“No tengo dudas de que el sistema RAS es la forma apropiada para producir salmones” Manifestó el vicerrector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego

En contacto con Mañanas Diferentes, por FM Espectáculo 93.1, el vicerrector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Juan Ignacio García, se mostró a favor de la modificación de la Ley 1355, para eliminar el tope de 50 toneladas en la producción de salmónidos con sistemas de recirculación acuícola (RAS).

García fue parte de la discusión que culminó en la sanción de la Ley 1355, luego de que, junto a colegas investigadores, analicen el modelo chileno y la conveniencia de aplicarlo en Tierra del Fuego: “La conclusión era que no pareciera ser algo conveniente cuando uno pone en juego un montón de dimensiones. Hay que considerar los beneficios económicos, pero también el impacto ambiental, la competencia con otras actividades, el carácter extractivista y el poco impacto en el empleo. Esas eran las conclusiones”.

“En ese momento salió la Ley 1355, que es muy restrictiva, porque no solo restringe la actividad en espejos de agua naturales, sino que establece restricciones sobre la actividad en sistemas RAS, que son piletones en tierra, fuera del Canal Beagle”, narró.  

“Me parece difícil sostener la prohibición a la producción de salmónidos en un ambiente cerrado y en tierra. Creo que es una posición extrema. Me parece sano que se modifique la Ley para habilitar otro nivel de discusión y otra forma de regulación”.

En esta línea, el economista comentó que el proyecto presentado por el legislador por la Libertad Avanza, Agustín Coto, “propone eliminar el tope de 50 toneladas y establecer que la autoridad de aplicación regule en función de los espacios. Viabiliza el desarrollo de la actividad acuícola en sistemas RAS. Yo tuve muchas charlas en estos días y no se entendía bien que lo que se discute hoy es la producción en tierra”.  

“Esos son los sistemas que consideramos apropiados para producir distintos tipos de proteína de pescado de manera sostenible. O lo pescás, que es una actividad extractiva, o los producís en esquemas de acuicultura. Esto puede ser en espejos naturales, con las consecuencias que existen, y en sistemas artificiales, que son más caros”, señaló.

Asimismo, indicó que el cupo de 50 toneladas le parece “innecesario” y consideró que es una actividad que hay que regular “y que, como en cualquier actividad productiva, tiene que haber monitoreo territorial para ver dónde. Eso es una obviedad. En este caso mucho más, cuando se van a desarrollar en espacios naturales que no están impactados”.

No obstante, sostuvo que “cuando se va a instalar una empresa que produce cualquier cosa, uno no le pregunta cuánto empleo va a generar. Las actividades económicas se prohíben cuando las consideramos nocivas para la salud humana o el ambiente. Casi todas tienen distintos niveles de impacto, por eso existen leyes de regulación que obligan a ciertos encuadres para minimizar el impacto ambiental. No sé por qué lo ponemos en una categoría diferente”.  

Además, García entendió que “el análisis del sitio tendrá implicancias en términos de volumen o si es un lugar apropiado para una actividad industrial o no. Quizá ciertos sectores de la costa no lo sean. Eso tiene que estar rigurosamente regulado. No cortamos árboles donde se nos ocurre. O solamente el 1% de las turberas es aprovechable. Porque alguien definió que lo otro no. Lo mismo debería pasar con los territorios donde sería factible instalar esta actividad”.

Aunque previó que se podría "plantear la intervención de espacios socialmente constituidos, para que cuando sea en tales zonas intervenga un comité integrado, por ejemplo, por el CADIC. Yo milité contra la salmonicultura en el Canal, pero cuando lo hicimos decíamos que había que hacer sistemas RAS. De ninguna manera me parece que la posición deba ser la prohibición”.