El Gobierno informó que gastó 50 millones de pesos para reprimir cada una de las movilizaciones de los miércoles que protagonizaron jubilados y jubiladas en las inmediaciones del Congreso durante 2025. En total fueron 2.087 millones de pesos en el año destinados a 43 operativos desmesurados, como si las protestas fueran un problema de seguridad (en lugar del ejercicio de un derecho). Ese es el cálculo recortado que ofreció el Ministerio de Seguridad para responder a dos pedidos de acceso a la información pública que hizo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo que estima que la erogación debe ser mucho mayor y que aún con estas cifras parciales equivale a 5.578 jubilaciones mínimas con el bono incluido.
Los jubilados y jubiladas reclaman todas las semanas como consecuencia del ajuste selectivo que el gobierno de Javier Milei dirige en su contra (desde el vamos cambió el cálculo de las jubilaciones por decreto), los obstáculos que se les imponen para acceder a medicamentos y tratamientos de salud, el deterioro de las condiciones de vida en general con los aumentos de costos y la dificultad de acceder incluso a los alimentos. La respuesta de la administración libertaria es multiplicar los recursos para atacar las protestas, en lugar de destinar los fondos para mejorar la situación de este colectivo que de por sí es vulnerable. Para reprimir hay plata.
La cartera que conduce Alejandra Monteoliva –que llegó para profundizar las políticas desplegadas por Patricia Bullrich—sólo le respondió al CELS sobre la cantidad de efectivos que participaron en los operativos y lo que considera “costos” de cada ocasión, aunque en este último punto únicamente incluyó combustible para algunas de las fuerzas de seguridad que intervienen y “equipos” de la Policía Federal. No especificó qué es lo que abarca el rubro equipos.
915 agentes cada miércoles
En total a lo largo de 2025 participaron 39.386 efectivos en las movilizaciones de los miércoles: lo que da un promedio de 915 por cada protesta. Gendarmería aportó 7708 agentes, Policía Federal 24.497 y Prefectura Naval 4776. Estas tres fuerzas estuvieron presentes en cada movilización de los jubilados. La Policía de Seguridad Aeroportuaria participó en 41 marchas, con 2179 efectivos y el Servicio Penitenciario Federal estuvo en 32 operativos con 226 agentes.
Son números disparatados. Algunas de las protestas juntan un centenar de personas, la mayoría de las cuales son adultos mayores. En ocasiones unieron su reclamo en las calles con otros colectivos, como el de familiares de personas con discapacidad y trabajadores/as y familias del Hospital Garrahan. También con la marcha en reclamo por el financiamiento universitario, que ha sido de las más masivas. En algunas movilizaciones cuentan con el apoyo de organizaciones y sindicato.
Las únicas situaciones de violencia que han ocurrido son las que protagonizaron las propias fuerzas de seguridad, como ocurrió el 12 de marzo del año pasado, el día que fue herido gravemente Pablo Grillo, el hincha de Chacarita Jonathan Navarro perdió parte de la visión de un ojo y la jubilada Beatriz Blanco fue hospitalizada con un golpe en la cabeza. Ese día en particular la movilización fue convocada por y con el apoyo de las hinchadas de los clubes de fútbol. El Gobierno mandó un récord de 1266 agentes a la plaza del Congreso. Hay cuatro integrantes de fuerzas procesados por hechos represivos y camino a juicio.
El CELS da cuenta de que en las 43 protestas de jubilados en las que hubo intervención de fuerzas federales, al menos 28 fueron reprimidas, hubo 149 detenciones arbitrarias y al menos 501 personas con heridas de distinta gravedad causadas por balas de goma, gas pimienta, gas lacrimógeno y camiones hidrantes. Los datos surgen de los registros de las organizaciones que monitorean las manifestaciones y atienden a las personas heridas (Posta Sanitaria, Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios, Comisión Provincial por la Memoria, Comité Nacional de Prevención de la Tortura y Monitor de respuestas represivas de la CTA).
“Gastos operativos”
En el rubro de lo que calcula como “gastos” de los operativos, el Ministerio de Seguridad informó que pagó por combustible para Gendarmería, Prefectura y el Servicio Penitenciario 35.312.956,59 pesos en 2025. No informó cuánto dispusieron para ese rubro la Policía Federal y la de Seguridad Aeroportuaria.
Para la Federal, en cambio, dio cuenta de “gastos en equipos”, que no especifica, por 2.051.696.092. No es un detalle menor, teniendo en cuenta que esto representa el 96% del total.
El CELS había requerido detalles no solo sobre el número de efectivos sino sobre carros hidrantes, motos y móviles desplegados por cada fuerza, la cantidad y el tipo de armamento utilizado y los costos precisos por el pago al personal (las horas de servicio regular pero también los que hacen adicionales). El Ministerio dice que no da detalles sobre recursos logísticos y materiales porque son “datos protegidos vinculados a aspectos operacionales”
En abril de 2025 este diario dio cuenta de que hasta ese entonces el gobierno había gastados más de 1.000 millones de pesos en granadas y cartuchos similares al que usó el cabo Héctor Guerrero cuando le disparó a Grillo, que era de gas lacrimógeno, más de 500 millones de pesos habían ido para máscaras de gas, escudos y tonfas.
En las respuestas al CELS el ministerio dice que las erogaciones señaladas son pare del presupuesto ordinario para las fuerzas policiales y federales. Pero en el rubro “combustible” y “equipamiento” hay desembolsos extraordinarios. Dicen que se guían por la resolución 704/2024 por lo que evitan “recurrir a medidas desproporcionadas, evitando a todas costa provocar heridos y reafirmando así nuestro compromiso con un accionar ajustado a derecho…” Es una afirmación extraña, teniendo en cuenta que todo lo contrario se observa a simple vista. Hacen una descripción general, sin detalles, de las armas menos letales que el personal está habilitado a utilizar: pistolas tipo Taser, otras que disparan sustancias irritantes, gases paralizantes, entre otros.
“Vemos que para el Gobierno es central reprimir a los jubilados y a quienes los apoyan. Como si ese fuera el gran problema de seguridad. La única conflictividad es la que crean las propias fuerzas de seguridad. No hay hipótesis real de conflictividad y violencia. Es obvio que buscan desalentar la protesta”, dice Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS. “El Gobierno –agrega-- no garantiza el derecho a reclamar ante las autoridades y a la protesta social.
No aborda el conflicto como al propio de las democracias. El despliegue de recursos cada miércoles, aún con el cálculo más conservador que hace el Ministerio es descomunal mientras lo que piden los jubilados es mejorar sus condiciones de vida”.
