





El presidente Javier Milei regresará hoy al país tras concluir su gira internacional más extensa. Al pisar suelo argentino, se enfocará en la firma de al menos trece decretos que el Ejecutivo considera fundamentales. Estas normas deberán quedar rubricadas antes del 8 de julio, cuando vencen las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases.


En la Casa Rosada, el equipo presidencial elaboró un paquete que incluye recortes presupuestarios, cierres de organismos y una fuerte recentralización de funciones. Todos los textos ya están redactados y listos para su promulgación, según confirmaron fuentes oficiales.
Reformas apuntadas al gasto y al empleo público
Entre los decretos, sobresale la reforma del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que podría implicar despidos, venta de inmuebles y una modificación estructural de su modelo de gestión. También analizarán intervenciones en el Senasa, la ANMAT, la ANAC y el Instituto Nacional del Cáncer, aunque este último aún no tiene definida su desregulación.
Las principales carteras involucradas serán Salud, Capital Humano y Economía. No obstante, cada decreto deberá atravesar un proceso de revisión legal que podría dilatar su entrada en vigencia.
En paralelo, el Gobierno profundizará el ajuste en el empleo público. En el último año, la plantilla estatal se redujo de 322.000 a 292.000 trabajadores. Además, mantiene congelados los salarios de altos funcionarios desde diciembre y aún no actualizó los honorarios de monotributistas que reclaman desde octubre.
Sturzenegger, en un rol incierto
Una de las principales incógnitas gira en torno al futuro del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. La cartera, a cargo de Federico Sturzenegger, perderá capacidad de intervención directa una vez que caduquen las facultades delegadas. Aunque podría conservar un perfil consultivo, su poder de decisión se verá recortado.
Por su parte, desde el área de comunicación del Gobierno no descartan modificar el cronograma de anuncios. Alegan que el feriado y posibles novedades judiciales, como una eventual detención de Cristina Kirchner, podrían alterar la agenda oficial.
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