Por eso, avanzado el tercer año de la administración libertaria, el deterioro del mercado laboral es la característica principal. Macroeconómicamente es posible hablar de la suba del endeudamiento neto en divisas, de la contabilidad creativa en las relaciones entre el Banco Central y el Tesoro, de la sobrevaluación cambiaria y de las anclas inflacionarias heterodoxas del gobierno ultraortodoxo. Desde el punto de vista productivo puede citarse el desarrollo de enclaves y la destrucción de la industria, de la nueva grieta entre la economía extractiva exportadora en auge y de la recesión de la economía que genera empleo, es decir de todo lo que no sea agro, energía y minería. La lista podría seguir, pero cuando se ponen todas las variables sobre la mesa lo que emerge como factor dominante es el deterioro de las condiciones laborales. Aunque se repita que izquierda y derecha no existen más, la lucha de clases nunca dejó de existir. Un gobierno de derecha expresa siempre el triunfo del capital en la lucha de clases. Y el triunfo del capital suele expresarse, aunque no solamente, en la degradación del mercado de trabajo.
Si bien la desocupación aumentó, por ahora unos pocos puntos, no es la dimensión central. El ajuste no se produjo solo en las cantidades –los desocupados pasaron, redondeando, del 5 al 8 por ciento de la PEA, la población económicamente activa– sino especialmente en términos de calidad. No solo por la “uberización” del empleo que funcionó como contención, y el crecimiento de la informalidad, sino por la caída de ingresos y, sumado a ello, del ingreso disponible después de los gastos fijos, especialmente los servicios. El promedio de los asalariados no solo gana menos por la pérdida de poder de negociación, plasmada incluso en cambios en la legislación, sino porque deben destinar una porción mayor de sus ingresos al pago de servicios, lo que significa un ingreso disponible menor para el resto de los consumos. La contracara de este fenómeno fue el aumento del endeudamiento de las familias, el formal y el informal. La secuencia lógica del descalce entre ingresos y endeudamiento es el crecimiento de la mora. Si el proceso continúa podría convertirse en el punto de partida para la ruptura de la cadena de pagos, pero no se está allí todavía.
El primer balance preliminar es que la historia de la inflación pre 2024 fue lo suficientemente traumática –y disciplinadora– como para transformar a los asalariados en un sector dispuesto mayoritariamente a soportar un ajuste interminable, un proceso que ya lleva dos años y medio sin que esté a la vista “la luz al final del túnel”.
Podría sintetizarse que las mayorías estarían resignadas a aceptar cualquier cosa con tal de no volver a atravesar procesos sostenidos de alta inflación. Pero esta resignación también da lugar a interpretaciones erróneas, una confusión que se extiende incluso a sectores de la oposición. El principal equívoco es el que dice que estas mayorías aceptan ahora la necesidad del ajuste macroeconómico, algo así como haber asumido la verdad de la relación entre inflación y reducción del déficit por la vía del recorte del gasto. En otras palabras, asumir que la verdad ortodoxa es verdad.
Pero la verdad, si tal cosa existe, es que lo que realmente importa para evitar una inflación elevada es el orden macroeconómico, no el ajuste del gasto. Orden macroeconómico significa contar con mecanismos para financiar eventuales déficits. No solo porque se recauda más y mejor, sino también porque, si el déficit aparece, existe un mercado de deuda en moneda propia con el cual financiarlo. Luego, para que una expansión del gasto financiada transitoriamente con déficit genere su propio financiamiento mediante el aumento de la producción, como sostiene la heterodoxia keynesiana más clásica, deben cumplirse algunas condiciones previas: entre ellas, la existencia de un sistema impositivo eficiente y de un mercado de deuda desarrollado.
El debate entre déficit sí o déficit no es un debate mal planteado: supone discutir en el lenguaje del adversario. El consenso opositor debería ser el orden macroeconómico y la baja inflación, algo que no equivale a la reducción permanente del gasto en todas las áreas. Es falso que destruir el Estado y sus funciones básicas sea la única vía para alcanzar ese orden. Tampoco debería perderse de vista que la construcción de un orden macroeconómico sostenible presupone una tarea esencial de la política: conducir el Estado, no destruirlo. Conducir el Estado significa hacerlo funcionar, y su buen funcionamiento se refleja en el comportamiento del mercado de trabajo, donde se determina, en última instancia, el bienestar de los trabajadores. Es decir, el bienestar de las mayorías.
