El Gobierno y los grupos mediáticos macristas y mileístas están contra la AFA, más precisamente contra Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino. Es una guerra con altos y bajos. La punta de lanza: un empresario que tenía los derechos sobre la selección, Guillermo Tofoni, al que le quitaron ese negocio. Ahora va con todo contra la AFA y es el que hace las denuncias judiciales y mediáticas. El escenario: los tribunales de la Argentina, pero, en especial, los de Estados Unidos. El tema de superficie: que Tapia y Toviggino se quedaron -y se quedan- con dinero de la AFA derivándolo a sus fortunas personales. El tema de fondo: el Gobierno y el macrismo-mileismo quieren imponer las sociedades anónimas deportivas y, además, reclaman quedarse con distintas transmisiones de fútbol.
En Estados Unidos, Tofoni se presentó en varios juzgados distintos pidiendo lo que se llama discovery, que es acceder a información bancaria de la empresa TourProdTender, que es la que maneja los derechos de la selección, ahora en manos de Faroni. También usó la documentación para su guerra mediática hasta que la semana pasada un juez, Clay Land, de Giorgia, le dijo en una resolución que “incumple la exigencia de reserva de la documentación y la está difundiendo a los medios”. Le exigió que destruya la documentación y le prohibió que la siga difundiendo. El magistrado, en su resolución, dejó en claro que el que alimenta a los medios es Tofoni.
Los dos fiscales de Washington, sumado a Michael Berger, del Distrito Sur de La Florida -el que parece más interesado- exhibirán pruebas el jueves ante un gran jurado -son unos 15 ciudadanos-, que decide si hay una causa judicial o no. Lo que alegan es que de los fondos que recaudaba TourProdEnter, una parte iba para la AFA y otra parte a cuentas privadas de Tapia y Toviggino. Este mismo tema también está en la justicia argentina y actualmente hay una pericia en marcha para determinar si la totalidad del dinero de contratos originados en TourProdEnter entró o no a la AFA. El estudio fue ordenado por el juez Adrián González Charvay y ahora lo continúa la jueza María Verónica Straccia. En ese expediente se investiga si una suntuosa quinta que está en Pilar es o no es de Toviggino: hoy figura a nombre de personas que no tienen poder adquisitivo para haber comprado semejante propiedad y los autos que había en ella.
Jugarretas en casa
La entente del macrismo-mileísmo apuesta sus fichas a la justicia norteamericana. Y esta semana se despachó con un show publicando que Tapia fue retenido en el aeropuerto de Nueva York, le secuestraron los celulares y computadoras, y lo citaron para el jueves. El operativo -dijeron- demoró la salida del avión de la selección tras el campeonato mundial. Y, además, la versión iba en línea con otro rumor disparado: que el equipo de Lionel Messi se vio condicionado por lo que ocurrió. Al final, todo resultó falso, al punto que los propios medios que hicieron la operación tuvieron que bajarse, sin una desmentida nítida sino haciéndose los distraídos.
Lo más burdo fue la publicación de una citación a La Florida, un papel al que le recortaron el nombre y que en verdad no se refería a ningún imputado sino a alguien que debía presentarse como testigo. Página/12 señaló que la citación era para el denunciante, Tofoni, aunque el empresario lo desmintió. Todo indica, sin embargo, que era para él y él la filtró a los medios, tal como dice el juez Land.
Lo que viene, lo que viene
El jueves, entonces, en el Distrito Sur, se supone que están convocados Tofoni y algún miembro de los que firmaron contratos con la selección a través de TourProdEnter. Tofoni lo que dice es que parte de las salidas de dinero se hacían en base a facturas truchas y que ese dinero iba para Tapia y Toviggino.
El sector del Gobierno que protagoniza la batalla contra la AFA, más las corporaciones de medios alineadas con el macrismo y el mileismo, tienen la hipótesis de que, terminando con Tapia y Toviggino al frente de la AFA, acaban también con toda resistencia al ingreso de las sociedades anónimas deportivas. Es decir, permitir que los clubes sean parcial o totalmente propiedad de empresarios, en particular árabes y norteamericanos, que se han quedado con algunas de las principales instituciones de Europa.
Lo que sucede es que el esquema es muy distinto. Los clubes argentinos son instituciones sociales, casi todas fundadas por inmigrantes, que tienen numerosísimas actividades y acogen a los chicos casi desde su nacimiento y hasta concurren los jubilados a jugar a las cartas. Son una construcción de más de 100 años, con voto democrático, algunos mejor administrados y otros peor, pero con extendido control de los socios. El deporte argentino -ni hablar el fútbol- pasa por esos clubes.
Para colmo, el intento de privatización más notorio, con el empresario Foster Gilett en Estudiantes de La Plata, terminó casi en escándalo. Gilett desapareció y dejó casi sin argumentos al presidente pincha, Juan Sebastián Verón. Peor aún, el norteamericano quiere demandar a Estudiantes.
La otra arista del conflicto pasa por las transmisiones televisivas. Claudio Tapia asumió como presidente en marzo de 2017, hace más de 9 años. Sin embargo, la ofensiva contra el titular de la AFA es proporcionalmente reciente: dos años y medio. Lo que cambió todo es el intento de imponer las sociedades anónimas y la decisión de empezar a autonomizar las transmisiones de los partidos, empezando por el ascenso.
Antes que eso, la riqueza de Tapia y Toviggino importó poco.
