Informalidad: Argentina ya está peor de lo que debería y la reforma laboral agrava el problema

Mientras el Gobierno nacional avanza con la reforma laboral presentada como una herramienta para “combatir la informalidad”, los propios datos oficiales muestran una paradoja: Argentina ya tiene niveles de precarización laboral superiores a los esperables para una economía de su tamaño y lejos de corregir ese problema, el proyecto con media sanción está orientado a convertir en regla lo que hoy funciona como fraude.

Al respecto, el discurso oficial sostiene que la elevada informalidad es consecuencia de un marco laboral “rígido” que desalienta la contratación formal. Sin embargo, el último informe de la Secretaría de Trabajo reconoce que después de dos años de gestión libertaria y de los cambios laborales ya implementados con la desregulación del mercado que sostuvo la “Ley Bases” aprobada en 2024, el 43,3% de los ocupados es informal, una proporción que supera en más de 5 puntos porcentuales la que correspondería al nivel de PBI per cápita de nuestro país, según la tendencia internacional.

De ese modo, la precarización abarca al 36,7% de los asalariados y trepa al 62,5% entre los jóvenes. Uno de cada cuatro trabajadores es cuentapropista y casi el 65% de ellos es informal, lo que desarma el relato del “emprendedurismo” para poner sobre la mesa otra realidad: el autoempleo de subsistencia. 

Así las cosas, discutir la “flexibilización” como solución implica invertir el diagnóstico en una economía atravesada por la reprimarización y la desindustrialización, donde el trabajo no garantiza salir de la pobreza y donde el pluriempleo y el endeudamiento funcionan como estrategias de supervivencia. Ampliar la discrecionalidad patronal no moderniza el mercado laboral pero sí institucionaliza su degradación.

¿Modernización o legalización de la informalidad?

En un escenario atravesado por el avance de la reforma laboral que impulsa la gestión de Javier Milei, resuenan en el debate público argumentos que sostienen que la informalidad sería consecuencia del “marco laboral rígido” y que, por ende, cambios que fomentan mayor desregulación y discrecionalidad empresarial permitirían solucionar el problema de la falta de empleo con plenos derechos.

“Una transformación de la normativa laboral vigente se presenta como una herramienta relevante para promover la eficiencia y el incremento de la productividad, factores clave para reducir de manera estructural los niveles actuales de informalidad”, sostuvo al respecto el último informe sobre Panorama mensual del trabajo registrado de la Secretaría de Trabajo nacional. 

No obstante, a más de un año de la aprobación del capítulo laboral de la llamada "Ley Bases" -uno de los pilares de la gestión libertaria- la mayor desregulación del mercado laboral lejos de derivar en más empleo registrado llevó a una profundización de la precariedad: se perdieron más de 270.000 puestos asalariados formales y los pocos empleos que se generaron no respondieron a relaciones laborales estables, sino que 2 de cada 3 fueron cuentapropistas y 1 de cada 3 asalariados no registrados. Es decir, el crecimiento se concentró casi exclusivamente en modalidades precarias, mientras retrocedía el trabajo con derechos.

Los datos son más que elocuentes: 43,3% del total de ocupados es informal, el 36,7% de los asalariados son informales, el 62,5% de los asalariados jóvenes trabaja sin derechos. Si bien este nivel es mayor en los establecimientos pequeños (66% en establecimientos hasta 5 personas), presenta un porcentaje relevante en establecimientos medianos (29,1%) y grandes (11,9%). Por otra parte, la informalidad asciende al 49,8% en el sector privado, mientras hay un 10,4% de ocupados/as informales en el sector público.

En esta coyuntura crece el peso del cuentapropismo, que alcanza a una cuarta parte de los trabajadores, con un dato decisivo: 64,6% de cuentapropistas son informales. “Esto confirma su carácter de autoempleo de subsistencia más que de ‘emprendedurismo’”, señalaron desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP). 

Si se suman desempleo, modalidades precarias e ingresos por debajo de la canasta básica ($1.360.000 para una familia de 4 integrantes) las condiciones precarias llegan a casi la mitad de la fuerza laboral, y se expanden a 7 de cada 10 en el caso de la población joven. 

“Dentro de los trabajadores asalariados formales, hay un 4,1% que recibe una parte de su sueldo por fuera del recibo. De estos, el 48,7% cobra la mitad o más del sueldo de manera informal”, ampliaron desde el centro de estudios económicos. Los extendidos niveles de precarización contribuyen a explicar que buena parte de la clase trabajadora deba vender su fuerza de trabajo por debajo de su valor, a la vez que obtener un empleo no garantiza per se acceder a un umbral de consumo que asegure condiciones mínimas de reproducción. Incluso para los trabajadores que habitan en hogares donde hay más de un ocupado, la pobreza es elevada (14%). 

Ahora bien, estos datos no pueden entenderse de forma aislada del conjunto de la economía. Las condiciones de vida y el nivel de ingresos se inscriben en problemas estructurales que, lejos de solucionarse van camino a institucionalizarse con la reforma laboral del oficialismo. En concreto, un análisis comparativo internacional evidenció que Argentina está peor de lo que “debería”. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Banco Mundial (42 países) para su nivel de PBI per cápita, nuestro país debería tener 37,9% de informalidad (tiene 5,4 puntos más). A diferencia, por ejemplo, Brasil y Chile están por debajo de la tendencia esperada.

Los datos surgen, de hecho, de un informe reciente de la propia Secretaría de Trabajo nacional donde se menciona que la tasa de informalidad que presenta el país “supera los niveles esperables en relación con el tamaño de su economía”. Este estado de situación se confirma al observar que la proporción de ocupados informales sobre el total “es considerablemente superior a la que sugeriría su Producto Interno Bruto (PBI) per cápita, de acuerdo con la tendencia global verificada”. 

En este marco, el documento oficial indicó que “Argentina se posiciona por encima de la línea de tendencia, lo que señala que su tasa de informalidad observada excede lo correspondiente a su nivel de ingresos”. Por el contrario, países como Brasil y Chile, con características afines, “exhiben tasas inferiores a la tendencia, sugiriendo un mejor desempeño relativo en términos de formalización laboral. En el caso de Brasil, la informalidad se sitúa 10 puntos porcentuales por debajo de la trayectoria esperada, mientras que en Chile la diferencia es de siete puntos”.

El mismo informe, paradójicamente, da cuenta de la dinámica empresarial a mediano plazo y evidencia una “fase expansiva (2003-2008), crecimiento del stock de empresas (+1,8% promedio anual)”, seguida de una “fase de estancamiento (2009-2023), variación nula del parque empresarial (0,0%)” y luego de una “fase contractiva (2024), con reducción neta del número de firmas (-0,6%)”. 

Respecto al análisis sectorial, desde el IPYPP, remarcaron que “dentro de los desocupados buena parte proviene del comercio (20,3%), de la construcción (18%), del servicio doméstico (12,1%) y de la industria (11,6%)”. En el caso de la construcción y el servicio doméstico, son ramas que están claramente sobrerrepresentadas respecto a la estructura ocupacional actual asociado, en buena medida, con los bajos ingresos que tales actividades ofrecen. La rama que presenta un menor nivel es el trabajo en casas particulares ($323 mil, un 65% por debajo del promedio general). Le siguen la rama de Hoteles y Restaurantes ($662 mil), Servicios Comunitarios, Sociales y Personales ($660 mil) y Construcción ($770 mil), con ingresos medios en torno a un 28,7% y 17% por debajo de la media, respectivamente. Asimismo, tanto el servicio doméstico como la construcción son las ramas que presentan las tasas de informalidad más altas dentro de la población asalariada: 80% y 68,8%, respectivamente. 

Frente a esta coyuntura, “la creación de empleo de calidad se debilita y el mercado de trabajo se organiza alrededor de la extensión de la precariedad y la insuficiencia de ingresos”. En ese contexto, “una reforma laboral que amplíe la discrecionalidad patronal, facilite contrataciones precarias y busque extender jornadas no ‘moderniza’ el trabajo, consolidar un mercado laboral de bajos salarios y alta rotación, y profundizar la desigualdad de poder que ya está en la base de estos indicadores”, señalaron los economistas.

Más problemas estructurales

El problema no es que “se trabaja poco” sino que trabajar y hasta sumar más horas diarias ya no garantiza llegar a cubrir las necesidades básicas de subsistencia. La información oficial exhibió que 3 de cada 10 ocupados ya trabajan por encima de 45 horas semanales y que la sobreocupación alcanza al 28,2% del total (más de 5,5 millones de personas), con un rasgo clave: trabajar más no significa ganar proporcionalmente más, porque el ingreso por hora de los sobreocupados es 24,1% menor que el promedio. Además, hay una porción significativa de trabajadores que ya tienen dos o más fuentes de ingresos: el pluriempleo alcanzó al 11,3% de ocupados.

Por su lado, los cuentapropistas informales así como el segmento asalariado informal ganan 51,0% y 40,2% por debajo de la media, en cada caso. En ese marco, no sorprende que ambas categorías estén sobrerrepresentadas dentro del conjunto de trabajadores que están buscando otros empleos. De hecho, en conjunto representan el 65,8% de las/os trabajadores demandantes. 

En paralelo, los hogares despliegan estrategias de manutención que revelan el agotamiento del ingreso laboral como sostén suficiente: 37,9% debió gastar ahorros, 16,9% pidió préstamos a familiares o amigos, 15,8% recurrió a bancos o financieras y 51% utilizó compras con tarjeta o fiado. Si el trabajo “no alcanza”, el endeudamiento se vuelve el puente para llegar a fin de mes. 

Así las cosas, las propias cifras oficiales exhiben que reforma laboral en lugar de atacar la precarización, la naturaliza. No "moderniza" el mercado de trabajo argentino, sino que lo adapta a un modelo de salarios pulverizados y menor capacidad de respuesta colectiva en una economía con sesgo reprimarizador, desindustrialización creciente y foco en el negocio especulativo financiero que se sostiene a costa de fragmentar aún más al conjnunto de las y los trabajadoras, generalizar la precariedad, y aumentar la explotación laboral, como la nueva norma.

Por Eugenia Rodríguez / El Destape