El gobierno se gana problemas judiciales y ahora también diplomáticos

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue denunciada penalmente por el delito de “abuso de autoridad” a raíz del pedido que hiciera su cartera para allanar un canal de streaming y la vivienda particular de dos periodistas que revelaron los audios de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, prohibidos ayer por un juez federal. Las repercusiones fueron judiciales y también diplomáticas. La Embajada de Rusia desmintió a la ministra de Seguridad, quien afirmó durante una entrevista radial que la filtración de audios de Karina Milei y de Diego Spagnuolo son parte de un complot urdido por el kirchnerismo con influencia rusa, venezolana, boliviana y hasta de la Asociación del Fútbol Argentino. "Lamentamos observar que en el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativa", comienza el fuerte comunicado que la Embajada de Rusia difundió por redes sociales.

Sobre el revés judicial, la denuncia (que fue hecha por el abogado Gregorio Dalbón y se suma a una presentación similar hecha por legisladores de la oposición), sostiene que el pedido de la funcionaria es “una violación flagrante de la libertad de expresión” porque va a contramano de los artículos 14, 32 y 43 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, que garantizan la protección de las fuentes periodísticas y la libertad de prensa y de expresión. El pedido de allanamiento del canal Carnaval Stream y de los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico tiene como “único fin amedrentarlos, censurarlos y restringir la libertad de prensa”, indica el texto. 

La presentación intenta frenar la denuncia penal que Bullrich presentó de manera casi simultánea a la medida cautelar con que la Casa Rosada logró que el cuestionado juez Alejandro Patricio Maraniello prohibiera la difusión de nuevos audios relacionados con la investigación sobre presuntas coimas entre funcionarios nacionales con laboratorios que le vendían al Estado medicamentos para personas con discapacidad.

Dalbón consideró que esos audios “revisten un indudable interés público” y advirtió que la prohibición de que se conozcan busca “blindar políticamente al oficialismo y convertir la difusión periodística en un delito”. Asimismo, siempre según el abogado, el pedido colateral presentado por Bullrich contra medios y trabajadores de prensa “constituye una medida intimidatoria que busca paralizar la actividad periodística”.

La denuncia presentada en las últimas horas se encuadra en el presunto delito de “abuso de autoridad” previsto en el artículo 248 del Código Penal. También pide que se cite a indagatoria a la ministra y a prestar declaración testimonial a Fernando Soto, el representante legal del Ministerio de Seguridad que presentó los pedidos de allanamientos.

El Ministerio de Seguridad “ha instrumentalizado la denuncia penal como herramienta de intimidación, con el objeto de amedrentar a periodistas y condicionar la libertad de prensa”, acusa el texto de la denuncia contra Bullrich. En ese sentido, añadió, la decisión de la titular de la cartera “es una forma de censura indirecta y masiva” porque “no solo se dirige contra periodistas concretos, sino que pretende restringir a la totalidad de los medios de comunicación y plataformas digitales”. La presentación de Dalbón sostiene que el pedido de allanar a medios y comunicadores es “un acto concreto de abuso de poder que pone en jaque principios esenciales del sistema democrático” y aduce que, por esta motivo, Bullrich “atentó contra el correcto funcionamiento de la administración pública y contra el derecho de la ciudadanía a ser informada”. “La conducta de Patricia Bullrich no solo vulnera la Constitución Nacional, sino también los tratados internacionales con jerarquía constitucional”, remarcó la denuncia.

Entrevistada en televisión, la ministra de Seguridad afirmó, ante la consulta periodística, que la denuncia no implicaba allanar a los periodistas que divulgaron en las últimas horas grabaciones de la secretaria general de la Presidencia. Así, negó que se quisiera allanar los domicilios de quienes dieron a luz esos audios. Frente a la lectura en vivo del fallo, se produjo otro momento de mal trago para el Gobierno. "No, estamos pidiendo la construcción de la prueba. La Justicia puede decidir lo que quiera. No son periodistas. El periodista tiene otra construcción. Hace años que hablo con periodistas y defiendo la libertad de prensa, estos no son periodistas", atinó a justificar la ministra.

Enojo diplomático

La Embajada de Rusia emitió un duro comunicado dirigido al gobierno nacional en el que manifestaron su descontento por verse envueltos en un conflicto interno de gravedad sin ningún tipo de prueba. En las últimas horas, dice el documento, "se han expresado públicamente algunas suposiciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos), supuestamente con el objetivo de desestabilizar al Gobierno" pero "no se han aportado ningunas pruebas al respecto".

Además, rechazaron "categóricamente estas acusaciones, considerándolas infundadas y falsas", remarcó el comunicado. "El deseo de ver 'espías rusos' en cada esquina es irracional y destructivo", agrega el texto, en un mensaje dirigido al Gobierno de Javier Milei, que meses atrás denunció la existencia de un supuesto grupo de ciudadanos rusos operando en Buenos Aires para favorecer los intereses geopolíticos de Moscú.

Si bien mencionó la denuncia anterior y la reiteración de agravios que el gobierno argentino dejó correr en el último período de mandato, cerraron el comunicado apelando a la corrección de los dichos de Bullrich. "Rusia aboga constantemente por la construcción de una cooperación equitativa y mutuamente respetuosa con Argentina, en el marco de una asociación estratégica integral basada en la sólida amistad entre nuestros pueblos", recuerda el comunicado. Concluye: "El próximo mes de octubre, deseamos celebrar juntos el 140º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas ruso-argentinas en este espíritu, y no bajo la influencia de una historia de espionaje ficticia".

Más repercusiones políticas

“Nadie puede, bajo ningún concepto, poner una mordaza sobre lo que podría ser información periodística. Mucho menos intentar llevarlo al terreno del espionaje. Lo que hay que hacer es explicar qué significaban esos audios y si realmente existen grabaciones de la hermana del presidente (Karina Milei). Eso debe aclararse”, expresó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Además, manifestó su rechazo a que se quiera controlar la circulación de información y remarcó que el sistema democrático se sostiene sobre la libertad de expresión y de prensa. “Si no existiera una prensa libre, Argentina estaría retrocediendo muchísimos años y siglos”, advirtió.

Fuente: Pagina12