Los supuestos terroristas estaban ahí, rodeando el Obelisco. Vestían camisetas de Argentina debajo de la ropa de abrigo, como simulando sus oscuros objetivos. Leyeron un comunicado y como cierre de su acto subversivo cantaron a cappella el himno nacional. “Usamos pipetas, libros y tizas como armas, y la palabra y la expresión en la calle como único escudo y protección. No van a poder con nosotros. Aquí estaremos defendiendo la patria siempre”, sostuvieron quienes la semana pasada fueron catalogados por el presidente Javier Milei como “terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores”.
En un comunicado conjunto, investigadores e investigadoras de distintos organismos denunciaron el ataque letal al sector. El Gobierno disolvió o reestructuró instituciones emblemáticas como el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Semillas (INASE) o el Instituto Nacional del Agua (INA). Para Antonella Santin, becaria doctoral del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, “la producción de conocimiento está vinculada al bien común” y por eso hay que preservarla. “Nosotros no investigamos para nosotros mismos, en términos individuales. Hay que colectivizar la lucha porque es una cuestión de soberanía; el ataque a la ciencia es un ajuste estructural que busca concentrar ganancias y redistribuir miseria”, agrega.
Federico Lindenboim es becario de posdoctorado del Conicet en la Universidad de San Martín y el 31 de julio quedó en un limbo, al igual que otros 380 investigadores e investigadoras, cuando se le terminó la beca porque el Gobierno aún no dio a conocer los resultados del concurso para el ingreso a la carrera. “Los resultados van a estar en octubre de 2027 y hasta que nos den de alta pueden pasar tres años. Nos están expulsando tres años del sistema científico y creen que seguimos investigando y viviendo del aire”, dice. Un investigador postdoctoral gana poco más de 1 400 000, lo que demuestra que el ajuste no responde a una razón presupuestaria.
La pelea en el Congreso
Días atrás, representantes del Conicet estuvieron en el Congreso y presentaron un proyecto para extender las becas. Si bien hay varias propuestas que buscan defender al sector, LLA frena cualquier debate. “Ellos no tratan los proyectos que no son de ellos, tenemos que quebrar esa mayoría, que fue construida por distintos medios, no solo por la convicción sino también por favores y prebendas”, explicó el diputado de Unión por la Patria Jorge Taiana, que también estuvo en la movilización. “No podemos aceptar pasivamente que el Gobierno, con la complicidad de la mayoría legislativa, se dedique a destruir el sistema llevándonos años para atrás, en un momento donde el mundo dice que el conocimiento es una de las grandes riquezas del siglo XXI”, agregó.
Sheila Suárez, de 27 años, tiene una beca doctoral en la Facultad de Psicología de la UBA y gana algo más de un millón de pesos. Paga un alquiler de 730 000 pesos y con el resto tiene que sobrevivir. Ella, que estudia la polarización de los discursos, cree que la violencia con la que el Presidente habla de la comunidad científica y universitaria “responde a un modelo de país”. “Todo lo que genera pensamiento crítico en las personas es atacado por Milei. Quiere que puedan circular noticias falsas de manera rápida y lo que hacen la ciencia y el periodismo, que es verificar la información, para él son cosas del enemigo”.
Los representantes de las universidades públicas también estuvieron; el ataque es a los salarios, a las becas y también a la producción de conocimiento. “La situación es terminal”, indicaron en el texto, porque allí investigan y enseñan el 80 por ciento de los investigadores del Conicet del país. “El Gobierno lleva casi 10 meses (296 días) incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario”, agregaron. Es por eso que también ayer se hizo un paro nacional en las casas de altos estudios, para reclamar el cumplimiento de la ley que la Justicia dispuso.
Sueños en suspenso
Camila tiene 20 años y estudia Matemáticas en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA; está en segundo año. Da clases en el CBC como ayudante de segunda y cobra 180 000 pesos. Sueña con algún día hacer un doctorado, pero sabe que si todo sigue así, una de las opciones será irse al exterior. Aunque no es lo que quiere, es algo que evalúa. “Vengo a defender a los que próximamente voy a ser yo. Pienso si podré o si me tendré que ir”, dice, y manda un recordatorio al resto de la sociedad: “la ciencia te llega de todos lados, incluso si no sos científico; es crucial para todo, sin ciencia no habría electricidad”.
Junto a Camila está Gaspar, un estudiante francés de 22 años que está haciendo un intercambio en la UBA. Estudia Informática y cree que es importante acompañar el reclamo. “Argentina está bien considerada en el mundo. En el plano internacional tiene una recepción fuerte, pero es muy difícil ahora ser científico sin dinero”, cuenta.
“Estoy cansada de esta tristeza que estamos viviendo hace dos años y medio”, dice la doctora en Ciencias Biológicas Constanza Ranieri. Tiene 45 años, es profesora de la Universidad de Luján y del Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable. Dice que también tiene esperanza, pero que es importante lograr un cambio de paradigma sobre la mirada que la sociedad tiene de los científicos. “Hay gente que nos ve como ñoquis o como que no hacemos cosas importantes. Tal vez falta más ver cómo podemos ayudar. Tengo el compromiso de retribuir a la sociedad lo que invirtieron en nuestra formación”, agrega.
En las banderas que cuelgan sobre las rejas que rodean al Obelisco se leen diferentes consignas, pero hay una huella que se replica en varias: la de la bandera de la Selección que reclama que “Las Malvinas son argentinas”. Ese grito que caló hondo en la lucha contra la extranjerización de la tierra, se repite también acá y recuerda que la soberanía también está en la ciencia, en la investigación, en el desarrollo de los recursos humanos. Y que un país libre de cualquier dominación extranjera necesita generación de conocimiento.
