Con media sanción obtenida en Diputados, este viernes llegará el debate en la Cámara alta del controversial proyecto de Régimen Penal Juvenil que apunta, entre otras cosas, a bajar la edad de punibilidad en menores de los 16 a los 14 años de edad. En Argentina, repite el gobierno nacional, si los jóvenes cometen un “delito de adulto” deberán pagar con “condena de adulto”. Sin embargo, las fisuras discursivas, metodológicas y políticas aparecen a lo largo y ancho del tratamiento ultra fugaz de este proyecto. Una de las grietas políticas más hondas se evidencia nuevamente entre el presidente de la nación, Javier Milei, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien recibió pocos días atrás a la Pastoral Social y a Cáritas en el Senado, para hablar y profundizar sobre la mirada en contra que la Iglesia Católica expresó sobre el proyecto libertario para endurecer las penas. La sorpresa radica en el archivo: tiempo atrás, en épocas de campaña, allá por 2023, Villarruel se manifestó abiertamente a favor de la ley que hoy ya no defiende.
Lo que antes supo ser entendimiento entre ellos, hoy los sitúa en veredas contrarias, tanto en la política como en los apoyos religiosos.
Consultados por Página/12, desde el entorno más cercano a la Vicepresidenta aseguraron que no tomó ninguna posición sobre el tema y únicamente recibió a los líderes religiosos en el Senado para escuchar su mirada, como en otras oportunidades y por otras razones lo ha hecho con los líderes evangélicos. Pero en política es tan importante lo que se dice como lo que se hace. El silencio, los gestos y el timing de los mismos dan muestras de una estrategia, del despegue, o como en este caso, de una ruptura que deja abierta una nueva posición a tomar. A la hora de calibrar la suya, Victoria Villarrual se ata a la institucionalidad de su cargo y avanza, ya no con La Libertad Avanza, pero sí en la construcción de un futuro sin precisiones, nuevo apoyos o una clara estructura, al menos por ahora. Con pocos asesores de confianza, entornos finitos, puede leerse una búsqueda hacia el diálogo con referentes de diversos partidos. Villarruel marca con su agenda encuentros significativos (como con el gobernador peronista y fuerte opositor al gobierno de Milei, Ricardo Quintela, pocos días atrás) y actividades que le permiten un sondeo, pensar estrategias, delinear un futuro que no se encontrará cerca de la vereda de Javier ni de Karina Milei.
La ley de reforma penal Juvenil lleva décadas de debate en la Argentina y en la agenda del Presidente y Vicepresidenta figura hace un largo tiempo también. Siempre que Villarruel tuvo que pronunciarse en relación a la baja de impunibilidad dejó en claro su postura a favor de que endurecer las penas para jóvenes menores de los 16 años era el camino acertado. Nada de sorpresivo tiene si se piensa en la línea política e ideológica que trazó desde su rol como legisladora y durante la campaña presidencial. Mano dura y más penas como respuesta a mucho. Ahora, y a todas luces explicado en su relación rota con Casa Rosada, Villarruel se mantiene en silencio. No expresó posición explícita ni a favor ni en contra del proyecto de Milei, pero en los hechos, marcó desde las aguas de la religión las diferencias políticas irrecuperables que se profundizan con el paso del tiempo. En la “Carta Abierta a los Legisladores Nacionales”, un documento publicado por la Pastoral Social que visitó a la Vicepresidenta, se plantea, entre otros puntos centrales, que la respuesta penal temprana no constituye una solución eficaz frente al delito juvenil, y que “la evidencia regional muestra que los países con edades de imputabilidad más bajas registran mayores niveles de violencia, mientras que la Argentina —con un piso de 16 años— mantiene una de las tasas de homicidios más bajas de la región”.
La Pastoral Social, contundente, sostiene que el Estado “no cuenta hoy con las condiciones materiales, institucionales ni presupuestarias necesarias para implementar un régimen que garantice acompañamiento integral, atención en salud mental, continuidad educativa, formación laboral y procesos efectivos de reinserción social”. La oposición plenteó resistencias similares: El debate sobre la suficiencia de este monto sigue abierto, con serias dudas en las provincias sobre si los $23.700 millones serán suficientes para cubrir la infraestructura que planea la ley en todas las provincias para dar respuesta al nuevo sistema que pretenden para los menores de edad que cometan delitos.
Villarruel escuchó. Recibió a los religiosos y apuntó los argumentos que encierran preocupación. Desde su entorno aseguran que la pronunciación de los religiosos no es la suya, y que el encuentro fue meramente institucional, como lo hizo en otros momentos con los líderes de la Iglesia Evangélica Argentina. Quizá entonces, el dato saliente de este encuentro no sea lo que Villarruel calla, sino lo que habilita. Es de público conocimiento que Javier Milei lleva dos años sin recibir a La Pastoral Social, como lo es también la mirada de los arzobispos y líderes religiosos nucleados en la misma. La invitación al Senado pudo leerse como un mensaje en sí mismo, y desde Casa Rosada toman nota.
No es la primera vez que Villarruel se desmarca de las voluntades legislativas de Milei. Sobre este caso, fuentes cercanas a la Casa Rosada, fiel a su estilo, le bajó el volúmen con desdén a lo que pueda hacer o no la vicepresidenta, y al peso real de sus movimientos: “No nos importa lo que haga Villarruel”, afirmaron.
Milei, con los evangélicos
La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera), sostiene un estrecho vínculo con la mesa chica del gobierno nacional. Pocos meses atrás, un encuentro religioso en Casa Rosada con Karina Milei fue noticia. En paralelo, Milei daba discursos e inauguraciones como el templo “Portal del Cielo”en Resistencia. El megatemplo, es considerado la iglesia evangélica más grande del país con capacidad para 10.000 personas. Además, los religiosos ya cuentan con representantes entre las filas de legisladores y funcionarios libertarios. Algunos involucrados en partidas presupuestarias de difícil explicación, como fue el caso de Walter Ghione, vicepresidente del partido UNO, el partido de los evangélicos, que recibió fondos estrafalarios para una fundación de recuperación de consumos problemáticos desde la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas (Aprecod), organismo con recursos que él mismo desde el Estado maneja.
Consultados por Página/12 para esta nota, desde ACIERA manifestaron la voluntad de mantenerse al márgen del debate político interno, pero emitieron un comunicado con la postura en referencia a la ley: “Consideramos fundamental la promulgación de una norma acorde a la realidad actual, dado que la legislación vigente ha quedado obsoleta”. A lo largo del escrito, si bien apoyaron la existencia del proyecto de ley, manifestaron particular preocupación en el destino de los menores de edad una vez detenidos, y esperan que no sea en cárceles comunes del sistema actual. Además de solidarizarse con las familias de las víctimas de delitos cometidos por menores de edad, dejaron de manifiesto que “la aplicación de penas será insuficiente si no se acompaña de políticas públicas que atiendan la raíz del problema —social, económica, educativa y familiar— y que apunten a la reinserción social".
Mientras los principales mandatarios del país profundizan la ruptura al calor de las diferencias políticas, la reforma Penal Juvenil podría convertise en ley durante el viernes. Como citó el diputado y cura Juan Carlos Molina en entrevista con Página/12, la preocupación más profunda en la oposición radica en contemplar todo eso que les pasa a los jóvenes de la Argentina y parece invisible. Peor aún, parece que se quieren invisibilizar más. “Si no los ves, si están encerrados, no están”, ironizó el diputado. Se vencen los resortes de inserción, de respuestas sociales o contenciones desde el Estado que en múltiples niveles hoy penden de un hilo al calor de la voluntad social y cada vez más lejos de las decisiones oficiales.
