A Cormick, por ejemplo, lo impugnó porque ejerce la docencia en la Universidad Nacional de Avellaneda y en la Universidad Nacional de José C. Paz. A Fernández, por su lado, lo objetó porque es docente en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
En el caso de los supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el Gobierno sostuvo que debían excusarse porque todos ejercen la docencia universitaria. El planteo se produjo mientras docentes y autoridades universitarias realizaban clases públicas en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, para recordarles a los cortesanos la urgencia de una definición.
En una resolución firmada por sus tres integrantes, la Corte le recordó al Gobierno que las recusaciones tienen un carácter restrictivo, ya que implican sustraer una causa de su juez natural. En ese sentido, rechazaron las recusaciones y ratificaron la intervención de Cormick y de los jueces de la Cámara.
El 1 de junio se incorporó al expediente la carta que Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional Argentina, remitió a la Corte Suprema. En ella, más de 4700 personalidades y organizaciones de la sociedad civil les piden a Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti que no demoren el tratamiento del financiamiento universitario.
“Esta Corte tiene la oportunidad de reafirmar que los derechos consagrados en la Constitución Nacional requieren recursos económicos suficientes y adecuados para ser efectivos. La Constitución encomienda a los poderes del Estado garantizar las condiciones de la educación universitaria pública como una responsabilidad indelegable”, dice la nota.
En paralelo, la comunidad educativa del colegio Carlos Pellegrini también está impulsando un petitorio para ser presentado ante la Corte.
