suicidio. Sin embargo, su instrumentación efectiva choca contra el ahogo presupuestario. Como advierte Lagos: “Las leyes van asociadas al financiamiento y a los recursos al servicio de cumplirla; sin una partida presupuestaria adecuada a nivel federal que garantice el acceso en lo inmediato y la prevención a largo plazo, la ley queda reducida a una declaración de intenciones”. El Programa de Apoyo y Promoción de la Salud Mental, por ejemplo, sólo cuenta con 47 millones de pesos para operar durante todo este año. Se trata de 428 millones menos que en 2025 y 652 menos que en 2023 (4).
Esta desarticulación de las políticas públicas se inscribe en un clima sociocultural signado por la hiperindividualización y la validación discursiva de la violencia. Para Stolkiner, el mandamiento del mérito individual genera un aislamiento letal: “El individualismo de esta época es una incitación a ‘morir de amor propio’. Si el único amor válido es hacia uno mismo y el éxito es individual, cualquier fragilidad o fracaso que aparezca se vuelve insoportable. Pero además, estamos rodeados de mensajes dirigidos a transformar al otro en un enemigo que debe ser destruido. Se reinstala una fantasía de ‘excedencia humana’, la idea de que hay sectores descartables. Cuando una persona perteneciente a un colectivo vulnerado ve que se festeja la violencia o la muerte de un semejante, siente que su propia vida cotidiana está en peligro. Es un mensaje con efectos homicidas”.
Este impacto subjetivo se potencia cuando la agresividad verbal y las medidas de recorte social se ejercen de manera sistemática desde los resortes centrales del Gobierno Nacional. Lagos enfatiza el carácter contradictorio y devastador de este fenómeno: “El uso de la violencia verbal tiene un efecto de ira que es aplastante y, al mismo tiempo, paradójico, lo que hace doblemente daño. Desde los lugares en donde tendría que haber protección, contención y perspectivas, vienen diariamente noticias respecto al desmantelamiento en discapacidad, ciencia, cultura y salud. Esto tiene un efecto devastador a nivel subjetivo con consecuencias muy graves”.
El debate por la Ley de Salud Mental
En el marco del ajuste económico, lo que el Gobierno Nacional intenta implementar no constituye una mera actualización conceptual o un reordenamiento técnico: se trata de una profunda transformación del paradigma con el que el Estado aborda el malestar subjetivo. La propuesta de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental –un texto reconocido internacionalmente por su perspectiva de derechos humanos– bajo la retórica de la “modernización” encierra una marcada contradicción. Mientras se promueve este cambio reglamentario, la salud pública sufre un desfinanciamiento sistemático –como muestra el caso del Hospital Bonaparte– y el sistema estatal padece un vaciamiento de cargos producto de salarios cada vez más devaluados.
Uno de los ejes de la reforma reside en el desplazamiento del lenguaje: la transición del término “padecimiento” hacia la noción de “trastorno”. Lejos de un cambio semántico inocuo, esta modificación altera la concepción misma del sujeto. Frente a la categoría de padecimiento, que sitúa el centro en la persona, su singularidad, su historia y su contexto socioeconómico, el paradigma del trastorno responde al modelo clasificatorio del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5). La acumulación de determinados síntomas encasilla al paciente bajo una etiqueta predeterminada, obturando la escucha analítica en favor de un diagnóstico estandarizado donde la prioridad deja de ser el bienestar de la persona para pasar a ser su funcionalidad y efectividad en la trama productiva.
Sin embargo, el punto más alarmante de la reforma es la reinstauración de la “internación preventiva”. Mientras que la legislación vigente concibe el aislamiento institucional únicamente como un último recurso reservado a situaciones de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, las modificaciones sugeridas introducen la figura de la prevención ante un riesgo puramente “eventual” o “posible”. Esta flexibilidad otorga un poder discrecional e irrestricto a la autoridad médica, habilitando la posibilidad de que crisis subjetivas desencadenen dispositivos de encierro forzado.
Este giro restituye el fantasma del modelo manicomial. El diseño de la ley actual proyecta una red integral sustentada en hospitales de día, casas de medio camino, cooperativas de trabajo y sistemas de apoyos interdisciplinarios orientados a mantener a la persona integrada a su entorno comunitario. La falta de consolidación de este esquema no responde a falencias de la ley sino a la falta de presupuesto y de voluntad política para instrumentarla. Ante este escenario, la vuelta al aislamiento en hospitales monovalentes surge como una alternativa más económica y expeditiva que el sostenimiento de un sistema comunitario articulado.
El resultado de esta reforma profundiza en última instancia la brecha de clase en el acceso a la salud. Ante el éxodo de profesionales del sector público por la precarización de las condiciones laborales y la baja de salarios, la atención psicológica o psiquiátrica de calidad deviene un privilegio reservado a quien puede costearla de forma privada. Para los sectores más pobres, en cambio, la respuesta estatal se contrae hacia un modelo simplificado basado en el encierro.
Frente a la pretensión del gobierno de reducir la problemática del suicidio a un fenómeno puramente individual y desvinculado del contexto socioeconómico y abordar la salud mental con herramientas simplificadas, resulta indispensable señalar que las dinámicas de precarización, sobreempleo y endeudamiento operan como vectores directos del aislamiento y el quebranto subjetivo. El modelo propuesto desde las políticas gubernamentales promueve el desamparo: el malestar debe ser afrontado en soledad. Ante este escenario de vulneración deliberada, la respuesta no puede ser técnica ni punitiva, sino principalmente comunitaria.
Restablecer la salud mental como una causa colectiva exige fortalecer la dimensión familiar, de amigos y de redes de cuidado colaborativo: tramas de sostén mutuo capaces de alojar el dolor, restituir los lazos sociales destruidos por el mercado y reafirmar que ningún padecimiento se tramita en soledad cuando existen redes gregarias dispuestas a cuidar la vida.
1. SNIC, 2025, https://cloud-snic.minseg.gob.ar/Informes/SNIC/Informe_SNIC_Nacional_2025.pdf
2. Relevamiento del estado psicológico de la población argentina, OPSA, 2025, https://www.psi.uba.ar/opsa/documentos/informes/OPSA.%20Informe%20salud%20mental%202025.pdf
3. Boletín Epidemiológico Nacional, N° 788, 29-12-2025, https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2025/01/ben_788_se_51_vf2.pdf
4 . El presupuesto 2026 desfinancia un programa clave para la promoción y apoyo de la salud mental comunitaria, ACIJ, 9-10-2025, https://acij.org.ar/el-presupuesto-2026-desfinancia-un-programa-clave-para-la-promocion-y-apoyo-de-la-salud-mental-comunitaria/
Por Estefanía Santoro * Periodista. / Le Monde diplomatique, edición Cono Sur
