No solo las tierras rurales tienen puesto el cartel de “se vende”. Mientras busca derogar en el Congreso los límites a la posesión extranjera del territorio nacional, el Gobierno avanza a paso firme con el remate de los inmuebles en propiedad del Estado, algunos de ellos muy codiciados por su potencial inmobiliario, otros con valor estratégico en términos de soberanía. De acuerdo a información recabada por Página/12, en los últimos dos años y medio ya se subastaron 32 terrenos y edificios públicos, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires. Pero la intención de la Rosada es liquidar todo lo que se pueda. El plan inicial de la gestión libertaria de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), manejada por funcionarios ligados al dueño de IRSA, Eduardo Elsztain, es liquidar más de 400 propiedades para 2028. El listado abarca inmuebles desde Tierra del Fuego a Jujuy e incluye varias “joyas de la abuela”, como el predio de cuatro hectáreas que tenía el Ejército frente al Hipódromo o la emblemática sede del INTA de la calle Cerviño, ambas en Palermo. Pero hay otros menos conocidos e igual de importantes, como un predio de la Armada en Ushuaia que forma parte de la Base Naval cercana a la Antártida, con el que el Gobierno avanza con su venta. Las Fuerzas Armadas, la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) y el INTA están en el foco de la tormenta y son los que más presiones reciben para desafectar ( sacarlo de la propiedad del organismo de origen y para que la AABE disponga su venta) buena parte de las miles de hectáreas en su poder. Los colmillos del mercado también están posados sobre programas como el Procrear y las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse Río Tercero.
Según confiaron las mismas fuentes oficiales a este diario, hasta ahora el Estado recaudó algo más de 351 millones de dólares con la venta de los primeros 32 inmuebles. Los más caros fueron precisamente los predios del Ejército y del INTA en el corazón de Palermo. El primero fue adquirido por el dueño de Nordelta, Eduardo Costantini, quien pagó 127 millones de dólares (también compró un edificio de la Federal en el Bajo Belgrano por 46,5 millones de dólares); el segundo, por el Fideicomiso Inmobiliario Madero 6 (al que en el mundo inmobiliario vinculan a la familia Brito) por 81 millones de dólares. Solo esos montos contradicen el pretexto de que los terrenos resultan “ociosos” y generan “costos y gastos que deben evitarse”, que fueron utilizados por el Gobierno para justificar los remates.
Otro de los argumentos esbozados por la AABE para subastar los inmuebles es la utilización de los dólares cash que ingresan por las ventas para “ayudar” financieramente a los organismos o ministerios. Es el caso de algunos terrenos de las Fuerzas Armadas que podrían ser vendidos para solventar la crisis en el sector y en la obra social IOSFA. Pero el caso del INTA lo desmiente: de los 81 millones de dólares en que se subastó el edificio en Palermo, al instituto le quedó menos del 10 por ciento del total, algo que fue reconocido en el último informe ante el Congreso de Manuel Adorni como jefe de Gabinete. Al organismo agropecuario le fueron transferidos solo 11 mil millones de pesos; el resto fue a parar a las arcas del Tesoro.
El plan libertario es una continuidad del que había iniciado Mauricio Macri durante el final de su paso por la Rosada y, al igual que aquel primer proceso, se implementa por decreto. Más precisamente, por dos: el 950/2024, que recuperó la venta de 157 terrenos que Macri no había podido rematar e incorpora otros 300; y el 322/2026, que sumó otros 21.
Para Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, ambos decretos son inconstitucionales. “La enajenación de tierras nacionales no es una potestad del Presidente: el artículo 75, inciso 5 de la Constitución Nacional, establece que corresponde al Congreso ‘disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional’. El Poder Ejecutivo está sustituyendo por decreto al Congreso en una competencia que la Constitución le reservó expresamente”, sostuvo.
Y agregó: “El argumento de la ociosidad se derrumba con los propios números del Gobierno: un predio que el mercado paga 127 millones de dólares no es un bien ocioso, es un bien estratégico. La ociosidad no es una condición del inmueble: es el resultado de una decisión previa de desafectarlo para después invocar esa misma inacción como fundamento del remate. Se financia un ejercicio fiscal con una pérdida patrimonial que ninguna administración futura podrá revertir”.
Según un informe de Argentina Humana, el primer DNU de 2024 se enfoca principalmente en el “componente ferroviario o militar” de las tierras enajenadas. También resalta que muchas ya están concesionadas y aporta un panorama completo sobre el proceso. Dice:
- “El grueso de los predios a enajenar tiene origen ferroviario (29,8%) o militar (24,6%), aunque este último representa el grueso de la superficie: 98,7%”.
- “La mayoría de los predios se encuentran en un entorno urbano (59,6%), aunque son los terrenos más chicos. Los predios en superficies rurales se llevan el 97,2% de la superficie total”.
- “El grueso de los predios no se encuentran concesionados a privados. El 19,3% de los predios se encuentran concesionados a empresas privadas o particulares, y el 15,8% cuentan con una concesión parcial. Estos últimos, de todos modos, representan la mayor parte de la superficie: 97,2%”.
- “Solamente están sin uso el 29,9% de los casos. La mayoría de los predios cuentan con algún tipo de utilización: desde acopio de granos, actividad agropecuaria, usos deportivos y recreativos, espacios verdes, generación eléctrica, logística portuaria, operación ferroviaria, comercios, oficinas o viviendas”.
El desmantelamiento de las Fuerzas Armadas
Una nueva contradicción de la lista libertaria es la que justifica el DNU 314/2026 por el que, para modernizar a las fuerzas armadas, se habilita la enajenación o transferencia de los terrenos del Ministerio de Defensa. El mismo Gobierno que mantiene los sueldos de los oficiales congelados, reduce los horarios de las unidades para evitar gastos en comida o hace trueques hasta para conseguir inodoros, sostuvo que “el equipamiento de las Fuerzas Armadas exige acciones urgentes para evitar que la degradación afecte seriamente la capacidad de defensa de la Nación”. Ante eso, decidió desafectar los inmuebles y que el 70 por ciento de la venta de ellos pase a la cartera dirigida por Carlos Presti.
Para tener dimensión de la sangría, solo en los primeros seis meses de este año se desafectaron más de 12.000 hectáreas del Ejército y la Armada en Neuquén, en la Provincia y en la Ciudad de Buenos Aires, en Corrientes y en Tierra del Fuego. Pero no se trata solo de bloques extensos de tierra a lo largo del país, no es solo valor inmobiliario, es también el valor estratégico para la soberanía nacional. El caso más escandaloso es una franja de un terreno de la Armada en Ushuaia de casi 3000 metros cuadrados, que está dentro de un predio más grande en las calles Yaganes, 44 Héroes del ARA San Juan y Horeb. En tiempos donde los recursos naturales se vuelven un elemento codiciado en el mapa de la geopolítica internacional, el Gobierno de Milei quiere entregar un área clave para el acceso al Atlántico Sur y la Antártida y al pasaje bioceánico entre los océanos Atlántico y Pacífico.
Para el exministro de Defensa y actual diputado de Unión por la Patria Agustín Rossi, “esas tierras que pertenecen a las Fuerzas Armadas están en un lugar estratégico para la Argentina, como es toda la cercanía de la isla con el Estrecho de Magallanes. Significan soberanía”, afirmó.
Además, explicó que los inmuebles considerados en desuso cumplen funciones operativas. “Muchos de los campos que se han vendido o que están sujetos a privatización cumplen funciones desde el punto de vista de que son lugares de adiestramiento de las Fuerzas. La mirada que hay que tener desde el punto de vista de la defensa es una mirada mucho más amplia que la cuestión exclusivamente económica”, agregó.
Desde el Estado Mayor Conjunto desconocen cuál es el listado total de los inmuebles desafectados y cuál es el destino del dinero que se recaudó con las tierras que ya se vendieron. Otros de las ventas más resonantes es la del estacionamiento del Barrio Militar Malvinas Argentinas, en Palermo. Se vendió a 15,3 millones de dólares también a Eduardo Costantini. Se trata de tierras en uno de los barrios más cotizados, en Soldado de la Independencia, entre Ortega y Gasset y el Pasaje San Benito, a metros de Las Cañitas y del Campo Argentino de Polo.
En noviembre de 2025 se subastó el edificio del Comando Conjunto de Ciberdefensa, en Puerto Madero. Se vendió por 34 millones de dólares al Fideicomiso Inmobiliario Madero 6. Sin embargo, hay una denuncia en Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por presuntas irregularidades, vicios en el procedimiento y omisión de deberes de funcionario público en la venta del inmueble.
Los diputados y diputadas de la oposición tampoco conocen el destino de los fondos millonarios; por eso le pidieron al ministro de Defensa, Carlos Presti, que dé explicaciones en el Congreso. “El Gobierno nacional tiene una política de enajenación, privatización y extranjerización de inmuebles del Estado Nacional”, indicaron en el texto impulsado por Rossi y resaltaron “la gravedad adicional por la naturaleza misma de la jurisdicción Defensa”. Además, desde el bloque de Unión por la Patria presentaron un proyecto para prohibir la venta o cesión de inmuebles pertenecientes a las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa sin autorización del Congreso.
En el pedido de explicaciones a Presti también se cita un memorándum del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) que se hizo público y en el que se da cuenta de más de 40 inmuebles de todo el país que serán desafectados. Se trata de hoteles, delegaciones, centros recreativos, farmacias y sedes administrativas en varias provincias. Algo que genera ruido, incluso dentro de las propias Fuerzas, porque son propiedades que históricamente servían como beneficio social para el personal militar.
Hay, por ejemplo, hoteles en Mar del Plata; centros recreativos de San Clemente y Zárate, además de residencias sociales en Cosquín y Villa General Belgrano, entre otras ciudades turísticas de Córdoba. En otras provincias están en riesgo las delegaciones de Bahía Blanca, La Plata, Tandil, Rosario, Santa Fe, Corrientes, Salta y Tierra del Fuego; farmacias en Rosario y Santa Fe; e inmuebles en la Patagonia y el norte del país. A la mala calidad de la atención médica a la que el Gobierno somete a sus efectivos –algo que viene contando este diario–, se suma también la eliminación de sedes farmacéuticas.
Los tesoros del INTA
Uno de los organismos más amenazados por la ubicación y la extensión de sus terrenos es el INTA, que tiene alrededor de 100 mil hectáreas en todo el país. La punta de lanza contra esa institución fue el predio de Cerviño y Ortiz de Ocampo, en Palermo, que se vendió por 18,5 millones de dólares el 23 de diciembre de 2024, a horas de la Navidad. El edificio, que era considerado un emblema de la investigación científica aplicada al agro, quedó en manos de la constructora Brukman Mansilla, que destinará los 3.143 metros cuadrados a proyectos residenciales y oficinas.
Hay 11.400 hectáreas que eran del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y se entregaron a la AABE en Chaco, Formosa, Río Negro y Santiago del Estero. En Salta, la Casa Rosada le cedió un terreno al gobernador aliado en el Congreso, Gustavo Sáenz. Le transfirió 41 hectáreas de la estación experimental de Cerrillos, que desde la provincia indicaron que serán destinadas a viviendas sociales.
Semanas atrás, el mismo presidente del Instituto, Nicolás Bronzovich, confirmó que quieren poner en venta 50 mil hectáreas. “Ya se desafectaron 15.000 de las que teníamos asignadas”, dijo, y agregó que “solo unas 50.000 hectáreas tienen un real uso científico o tecnológico”. “Creemos que los productores producen y los investigadores investigan. Por eso, vamos a seguir relevando y mirando con qué necesidad estamos usando la tierra; si está necesariamente afectada a un proceso científico o tecnológico, lo vamos a sostener. En el caso que no sea así, no vamos a tener problema en desafectarla del INTA”, agregó. La administración libertaria también puso a disposición de la AABE las tierras donde funcionaba la Estación Experimental INTA AMBA, en Morón.
Pocas provincias se salvan de la mirada de LLA. Días atrás se conoció un borrador del proyecto de las tierras a desafectar; van desde terrenos de 300 hectáreas en El Bolsón, Río Negro, hasta otros de 1000 hectáreas en Santiago del Estero. También hay lotes en La Pampa (400 hectáreas), Balcarce (450), Tucumán (200), Misiones (240) y San Luis (90). Y la lista sigue con localidades de Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, entre otras. Sin embargo, hasta ahora no pueden trasladarlos para la venta porque el INTA es un ente autárquico y necesita una reunión del consejo directivo para hacerlo efectivo.
Desde los gremios Apinta y ATE alertan sobre el negocio inmobiliario. “La entrega incesante de tierras patrimonio del INTA paraliza directamente los trabajos de investigación que se desarrollan allí y los avances tecnológicos que agreguen valor a la producción regional. El plan de entrega de miles de hectáreas en todo el país es una situación por demás alarmante que atenta contra nuestra soberanía tecnológica y alimentaria”, le dijo a este diario Julieta Boedo, delegada del INTA.
Del Procrear a las vacaciones
Luego de desguazar el Procrear, el Gobierno había puesto a la venta las tierras que habían sido destinadas al programa. Pero hasta ahora no pudo vender ninguna. La subasta del inmueble denominado predio “Estación Buenos Aires” fue declarada “fracasada”, según reconoció la propia AABE, porque no hubo oferentes capaces de llegar al mínimo que se pedía. “Muchas veces es una estrategia para después poder venderlos más barato”, señala Baldiviezo al respecto. Algo similar sucedió con el predio “Parque Federal”, en la ciudad de Santa Fe, y el predio “Paraná”, en Entre Ríos.
Otro desaguisado sucede con los predios de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, en Córdoba. En el primer caso, todo indica que habrá una concesión, mientras la provincia de Buenos Aires reclama el traspaso; en el segundo caso, un predio de tres hectáreas pleno de bosques y ríos, ya en mayo se anunció la subasta: la AABE pide unos 40 millones de dólares. El primer paso fue vaciarlos: mientras en 2023 veranearon allí 84 mil y 32 mil personas respectivamente, en 2025 y 2026 no se registraron turistas.
