La avanzada del Gobierno Nacional para desarmar todo tipo de regulaciones tiene un nuevo episodio en el Congreso de la Nación. El 10 de febrero, la Cámara de Diputados debatirá el proyecto de modificación de la Ley Nacional de Glaciares, tras la aprobación de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado al dictamen que impulsan desde el Poder Ejecutivo y los gobernadores que integran la Mesa del Cobre y el Litio. La iniciativa busca incentivar la extracción minera en zonas periglaciares que, hasta el momento, se encuentran protegidas por la Ley 26.639. El recurso que encontró el oficialismo es otorgarle a las provincias la potestad para determinar dichas superficies, bajo la fachada de promover el “federalismo ambiental”. Abogados y militantes ambientalistas advierten sobre el peligro del proyecto para la conservación de uno de los principales reservorios de agua dulce del país. “Buscan modificar una ley nacional para calzar 4 o 5 proyectos”, sostienen. Mañana lunes habrá una protesta para rechazar la iniciativa.
Desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas aseguran que la reforma no se trata de un debate técnico, ni una discusión académica entre juristas o parlamentarios, sino que “lo que está en juego es una definición política de fondo”, y advierten que la discusión gira en torno a si el país “continuará contando con una ley que protege de manera efectiva sus glaciares y ambientes periglaciares —de las principales reservas estratégicas de agua dulce del país— o si, por el contrario, avanzará hacia su desprotección sistemática, amparada falsamente en el discurso del ‘desarrollo productivo’ y orientada a facilitar la expansión del extractivismo minero e hidrocarburífero”, sostienen.
La urgencia del mileismo por modificar la Ley 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, más conocida como Ley Nacional de Glaciares, tiene un origen preciso: en su artículo 6, inciso C, el texto sancionado en 2010 establece la prohibición del desarrollo de la explotación minera e hidrocarburífera en las zonas periglaciares y delega la realización del inventario y el monitoreo del estado de los glaciares al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).
Según el director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andres Nápoli, la reforma “cambia de manera radical el sistema por el cual se protege los glaciares hoy”. En primer lugar, el nivel de protección a las zonas glaciares y periglaciares desciende considerablemente, conservando en el Inventario Nacional de Glaciares sólo a las superficies que representen una reserva de agua estratégica. Además de ser uno de los recursos hídricos más importantes de nuestro país, funcionando como nutrientes de acuíferos, los glaciares operan como reguladores del clima, tienen influencia en el nivel del mar, liberan nutrientes en suelos aledaños y constituyen un hábitat biodiverso, según los Asociación de Abogados Ambientalistas. .
Uno de los puntos más polémicos del proyecto de modificación radica en la implementación del “principio precautorio”, que dispone que un glaciar o periglaciar solo está protegido hasta que las provincias informen que no cumple las funciones de reserva estratégica de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga. Es decir, limita el accionar del IANIGLA, priorizando la decisión de las autoridades competentes, cuya designación estará a cargo de cada provincia, “Por como está escrita la nueva ley, un subsecretario de minería de cualquier provincia le podría decir a los muchachos del IANIGLA ‘el glaciar ese sacalo del inventario’, sin dar razón alguna, de manera totalmente discrecional”, asegura Enrique Viale, representante de Abogados Ambientalistas.
“Cuando uno lee los considerandos del proyecto encuentra que, quien movilizó este el proceso de modificación, más allá de la presión minera, ha sido la Mesa del Litio y del Cobre, integrada por los gobernadores de las provincias que tienen potencialidad de proyectos. Lo hacen porque tienen la necesidad de calzar 4 o 5 proyectos dentro de zonas actualmente prohibidas, y claramente lo que buscan es modificar una ley nacional que abarca todo el país para posibilitar cuatro casos en particular”, asegura Nápoli. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, sostuvo que la ley 26.639 “se sacó hace 15 años y nunca se hizo un inventario de glaciares”. Sin embargo, el IANIGLA difundió la primera edición en 2018 y periódicamente realiza revisiones, siendo publicada la última en diciembre de 2024. Hace unos días, el Instituto encargado de la confección del inventario recibió el Premio a la Excelencia Científica 2025, otorgado por la Fundación Williams.
En base a la última actualización del Inventario Nacional de Glaciares, las zonas protegidas por la ley ocupan solamente el 1 por ciento de la Cordillera y se estima que aproximadamente existen 40 proyectos de extractivismo mineros frenados por la normativa, entre los que se encuentran algunos que parecen motivar en demasía al ministro de Economía, Luis Caputo, que en agosto había anunciado que “Glencore, una de las empresas mineras más importantes del mundo, presentó hoy dos nuevos proyectos de minería de cobre al RIGI: Pachón, en la provincia de San Juan, y Minera Agua Rica, en Catamarca. Estos proyectos implican una inversión conjunta de USD 13.300 millones”. El mismo caso aplica para las minas Los Azules de McEwen Copper por 2700 millones de dólares y Josemaría de Vicuña, por 4.100 millones, ambas en San Juan.
Al respecto, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, asegura que “la norma no constituye un obstáculo al desarrollo económico, como se pretende instalar desde el gobierno nacional, las jurisdicciones provinciales y los sectores ligados a la minería y la actividad hidrocarburífera; sino un límite razonable, constitucional y técnicamente fundado para proteger bienes comunes estratégicos y fundamentales para la vida, pero también para la producción y la seguridad hídrica de las poblaciones locales”.
Un conjunto de organizaciones civiles –el CELS, la APDH, la AAJ, ATTAC, entre otras– firmaron un documento en el que expresaron que la modificación de la actual Ley de Protección de Glaciares “implicaría lisa y llanamente que las provincias autoricen (discrecionalmente) actividades extractivas que alterarán el ciclo del agua, y con ello acelerar los procesos de desertificación e incrementos en las temperaturas en cada región (y a nivel global) en donde se autoricen estas actividades, echando por tierra el derecho a vivir en un ambiente y clima sano que tenemos todos los habitantes de la nación”. En ese sentido, concluyeron que la protección “es una condición indispensable para el derecho al agua, la adaptación al cambio climático y comprometiendo la calidad de vida de las generaciones futuras”. Ambientalistas realizaron mañana lunes una protesta a las 17 frente al Congreso.
En 2013, la minera Barrick Gold debió suspender el proyecto Pascua Lama, una explotación a cielo abierto de oro y plata ubicada en la frontera entre Chile y Argentina, luego de que comunidades locales denunciaran graves impactos ambientales sobre los glaciares de la zona. Aun sin contar con una ley específica de protección glaciar, la Corte Suprema chilena ordenó la paralización del emprendimiento, impuso multas millonarias y, tras años de litigio, clausuró definitivamente el proyecto en 2020, ante la utilización de cianuro y el riesgo de drenajes ácidos sobre los glaciares Toro I, Toro II y Esperanza. El caso se convirtió en un ejemplo regional de los conflictos socioambientales que emergen cuando la actividad extractiva avanza sobre reservas estratégicas de agua dulce. Sin embargo, Barrick Gold continuó operando en Chile, pero en zonas que no atentan, al menos directamente, contra la conservación de los demás recursos naturales.
Fuente: Pagina12
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