Coto: “Me parece una barbaridad inventar estupideces como una intervención federal en Tierra del Fuego"

En contacto con Radio Provincia, el senador nacional de La Libertad Avanza, Agustín Coto, se refirió a la intervención de la infraestructura portuaria del Puerto de Ushuaia, detalló las irregularidades detectadas por una auditoría oficial, cuestionó la falta de respuestas de las autoridades provinciales, desmintió versiones sobre la ley de OSEF y rechazó las denuncias y rumores políticos que circularon en torno al conflicto.

En primer lugar, Agustín Coto explicó el origen de la intervención y la gravedad de los hechos detectados "la intervención, y como lo dice la misma resolución de la intervención, se entiende que hay una cantidad de irregularidades que no se resolvieron”, rememoró el senador.

En ese marco, detalló el alcance de la auditoría realizada sobre el puerto "hubo una auditoría bastante completa, una auditoría de más de 60 páginas, en las que se describieron todos los problemas que tenía el puerto y que no nos olvidemos de la autoridad de puertos y de la autoridad de aplicación de la infraestructura portuaria de Ushuaia”.

A su vez, remarcó la falta de respuestas por parte del Estado provincial "evidentemente no han tomado ninguna carta en el asunto en lo que respecta a esas irregularidades y algunas son de papeles, algunas son administrativas y algunas son de seguridad y en el caso de seguridad, en algunos casos son graves”.

Seguidamente, enumeró problemas concretos detectados "estamos hablando de alarma de agua que no funciona, problemas en la parte de acceso a agua para incendios, que no está funcionando bien, que tiene problemas edilicios”, detalló Coto.

En ese sentido, sostuvo que la intervención fue consecuencia directa de la falta de acción "me parece que lo que sucedió fue que esa auditoría no tuvo ninguna respuesta por parte de la Dirección Provincial de Puerto y la Administración Nacional intervino”.

Luego, reconoció el impacto político de la decisión “¿Puede sonar una medida fuerte? Sí, porque de hecho lo es”, señaló.

Asimismo, vinculó la intervención con la falta de diálogo institucional "hay una voluntad política por parte del Gobierno de la provincia de no tener un diálogo institucional con el gobierno nacional y en ese tema particular el área de puertos entendió que tenía que intervenir”.

Más adelante, descartó de plano que la intervención tenga relación con la ley de OSEF "el motivo por el cual se está haciendo lo que se hizo no tiene nada que ver con eso”.

En esa línea, fue categórico "nunca se instrumentalizó esa ley, ese dinero nunca fue a OSEF porque no estaba”.

Retomando el eje central, insistió en el contenido de la auditoría "el motivo real son problemas de seguridad, problemas en la administración, problemas en materia financiera, falta de información y problemas de seguridad graves”.

Sobre el futuro del puerto, señaló cuál debe ser el objetivo de la intervención "la intervención lo que tiene es la obligación de empezar a resolver todos esos problemas”.

Además, aclaró el carácter transitorio de la medida "las intervenciones son temporales, si no se termina, es un fracaso”, remarcó el parlamentario.

En ese marco, advirtió sobre las consecuencias de no actuar "si no resolvemos esto estamos en problemas graves, te estoy diciendo que el puerto hubiera tenido problemas de certificación de seguridad”.

También aclaró versiones erróneas sobre el interventor "el interventor del Puerto es el titular de la Agencia, que en este caso es Iñaki Arreseygor”.

Respecto al ingreso al puerto, explicó los criterios de seguridad "el puerto es como un aeropuerto, hay sectores a los que solo pueden ingresar quienes trabajan ahí, por motivos de seguridad”.

Por otro lado, rechazó versiones que vinculan a La Libertad Avanza con supuestas conspiraciones "esas notas son una estupidez y lo digo así de claro”.

Por último, Agustín Coto se refirió a los rumores de juicio político e intervención federal "me parece una barbaridad inventar estupideces como una intervención federal en Tierra del Fuego” y concluyó "el quilombo institucional después lo pagan los vecinos”.