En un sesión extensa y con fuertes discusiones, el oficialismo se aprestaba a votar al cierre de esta edición el Súper RIGI, la versión recargada del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones sancionado en 2024. Esta vez, los beneficios apuntan a desarrollos inexistentes en el país como inteligencia artificial, data centers y semiconductores, una entrega de soberanía a la medida de Silicon Valley. La nueva legislación beneficiará a los monopolios tecnológicos, otorgando una estabilidad fiscal, cambiaria y jurídica por treinta años, sin retenciones y libre disponibilidad de divisas. LLA en la Cámara baja se jugó un pleno y logró en 48 horas el apoyo de los bloques a aliados para respaldar al jefe de Gabinete y obligar a sus legisladores a sesionar un día después para debatir un proyecto a medida de Peter Thiel y sus amigos tecnofascistas.
La sesión comenzó con lo justo a las 12.27 del mediodía. Tres minutos antes de que venciera el tiempo reglamentario, Martín Menem llamó a gritos al nuevo vocero presidencial para que se sentara a dar quórum. Desde el lunes, la Casa Rosada sabía que llegaría ajustada a los 129 diputados, por eso demoró la renuncia de Adrián Ravier, el reemplazante de Manuel Adorni en la vocería. Los gobernadores aliados como Gustavo Sáenz y Rolando Figueroa hicieron una demostración de fuerza y mandaron a ocupar sus bancas a sus legisladores sobre la hora.
La discusión sobre el Súper RIGI llegó cerca de las cinco de la tarde, tras la aprobación del pago a dos fondos buitres que litigan en contra de la Argentina desde 2001 (ver aparte). El encargado de presentar el proyecto fue el diputado libertario Bertie Benegas Lynch. “¿Quién puede estar en contra de esto?”, se preguntó. “Son incentivos fiscales, cambiarios, aduaneros y seguridad jurídica. Son cuatro conceptos que los países civilizados ya incorporaron y por eso les va como les va”, dijo. Se trata de “ser amigable con las inversiones”, remató. Llamó la atención la escasa preparación del oficialismo y sus aliados respecto a cuestiones clave y geoestratégicas como inteligencia artificial, data centers y cadenas de valor en medio de la revolución informacional actual.
Fue Maximiliano Ferraro quien advirtió sobre el riesgo de una “plutocracia” derivada de normas como el Súper RIGI. “No cuestionamos la necesidad de invertir que pueda tener la Argentina, cuestionamos la idea de que el futuro de nuestro país se constituya sobre un régimen de privilegios para unos pocos mientras millones de argentinos quedan afuera de la ecuación”, dijo.
Sobre los beneficios impositivos extraordinarios que el proyecto garantiza a los tecno- ricos, como por ejemplo una alícuota reducida del 15 por ciento en ganancias en lugar del rango de entre 25 y 35 por ciento que pagan el resto de las actividades, Diego Giuliano señaló que “es legislar en el lugar equivocado” e indicó que la iniciativa “compromete 8 presidencias y 16 períodos legislativos”. Lo calificó como “un paraíso fiscal en medio del infierno que viven hoy las pymes”. En efecto, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estima que el RIGI generará un costo fiscal para el Estado de al menos 1.069 millones anuales de dólares y que la mayor pérdida de recaudación impactará entre 2029 y 2033, en el próximo mandato presidencial.
Los beneficios aprobados se inscriben en una discusión profunda que pasó sin pena ni gloria por la Cámara Baja: El desafío que tienen los Estados para limitar el avance de las BIg Tech cuyo poder es una amenaza latente para el funcionamiento de las democracias.
