La Casa Rosada activó un nuevo mecanismo de extorsión de cara a las elecciones del próximo año. Tras la derrota en el Senado, el Gobierno vuelve a la carga con su plan reeleccionista y asegura que no complicará electoralmente solo a los mandatarios que apoyen la reforma política, es decir, que no pondrá candidatos propios solo en las provincias que acompañen la iniciativa en el Congreso. En un doble comando orquestado desde la Casa Rosada, Diego Santilli viaja a Posadas para testear los ánimos de los gobernadores que le soltaron la mano al Gobierno en su aventura de vender el país. En paralelo, Eduardo “Lule” Menem convocó por canales informales a los cinco gobernadores radicales para asegurarse el apoyo de la mayor parte de la UCR en el Senado, donde empezará a correr el proyecto libertario, el máximo objetivo del Ejecutivo en busca del segundo mandato de Javier Milei.
El Gobierno quiere usar este mes para testear los apoyos de los mandatarios antes de activar la campaña de 2027 con jugadores propios.
Algunos mandatarios volvieron a considerar la posibilidad de exigir que los ingresos por el ICL, Impuesto a los Combustibles Líquidos, sean transferidos automáticamente a las provincias, de manera similar a lo que ocurre con los fondos de coparticipación. Se trata de la misma iniciativa que los mandatarios impulsaron el año pasado, pero a la que llamativamente le quitaron apoyo meses después en la Cámara de Diputados.
En esa sesión de octubre del año pasado, unos 14 diputados ligados a mandatarios provinciales optaron por no participar. Entre ellos estuvieron los que responden a Gustavo Sáenz, de Salta; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; y Carlos Sadir, de Jujuy. A la lista se sumaron legisladores de provincias gobernadas por socios electorales de La Libertad Avanza, como Rogelio Frigerio en Entre Ríos, Alfredo Cornejo en Mendoza y Leandro Zdero en Chaco.
