La decisión de la Corte Suprema de Justicia provocó la reacción de la oposición en la Cámara de Diputados, que buscará impulsar una sesión para rechazar el mega DNU 70/2023 del gobierno, que desregula sectores claves de la economía y modificó más de 300 leyes, entre ellas la Ley de Tierras. Tras reunirse con el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), el bloque de Unión por la Patria confirmó que trabajará en este sentido junto a los otros bloques opositores. En la Libertad Avanza se encendieron las alarmas y buscarán desarticular esa posible sesión, que podría convocarse para el próximo 15 de octubre.
Desde los bloques opositores (Unión por la Patria, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda), salieron a pedir casi al unísono por una sesión especial para rechazar de forma definitiva el decreto que Javier Milei impulsó ni bien asumió. Lo que es un claro repudio a la decisión de los cortesanos, que repusieron el artículo 154 del decreto con el que el gobierno había derogado la llamada Ley de Tierras, lo que habilita ahora que los extranjeros compren suelo argentino, y que el tema -que hace meses significó una derrota para el gobierno- vuelva a estar sobre la mesa.
La decisión tomó fuerza luego del encuentro del Cecim con los diputados de UxP, en el que buscaron coordinar acciones frente al argumento técnico de la Corte, que los excombatientes carecen de legitimación sobre el tema.
Desde UxP se muestran optimistas con llegar al número para la sesión; estiman que “hay muchas cosas que a tres años de ese DNU ganaron rechazo”, como la desregulación de las tasas, una de las causas del aumento en el endeudamiento familiar. Es que ese decreto introdujo cambios profundos en el sector financiero e impactó principalmente en la Ley de Tarjetas de Crédito, al eliminar los límites estatales sobre las tasas de interés y aranceles. También tuvo impacto en las economías regionales: Desreguló la actividad yerbatera y le quitó al Instituto Nacional de la Yerba Mate la facultad de fijar precios mínimos y regular el mercado. Otro ejemplo es la desregulación de economías como la vitivinicultura, el azúcar, el algodón y la ganadería.
De este modo, en el peronismo se muestran confiados en poder reunir a 129 diputados para abrir la sesión para tratar el DNU que ya tiene el rechazo de la Cámara Alta. Si no se llega al número, desde la bancada celeste explicaron a este diario que “hay que ir al recinto igual” y poner de manifiesto “quiénes son los legisladores que no quieren proteger las tierras argentinas”.
La estrategia busca sumar no solo a los sectores de la oposición más duros, sino también a legisladores de bloques provinciales que suelen acompañar iniciativas del oficialismo.
La fecha elegida no es aleatoria: el próximo 15 de octubre se realizará la Quinta Marcha Federal Universitaria, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. Así la oposición busca unificar los reclamos contra el gobierno.
La decisión de los magistrados va en contra de la expresión popular, que el pasado 6 de agosto se manifestó frente al Congreso en rechazo a la extranjerización de la Tierra. La movilización fue clave para que el Senado eliminara el capítulo 3, que habilitaba la venta de tierras a los extranjeros, incluida en el proyecto que el gobierno llamó “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”.
Desde el Frente de Izquierda, en la misma discusión del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la diputada Romina del Pla se refirió a la decisión de los magistrados. “La Corte Suprema hizo el trabajo sucio”, afirmó. Fue una de las que cuestionó que en la comitiva presidencial que viajó a París viajasen tres magistrados para participar de la Argentina Week. “¿Es casual cuando en la comitiva a París van tres jueces?” se preguntó. “Para nosotros no es ninguna casualidad”, arremetió, al hacer referencia a los jueces, Sergio Fernández, de la Cámara Contencioso Administrativo Federal; Eduardo Farah, un histórico de Comodoro Py, y Richar Fernando Gallego, magistrado de General Roca. Finalmente, resaltó la necesidad de “voltear definitivamente ese decreto”.
Desde Provincias Unidas, en la misma comisión, se expresó Pablo Juliano al apuntar directo contra la decisión de los jueces: “¿en serio no están legitimados (los excombatientes) con el peso del criterio de la historia para defender la soberanía nacional?”, se preguntó y cuestionó los proyectos ómnibus que modificación cientos de normas. “Quiero que rompamos el criterio de meter todo en una procesadora”, dijo en alusión al decreto que reformó más de 300 leyes.
Otro de los que se manifestó tanto en contra del fallo como del mega DNU fue el diputado radical Martin Lousteau. “Es una oportunidad para que en Diputados tratemos el DNU 70/23 y lo terminemos de dar de baja. Yo ya lo voté en el Senado de forma negativa, voy a estar muy contento de poder votarlo en forma negativa de nuevo porque es profundamente inconstitucional”, afirmó el integrante del bloque Provincias Unidas.
Fuente: Pagina12
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