“¿Independientes? ¡No, no! ¡Ningún país del mundo puede ser independiente en este momento!”. Abelardo de la Espriella, ganador de las elecciones presidenciales del 21 de junio en Colombia con un estrecho 49,7%, todavía era candidato cuando respondió a las preguntas del pastor Miguel Arrázola (1). En un país en el que el 18% de la población se declara evangélica (2), el influyente fundador de la iglesia cristiana familiar “Ríos de Vida” de Cartagena le pregunta al “Tigre” (el sobrenombre que De la Espriella, “católico ecuménico”, eligió para sí mismo) por la relación que pretende construir con Estados Unidos. Y particularmente con Donald Trump, a raíz de las tensiones que empeoraron las relaciones entre el presidente estadounidense y su homólogo de izquierda Gustavo Petro (3). “Es la primera vez que un presidente colombiano será republicano, –responde con una sonrisa–. Y continúa: Soy republicano en Estados Unidos. (…) Voté por Trump en las elecciones [de 2024]”. Apuesto abogado de 47 años, el hombre ostenta tres nacionalidades: colombiana, italiana y estadounidense. Obtuvo la última en 2023, tras haber vivido diez años en Florida, y se convierte de este modeo en el segundo presidente sudamericano en tenerla, después de Daniel Noboa (Ecuador).
De la Espriella proclama alto y fuerte su lealtad hacia Trump. Fiel a sí mismo, este último no dejó de inmiscuirse en la campaña colombiana para indicar a los votantes el nombre del candidato que quería ver escrito en la boleta el 21 de junio, como condición para que Washington mantenga su cooperación (financiera, económica, de seguridad) con Bogotá. En el marco de una política neocolonial de la Casa Blanca con respecto a su “patio trasero”, Colombia es una llave maestra.
“Quiero un plan Colombia II y que las bases estadounidenses vuelvan”, anunció De la Espriella en referencia al plan que, con el pretexto de hacer la guerra al “narcotráfico”, permitió que Estados Unidos desplegara tropas en el país entre 2000 y 2015, particularmente para luchar contra las guerrillas. Durante la campaña, prometió reconstituir la potencia militar nacional, destruir los campos de producción de coca y desmantelar los grupos armados y los cárteles con la ayuda de Estados Unidos y de Israel. Su objetivo: poner fin a la estrategia de “paz total” de su predecesor, la cual fracasó (4).
Los fracasos de las izquierdas
Las elecciones colombianas se inscriben en la secuencia más amplia de un avance de la extrema derecha en América Latina: elección de Nayib Bukele en El Salvador en 2019 (fue reelecto en el 2024), de Javier Milei en Argentina en 2023, de Noboa en Ecuador en 2023 (reelecto en 2025) y aún de José Antonio Kast en Chile en 2025. Cambiante, la corriente política que todos estos presidentes encarnan presenta ciertas constantes: neoliberalismo, mano dura en materia de seguridad, ánimo de venganza con respecto a las fuerzas de izquierda, alineamiento geopolítico con Washington y, la mayor parte de las veces, proximidad personal con Donald Trump. Durante la campaña en Colombia, el presidente estadounidense afirmaba: “Los resultados de estas elecciones son muy importantes para el futuro de Colombia y de sus relaciones con Estados Unidos, teniendo en cuenta (…) el apoyo político que él [De la Espriella] me brindó a mí personalmente” (Truth Social, 3 de junio de 2026). Lo que le importa al presidente estadounidense es disponer de un dirigente a sus órdenes en Colombia. En otra época se hubiera hablado de un “procónsul”.
El gran giro hacia los márgenes extremos de la derecha de una región hasta hace poco considerada como un laboratorio para la izquierda se explica en parte por los fracasos de esta última (facilitados, entre otras cosas, por las injerencias estadounidenses) cuando dominaba la escena política local entre los 2000 y 2020 aproximadamente. Si bien América Latina le debe importantes progresos sociales y democráticos, la izquierda no logró transformar de modo duradero las estructuras económicas y sociales que desde siempre alimentan las desigualdades y la pobreza. Su estrategia, basada en un mayor reparto de las riquezas a partir del aumento de la renta generada por la exportación de recursos naturales, se agotó.
Esta situación despertó cierta animosidad hacia las fuerzas progresistas, particularmente en el seno de los sectores populares, las clases medias más vulnerables y los jóvenes, quienes solo conocían a la izquierda en el poder. La dinámica se acentuó a medida que la generación de dirigentes de los años 2000 (desde Hugo Chávez en Venezuela, hasta Evo Morales en Bolivia, o Cristina Fernández en Argentina) no logró ser relevada por figuras que gozaran de una popularidad comparable y porque las fuerzas de izquierda padecieron múltiples “guerras judiciales”.
La crisis financiera internacional de 2008, agravada por la pandemia de Covid, que hundió a la región en su peor recesión en un siglo, encerró a todos los países del subcontinente en un moderado régimen de crecimiento aun cuando el comercio internacional se desaceleraba. La guerra en Ucrania iniciada por Rusia (2022) y aquella contra Irán provocada por Estados Unidos e Israel (2026) alimentaron el avance de la inflación, que corroe el poder de compra en Argentina, Bolivia, Colombia y Venezuela. Más allá de sus especificidades, todos los países se enfrentan a los mismos problemas socioeconómicos: la informalidad, que afecta a cerca de la mitad de los trabajadores activos (y priva de igual cantidad de recursos fiscales a los Estados), el aumento de las desigualdades y de los trabajadores pobres, así como la creciente precariedad, que afecta a las clases medias y populares. Según el Banco Mundial, el 32% de la población latinoamericana está expuesta al riesgo de caer en una pobreza que ya atañe al 25% de las personas (5).
Por oleadas, los descontentos populares se han ido expresando regularmente desde fines de los años 2010 sin que los gobiernos aporten soluciones duraderas a las reivindicaciones y demandas sociales. Una tras otra se producen manifestaciones y revueltas sociales que incluso alcanzan niveles insurreccionales: en Chile, en Colombia o en Ecuador entre 2019 y 2021, así como en Bolivia en 2026.
Estas situaciones contribuyeron a los “votos castigo” a favor de las extremas derechas, precisamente cuando la región atraviesa un ciclo electoral intenso. En efecto, desde 2021, todos los países latinoamericanos tuvieron elecciones presidenciales y legislativas. Otras se llevarán a cabo en 2026 (Brasil en octubre, Haití en agosto y diciembre), y luego en 2027 (El Salvador –legislativas–, Guatemala, México –legislativas de medio término–, Argentina).
Ajuste y motosierra
No obstante, si bien una amplia parte de la población cree que la izquierda no hizo lo suficiente para transformar a las sociedades cuya dirección asumió, las clases dominantes consideran, por su parte, que hizo demasiado: por eso, se trata de recuperar el control. Empezando por el Estado. La derecha pretende abordar el problema desde la raíz, esgrimiendo la idea de que la izquierda habría conducido a una decadencia moral e institucional: gangrena burocrática; parasitismo de los programas sociales y de aquellos destinados a los pueblos originarios, a las mujeres y a las minorías de género; trabas a la libertad empresarial.
En Colombia, De la Espriella pretende reducir “en un 40%” el tamaño del Estado en cuatro años. Promete, como lo detalla su programa de campaña, emprender la “gran revolución de la desregulación”, crear un “país de propietarios”, bajar masivamente los impuestos, atraer las inversiones extranjeras para explotar los recursos naturales del país (petróleo, gas, minerales, agua). Y, por qué no, dolarizar la economía. En Chile, Kast y su “gobierno de emergencia” pretenden, por su parte, “romper” con las políticas de Gabriel Boric por medio de una “megarreforma” y de un proceso de “reconstrucción nacional” que se basa en una receta muy poco innovadora: baja de los impuestos, auditoría y reducción de los gastos públicos, fusión o reducción de los Ministerios y secretarías, austeridad, etc. En la misma línea, Noboa dividió por dos el número de Ministerios en su país (de veinte a diez) y tomó medidas a favor de la flexibilización del trabajo y de los inversores extranjeros en varios sectores: servicios tecnológicos e Inteligencia Artificial, con la creación de zonas francas; explotación minera; energía… Aquí y allá, la mano derecha del Estado agita las motosierras con el fin de amputar a la izquierda.
Nuevas prioridades
Para la mayor parte de estos dirigentes, los ahorros esperados deberían financiar políticas de militarización de la lucha contra el crimen organizado. Son buenas perspectivas para las industrias de seguridad de Washington y de Tel Aviv. Bukele, por su parte, pretende convertir sus inversiones en seguridad en victorias económicas (estabilidad, poder de atracción para los inversores extranjeros, desarrollo de nuevos sectores como el turismo o la economía digital). Tales orientaciones tienen otra función: controlar, incluso disciplinar, el cuerpo social en un período de restricción de los recursos disponibles (trabajo, ingresos, servicios).
Son buenas perspectivas para las industrias de seguridad de Washington y de Tel Aviv.
También hay que crear un discurso que permita que la mayoría de los votantes tenga ganas de apoyar la cabeza en la guillotina. En ese ámbito, la derecha supo sacar provecho de los nuevos flagelos que las sociedades latinoamericanas enfrentan. La expansión del crimen organizado vinculada con la intensificación del tráfico internacional de drogas modificó profundamente los equilibrios regionales. La producción de cocaína alcanzó niveles históricos (aproximadamente 1.000 toneladas en 2015, más de 3.700 en 2023), en primer lugar en Colombia, que concentra por sí sola dos tercios de las áreas de cultivo de coca en el mundo. El total de la superficie destinada a su producción en el país se multiplicó por cinco desde 2013. En el mundo, 25 millones de personas consumieron esta sustancia en 2023, contra 17 millones en 2013, es decir, un incremento de cerca del 50% (6). Hoy las redes criminales expanden su red y operan en todo el territorio latinoamericano para producir y enviar al resto del planeta todos los estupefacientes que consume (cocaína, heroína, drogas sintéticas, marihuana). Consecuencia: América Latina es la región más violenta del mundo (fuera de las zonas de conflictos militares). Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “con aproximadamente el 9% de la población mundial, América Latina y el Caribe registran cerca de un tercio de los homicidios cometidos en el mundo. Se estima que aproximadamente la mitad de esos homicidios están vinculados, directa o indirectamente, con organizaciones criminales y pandillas” (7).
Esta progresión de las violencias y de los homicidios instaló la cuestión de la seguridad a la cabeza de las preocupaciones populares. A ello se suman la persistencia de la corrupción, que socava la credibilidad de las instituciones, así como los efectos de los movimientos migratorios provocados por la crisis venezolana, pero también por las situaciones cubana y haitiana, que alimentan los flujos migratorios hacia muchos países (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá).
Poco a poco, esos desafíos desplazaron el centro de gravedad del debate público. Las cuestiones vinculadas con la justicia social, la redistribución, el medioambiente o la ampliación de los derechos perdieron su centralidad en beneficio de las que conciernen a la seguridad, la lucha contra la corrupción del Estado y de la política o el control de las fronteras. Las derechas regionales y sus polos radicales supieron invertir en esas temáticas. Construyeron, particularmente en las redes sociales y a través de diversos espacios de sociabilidad (iglesia y hermandades, clubes de deporte, asociaciones familiares, etc.), discursos articulados alrededor de una obsesión: el regreso al orden. En todas sus formas: moral, religioso, social, de seguridad. La “batalla cultural” (contra el aborto, los derechos de las mujeres, la homosexualidad, el “globalismo”, el “marxismo cultural”, el “narcocomunismo”) sirve de cimiento para coaliciones muy heterogéneas desde el punto de vista sociológico.
Las cuestiones vinculadas con la justicia social o la ampliación de los derechos perdieron su centralidad en beneficio de las que conciernen a la seguridad o la lucha contra la corrupción del Estado y de la política.
Fisuras
Sin embargo, el batallón de “procónsules” de Trump (8) tal vez no sea tan poderoso como él podría esperar. En los hechos, ninguno, salvo el presidente salvadoreño, obtuvo por sí solo la mayoría durante su elección. Algunos son también minoritarios en el seno de sus Congresos. Se impusieron gracias a alianzas con otras derechas radicales, las derechas tradicionales y la centroderecha, y al arrastre de votos que se oponen al adversario de izquierda en competencia. En el seno de los poderes legislativos, Kast y Milei dependen de acuerdos negociados proyecto por proyecto. En Colombia, De la Espriella no dispone de una formación representada en la Cámara de Representantes o en el Senado. Frente a un bando progresista que movilizó a cerca de la mitad de los votantes en la segunda vuelta de la presidencial, deberá apoyarse en los partidos de la derecha tradicional (Partido Conservador, Centro Democrático de Álvaro Uribe, Partido de la Unión por la Gente –o Partido de la U–, Cambio Radical), así como en los representantes del Partido Liberal.
Aun cuando nada está dicho para las elecciones presidenciales brasileñas (a diferencia de las de Perú, muy probablemente), las coaliciones heterogéneas que apoyan a las extremas derechas latinoamericanas llaman la atención por su fragilidad. ¿Durante cuánto tiempo seguirá la población apoyando a gobiernos que prefieren a Trump?
1.Durante una entrevista en Radio Centro (Guayaquil) el 6 de junio de 2026.
2. “La democracia resiliente”, Informe Latinobarómetro 2024, Santiago de Chile, 1º de mayo de 2025.
3. Maurice Lemoine, “El legado de Petro”, eldiplo.org, junio de 2026.
4. Loïc Ramirez, “En Colombia, una ‘paz total’ imposible”, eldiplo.org, junio de 2026.
5. Citado en “Democracias bajo presión: Reimaginar los futuros de la democracia en América Latina y el Caribe 2026”, PNUD, Nueva York, 11 de mayo de 2026.
6. “World drug report 2025”, Naciones Unidas, Nueva York, 2026, www.unodc.org
7. Lucía Dammert y Carolina Sampó, “What do we know about organized crime in Latin America and the Caribbean”, PNUD, Nueva York, 2025, www.undp.org
8. Quienes, a diferencia de los procuradores romanos, no siempre gozan de un título de nacionalidad dentro del imperio al cual sirven.
Por Christophe Ventura * Periodista./ Le Monde diplomatique, edición Cono Sur
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