Aunque al final votó a favor, el exgobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad reclamó los fondos para que las provincias puedan implementar la ley nacional por la que, en caso de aprobarse, los mayores de 14 años serán punibles y podrán ir a la cárcel. El impacto económico recaerá directamente sobre las provincias que deberán afrontar los costos para los adolescentes que hayan cometido delitos ordinarios como homicidios, robos, y abusos sexuales, entre otros. No hubo, coinciden todas las partes, cálculos actuariales sobre las necesidades presupuestarias para esta política penal.
Especialmente vaga es la instrumentación del proyecto que promueve alternativas al encierro para la contención de los adolescentes que delinquen. Este flanco débil de la ley permite sospechar que para los estados locales será más fácil enviarlos a cárcel común que buscarles otra salida y garantizar su resocialización desde centros multidisciplinarios con equipos especializados.
“A mi me amenazaron con meterme preso en esta misma comisión si yo ayudaba en una ley donde no decíamos de dónde sale la plata”,, recordó en el último plenario de Presupuesto, Legislación Penal; Justicia y Niñez, Familia y Juventudes el diputado del Frente Renovador de la Concordia. “Hoy a los gobernadores les decimos hagan esto y no les decimos de dónde van a sacar la plata” advirtió en ese debate y lo repitió en el recinto el jueves antes de que la reforma penal juvenil lograra 149 votos a favor y 100 en contra. Sólo se opusieron el peronismo –incluido el massismo-, la izquierda y algunos diputados provinciales como los que responden a Raúl Jalil; la cordobesa Natalia De la Sota; Jorge Fernández de Primero San Luis y el chubutense Jorge Avila, único representante de Provincias Unidas que tomó distancia. La Libertad Avanza encolumnó al PRO; a la UCR; Innovación Federal; País Federa.; e Independencia Tucumán que responde a Osvaldo Jaldo. También al Interbloque de Provincias Unidas en sintonía con la política del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y bajo la conmoción por el crimen de Jeremías Monzón, quien fuera asesinado por adolescentes no punibles.
La cordobesa Laura Rodríguez Machado, diputada alineada con Patricia Bullrich y la voz del proyecto de ley con media sanción, le dijo a Página/12 que “está la voluntad” del Gobierno nacional de contribuir al nuevo sistema, aunque los delitos por los que la mayoría de los adolescentes serían punibles corresponden al fuero provincial. En caso de que algún distrito lo requiera la Nación podría colaborar a través de un convenio aunque, admitió, el dinero podría alcanzar o no e incluso la partida asignada, de 23.739 millones de pesos, podría no ser suficiente. De esa cifra, 3.132 millones de pesos estarán bajo la órbita del Ministerio de Justicia y 20.607 millones de pesos de la Defensoría General de la Nación.
A pedido de la oposición dialoguista, el oficialismo aceptó un cambio y estableció que “la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación a los efectos de dar cumplimiento a todos los estándares previstos en el presente régimen. Estos acuerdos podrán versar sobre el traslado o alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en extraña jurisdicción”.
Al momento de la votación del Capítulo XI, justamente el que contempla ese presupuesto, el Frente de Izquierda y el interbloque Unidos pidieron votar en forma nominal. El resultado fue 135 afirmativos, 100 negativos y 13 abstenciones.
En cambio en la votación en particular del Capítulo I -que baja la edad de la imputabilidad de 16 a 14 años- adhirieron los massistas Ramiro Gutiérrez y Emir Félix que habían anticipado al bloque de Unión por la Patria su postura sin acompañar el resto del texto.
Gutiérrez le explicó a este diario que uno de los puntos más controvertidos para la eficacia del nuevo sistema es quién y cómo lo financian. “El poco dinero que prevé la ley no está bien imputado, va al ministerio equivocado porque Seguridad se quedó con la ejecución de las penas y no Justicia, además para los jueces y gobernadores que absorberán la problemática no hay fondos previstos”.
De la misma manera opinó Leandro Halperín, exlegislador porteño y actual subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Ciudad de Buenos Aires. A favor de la ley y en línea con la posición de la UCR, explicó a Página/12 que era necesaria una ley de la Democracia y destacó como positivo que el oficialismo retirara su último proyecto en favor de uno consensuado con otras fuerzas políticas el año pasado. “El problema más importante es la previsibilidad presupuestaria para la aplicación de las políticas alternativas a la prisión que la ley propone a las provincias”, suscribió.
Según los datos de delincuencia, el nuevo régimen implicará probablemente un esfuerzo presupuestario significativo donde hay concentración poblacional como Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires.
Actualmente en el país hay alrededor de 120.000 detenidos, unos 11000 en el Sistema Penal Federal. De ese universo, también hay gobernadores que reclaman por la falta de pago desde Nación por alojar a los presos que cometen delitos federales como ocurre en la gestión del santafesino Maximiliano Pullaro.
Si bien los números oficiales reflejan una tasa menor del delito, aumenta la tasa de encarcelamiento por el endurecimiento de penas y por delitos de género. En Córdoba, por ejemplo, se refleja en un alto número de detenidos por acoso callejero. La tasa de impunidad en cambio no bajó.
En este sentido, son varios los dirigentes que reclaman al Gobierno nacional haber posibilitado un debate pensando únicamente en el Conurbano sin medir las necesidades financieras no sólo de este distrito opositor sino de todo el país en pos de solucionar un drama social y de seguridad.
Sergio Berni, exsecretario de Seguridad de Nación y exminsitro bonaerense, defendió la baja de la edad de imputabilidad pero no la iniciativa del Congreso. “El Gobierno trocó un slogan de campaña por una ley que va a agravar el problema”, indicó en referencia a que cuando se baja la edad de imputabilidad el narcotráfico busca menores de 14 años para sumar a su negocio. Prevención cero, reclaman distintos referentes.
En los últimos dos años, sin obra pública nacional, varias provincias se hicieron cargo de incumplimientos nacionales con recursos propios.
En materia penitenciaria, Córdoba construye una cárcel modelo, el Centro de Máxima Seguridad (Cemax) con capacidad para mil internos. El costo previsto es de 109.000 millones de pesos, muy superior a los 23.000 millones de pesos que Nación estableció para los convenios de colaboración con la ley penal juvenil para todo el país.
La Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA), también en marcha en la gestión del cordobés Martín Llaryora, requerirá unos 15.000 millones de pesos.
En San Rafael, Mendoza, el gobierno licitó una obra carcelaria por 16.000 millones para alojar 200 nuevos internos.
De la misma manera, Santa Fe invierte 4.800 millones en la cárcel de Coronda para construir cuatro nuevos pabellones de aislamiento y licitó y ejecutó una megaobra en Piñero, Santa Fe. El Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil (Ceriap), más conocido como “El Infierno”, demandaría alrededor de 100.000 millones, o quizás más. En esa cárcel habría espacio para 1152 delincuentes, sicarios o vinculados al narcotráfico. Salvo en el caso de los sicarios, en general son mayores de edad.
La diputada Scaglia, jefa del interbloque Unidos y exgobernadora de Santa Fe, dijo a este diario que “una ley trasciende a cualquier gobierno” y asume que si los libertarios les dan la espalda el panorama podría cambiar a futuro. Por otra parte, advirtió que Nación no paga por los presos federales alojados en el sistema provincial pero que la mayoría de los delitos que cometen los menores de 16 años corresponden al Código Procesal Penal Provincial. El dato sería un argumento nacional en detrimento de los reclamos presupuestarios de los gobernadores .
Por Analia Argento / P12
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