El Gobierno le da más concesiones a la CGT para que avance la reforma laboral

El Gobierno le hizo saber a la CGT su disposición a suavizar nuevos aspectos de la reforma laboral para garantizarse, al menos, una postura menos intransigente del sindicalismo de cara al tratamiento parlamentario. La posibilidad de realizar asambleas en los lugares de trabajo sin permiso de los empleadores, y de sostener las denominadas “cuotas solidarias” más allá de su vencimiento y por un período a determinar antes de obligar a su renegociación figuran en el pliego de concesiones que el sector dialoguista del Ejecutivo ya le transmitió a la cúpula de la central obrera.

Esas prerrogativas, identificadas con el asesor presidencial Santiago Caputo, se suman a los ofrecimientos del oficialismo de acotar el número de actividades consideradas “esenciales” y por lo tanto sujetas a restricciones máximas a la hora de realizar un paro que adelantó en exclusiva El Destape y cuya recepción por parte de los sindicalistas entusiasmó a los funcionarios en los últimos días. La administración libertaria espera poner en escena ese “toma y daca” hacia el fin de esta semana con el inicio de las conversaciones que sondeará la senadora Patricia Bullrich y su equipo de asesores con la CGT.

Según pudo saber este medio de primera mano entre los funcionarios a cargo de defender la reforma, la idea de flexibilizar el cepo a la actividad sindical dentro de las empresas fue pensada para otorgarles a los gremios un argumento triunfal a las bases respecto de una salvaguarda a la capacidad de deliberación con los trabajadores. Mientras que el estiramiento de la “ultraactividad” de las cuotas solidarias buscará instalar la percepción de que la reforma no apunta a romper los sindicatos sino a actualizar su rol.

Entre las modificaciones a la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales que promueve el proyecto figura un punto que obstaculiza el desenvolvimiento habitual del activismo dentro de las empresas: señala que cada gremio “podrá convocar a asambleas de personal y congresos de delegados, siempre que ello no afecte el normal desarrollo de las actividades de la empresa ni cause perjuicio a terceros” y añade que “en caso de celebrarse una asamblea dentro o fuera del establecimiento del empleador, deberá contarse con su autorización previa, tanto respecto donde se realizará el horario y el tiempo de su duración y en caso de que se realice dentro del establecimiento deberá requerir autorización respecto del lugar”. 

El articulado también prevé descontar del sueldo el tiempo insumido en una asamblea de trabajadores y de paso tipifica una serie de conductas consideradas “infracciones muy graves” y, por lo tanto, sujetas a despido con causa, entre las que se mencionan “afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza”, promover bloqueos y generar daños sobre la propiedad del empleado. Sobre estos últimos tópicos, que ya estaban presentes en el DNU 70/23 frenado por una declaración judicial de inconstitucionalidad en atención a un amparo presentado por la CGT, el Gobierno no tiene previsto dar marcha atrás.

En cambio, los negociadores admitieron que en una mesa de negociaciones podría retirarse la obligación de contar con autorización previa del empresario para la realización de asambleas dentro o fuera de su establecimiento, un punto que en cualquier caso está destinado a ser objetado en la Justicia por el sindicalismo y también ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por entender que es violatorio del derecho de asociación y protesta.

El otro punto de especial sensibilidad para algunos de los sindicatos más poderosos de la CGT, como Camioneros o la Asociación Bancaria, es la vigencia de las denominadas “cláusulas obligacionales” que figuran en los convenios colectivos de trabajo como acuerdos entre empleadores y gremios sobre puntos no estrictamente relacionados con los salarios de los trabajadores. El caso más paradigmático es el de las “cuotas de solidaridad” que los sindicatos les cobran a los trabajadores no afiliados y que en la jurisprudencia internacional cuentan con aval por ser considerados una suerte de cobro por la gestión de la actualización salarial. En general fueron aceptados en la historia argentina como percepciones de un porcentaje algo menor del que destinan los afiliados a su gremio y que en todos los casos depende de los empleadores como agentes legales de retención.

Hasta ahora, esas cuotas rigen en general por la vigencia de la “ultraactividad” de esos y otros rubros de cada convenio colectivo de trabajo. Eso significa que se les destinan esos fondos a los sindicatos incluso una vez vencido el plazo que establece el convenio colectivo en la medida que una nueva negociación de partes no les ponga fin o los reemplace. En el título XIII el proyecto de ley establece una serie de modificaciones sobre la negociación de los convenios colectivos de trabajo y, si bien sostiene la ultraactividad de toda cláusula “normativa”, es decir de salarios o condiciones de trabajo, sostiene que “el resto (obligacionales) mantendrán su vigencia sólo por acuerdo de partes”.

Los defensores del proyecto alegaron de arranque que ese cambio buscaba obligar a los gremios a tomar contacto con su base de representación para asegurarse un nivel de afiliaciones tal que permitiera compensar las cuotas de solidaridad. Aunque también admitieron que la novedad tenía como propósito final que tambalearan las finanzas de algunos sindicatos con poderío económico hasta ahora garantizado por esas percepciones. En la negociación, explicaron los funcionarios, podrá ofrecerse la duración “ultraactiva” de las cuotas solidarias por un período a definir.

Hacia el fin de esta semana el Gobierno prevé tomar contacto con la CGT a través del equipo de la senadora y exministra Patricia Bullrich, coordinado por la abogada laboralista Josefina Tajes. La letrada, que acusa “cuarenta años de trayectoria” tal como le relató en una entrevista a El Destape Radio, aseguró que la central obrera había manifestado “buena predisposición” para ese diálogo.

Al menos para la mayor central obrera, Bullrich pasó en pocos meses de ser una de sus mayores rivales a un canal de interlocución válido con el Ejecutivo, una consideración que comparten el asesor Caputo, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Es que con este núcleo de funcionarios los sindicalistas encontraron una receptividad mayor que con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sindicado por el sector como el principal cruzado antiobrero y antisindical de la administración libertaria.

Por Mariano Martin / El Destape