Tras el fracaso con las tierras, Milei busca privatizar y extranjerizar Fabricaciones Militares

El pliego de esta privatización encubierta, al que accedió El Destape, muestra que Milei pretende delegar esta fábrica clave para la Defensa en un privado. El detalle de las condiciones para acceder al negocio muestra un direccionamiento hacia empresas extranjeras, cláusulas anti China y ligadas a definiciones del gobierno de Estados Unidos, todo por un plazo de 35 años, con trabas para cualquier intento de reestatización, auto inhibición del Estado para producir municiones o armas por otro lado, sin estabilidad laboral para sus trabajadores, todo con un proceso de selección del “socio” inimpugnable y sin controles.

La base para esta privatización de hecho es el DNU 70/2023, que habilitó la transformación de Fabricaciones Militares de una Sociedad del Estado en una Sociedad Anónima Universonal. Así eluden al Congreso que, en una privatización normal, debería dictar una ley que la justifique. Otra consecuencia de que la Corte Suprema demora la resolución sobre la legalidad de aquel DNU fundacional del gobierno de Milei, redactado por Federico Sturzenegger de manera ilegal y que es, tal como reveló El Destape, nulo.

El socio bobo

El gobierno habilita expresamente a que participen de esta privatización las empresas extranjeras. Las únicas trabas son una cláusula anti China y otra pro EEUU. Milei estableció, como en el caso de la Vía Troncal Navegable (mal llamada Hidrovía), la cláusula anti China. Prohíbe que participe “toda persona jurídica que sea controlada, directa o indirectamente por Estados soberanos o agencias estatales”. Y para que quede claro quienes están detrás de las decisiones, tampoco se aceptarán ofertas de quienes “se encuentren incluidos en las listas elaboradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica”. O sea, el Estado argentino adaptará sus decisiones a listas que se arman en otro país. Un filtro geopolítico bajo intereses de Estados Unidos. El plazo para presentar las ofertas se extendió hasta el 4 de noviembre, el día después de las elecciones legislativas donde Donald Trump se juega el futuro de su mandato. 

Si Milei logra ejecutar este concurso el resultado es que Fabricaciones Miliares será controlado por un privado. No es un eufemismo. El artículo 20.3, en su inciso 4, establece que el porcentaje de participación de la empresa privada en la sociedad que arme con el Estado no podrá ser menor al 51%. Es decir, de mínima, tendrá el control. Pero, además, no se establece un máximo, así puede llegar a mucho más y dejar al Estado con una participación residual. Como el socio bobo.

El día a día de la nueva sociedad será controlado por la empresa privada. El contrato dice que habrá un Comité Ejecutivo donde el privado designe 3 miembros y el Estado 2. El privado pone además al presidente del Comité Ejecutivo. El representante legal también lo pondrá el privado y el Estado no tendrá ningún recurso para desplazarlo. Es evidente que la empresa la va a manejar el socio privado.

Las decisiones se van a tomar sobre presupuesto, conflictos con las autoridades de control, juicios, contrataciones y despidos y demás serán por mayoría, o sea, las puede aprobar la parte privada. Por otra parte, decisiones sobre inversiones, endeudamiento o transferencia tecnológica sensible van a requerir unanimidad. Ahí el privado puede ejercer el veto para, por ejemplo, no transferir tecnología.

“No hay co-gestión. Hay gestión privada con presencia estatal minoritaria, testimonial y sin capacidad de bloqueo sobre las decisiones ordinarias”, advierte un informe realizado por trabajadores de ATE. Y agregan: “La consecuencia es de una gravedad difícil de exagerar: la producción de municiones, armamento, pólvoras, explosivos y cañones de la República Argentina puede quedar bajo la gestión exclusiva de un consorcio privado extranjero, con mayoría en el órgano de gobierno, presidencia del Comité Ejecutivo, designación del representante y control de la comercialización internacional”.

A extranjerizar, a extranjerizar

El presidente de Fabricaciones Militares es Pablo Glöggler. Ex CEO de Bodegas Bianchi. La dejó al borde de la quiebra. Fue convocado por el teniente coronel Carlos Presti cuando Milei lo designó como ministro de Defensa. En una nota que concedió a Infobae, Glöggler anticipó esta idea de asociar Fabricaciones Militares a una empresa privada. Es más: en su respuesta ya dio a entender que el objetivo es que fuera una empresa extranjera. Dijo: “buscamos que una empresa de armas elija Argentina como su hub regional”.

“¿Se relega soberanía?”, le preguntó la periodista Patricia Fernández Mainardi. “No estamos hablando de perder soberanía. La ejecución de la idea de soberanía tiene que ver con recuperar capacidades. El contrato va a plantear puntualmente que, ante una necesidad, la primera opción son el Estado y las Fuerzas Armadas argentinas”, aseguró Glöggler. Pero no es tan así.

El artículo 24 del contrato dice que el privado que va a manejar la empresa “reconoce la facultad del ESTADO ARGENTINO de redefinir el destino de la producción en caso de conflicto armado, emergencia nacional, crisis de defensa, conmoción interior, estado de sitio, guerra, movilización militar o cualquier otra situación excepcional declarada por autoridad competente”. Ahora, desde ATE advierten que “el Estado tendrá el derecho de redefinir el destino de una producción que no controla, que no gestiona, cuyo know-how no domina, cuya cadena de insumos no maneja y cuyo personal técnico depende del operador. La soberanía formal se reserva; la soberanía material se cede”.

El pliego tiene además barreras de ingreso económicos. El costo para presentarse no es significativo, es de 30.000 dólares. Pero sí lo son los patrimonios requeridos para cada ítem, que van de 35 a 70 millones de dólares. Si una empresa quisiera quedarse con toda la torta necesita un patrimonio neto de más de 185 millones de dólares. Esto ya deja prácticamente afuera a las empresas nacionales.

También se exige una experiencia mayor de 15 años en “operación y mantenimiento”, algo que no tiene ninguna empresa argentina. Está todo dirigido a empresas extranjeras ya vinculadas al negocio militar.

“Ninguna empresa nacional del sector reúne razonablemente estos requisitos -afirman desde ATE- El requisito de 15 años de experiencia en operación de plantas de armamento y comercialización internacional de material controlado solo puede ser satisfecho por los grandes contratistas de defensa transnacionales. El pliego, en los hechos, excluye por diseño a la industria nacional y a las cooperativas, y direcciona el resultado hacia un universo estrechísimo de oferentes extranjeros”.

El plazo de este negocio será entre 10 y 35 años máximo. O sea, si Milei entrega Fabricaciones Miliares ahora la empresa privada que se la quede la tendrá hasta el 2.061. Son casi 9 períodos presidenciales.

¿Qué pasa si un próximo presidente quiere recuperar este activo clave para la soberanía y la defensa nacional? El punto 42.5 del pliego establece que el Estado tendrá que pagar la inversión no amortizada más un 10%. Al menos tuvieron el decoro de no incluir “lucro cesante”, que sería ya una traba completa a cualquier intento de recuperar Fabricaciones Militares.

Ni una a favor

Fabricaciones Militares tiene 4 plantas con distintas especialidades. La de Río Tercero se especializa en químicos, fertilizantes y metalurgia para reparación de vagones: la de Azul en explosivos y proyectiles; la de Fray Luis Beltrán en chalecos, armas y municiones; y la de Villa María en pólvora y explosivos. La privatización apunta a toda la producción de las 4 fábricas, aunque el pliego permite que haya distintos oferentes con distintas condiciones para cada uno. De concretarse quedaría balcanizada la producción para la Defensa y Seguridad, algo muy poco recomendable.

Glöggler, director de Fabricaciones Miliares, afirmó: “Hay un camino para recorrer en términos de innovación tecnológica. Para ello, llevamos una propuesta del directorio al Ministerio de Defensa (nuestro accionista): lanzar un concurso público nacional e internacional para poder generar uniones transitorias con empresas, que traerán tecnología y capital”.

La transferencia de tecnología podría ser un punto a favor de las asociaciones con empresas privadas. Pero no es el caso. La licitación otorga apenas 5 puntos sobre 100 como criterio para otorgar el negocio. El plan de producción otorga 20. Por otro lado, complementa la cuestión de las decisiones del Comité Ejecutivo, donde se requiere unanimidad para “transferencia tecnológica sensible”, es decir el socio privado tendrá poder de veto sobre esta cuestión clave. “El pliego protege el secreto industrial del operador con precisión quirúrgica y protege la transferencia tecnológica al Estado con una declaración de buenas intenciones que vale 5 puntos”, sintetizan desde ATE.

Otro punto clave es que ata de manos al Estado para que no produzca nada por su cuenta. El artículo 36 del pliego dice que “ninguna de las Partes podrá competir directa o indirectamente por sí o a través de un sujeto interpuesto, con las actividades de la UT dentro del territorio de la República Argentina”. El privado podrá producir afuera, el Estado no. “Esta cláusula comprende la fabricación, diseño, desarrollo, comercialización o distribución de productos idénticos o sustancialmente similares a los productos, así como la fabricación, diseño, desarrollo, comercialización o distribución de productos que compitan o puedan competir directamente con los productos fabricados y comercializados por la UT”, detalla el pliego.

Podría parecer coherente pero es ilegal, ya que el Estado tiene competencia indelegable en materia de Defensa.

No impugnable

Todo el pliego está armado para que no se lo pueda controlar ni se pueda impugnar la decisión sobre el socio privado que controlará Fabricaciones Militares. El dictamen de preselección “no tendrá carácter vinculante y no será impugnable”; el directorio designado por Milei hará la primera preselección pero puto 19.2 del pliego establece que “no se admitirán impugnaciones a la decisión del Directorio”; el dictamen de evaluación final que haga la Comisión Evaluadora “no tendrá carácter vinculante para el CONVOCANTE y no será impugnable”; el artículo 22 establece que “no serán admitidos tampoco cuestionamientos sobre la metodología o criterios por él aplicados para seleccionar la Oferta más conveniente y para proceder a la Adjudicación”.

Una vez adjudicado el negocio que, como se ve, no tiene ninguna posibilidad de control ni impugnación en todo el proceso, ahí si se puede impugnar pero con un pago de 5 millones de dólares que, si rechazan el planteo, no los devuelven.

Entre los trabajadores también hay preocupación porque no hay ninguna cláusula del pliego que garantice su continuidad. Más bien lo contrario: el socio privado queda facultado para definir quienes siguen y quienes se van, las indemnizaciones prácticamente las pagará el Estado e incluso los sueldos de quienes sigan serán solventados por las arcas públicas pero su trabajo será gestionado por privados.