El gendarme identificado como quien le disparó e hirió gravemente al fotógrafo Pablo Grillo en la movilización del 12 de marzo se asumió como "posible imputado" en una presentación ante el juzgado de María Servini, en la que pide ver el expediente. Su escrito trae dos novedades. Por un lado, revela su nombre completo, que es Héctor Guerrero, cabo integrante del Departamento Móvil 6. Hasta ahora se conocía solo su apellido gracias a la reconstrucción y el análisis de imágenes que hizo el colectivo Mapa de la Policía. Pero, además, designa como representantes a dos abogados: uno es Martín Sarubbi, defensor de los tres policías porteños condenados por el asesinato de Lucas González, caso en el que intervino en sociedad con Fernando Soto (mano derecha de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich) y el otro es Claudio Pedro Nuncija, letrado de Gendarmería, quien hablaba por esa fuerza --por ejemplo-- en plena investigación sobre la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado.  

La jueza Servini sigue de licencia y la subroga Sebastián Ramos, mientras que el fiscal es Eduardo Taiano y en este caso no tiene delegada la investigación. A casi un mes de los hechos, hasta ahora no fueron aceptados como querellantes ni la familia de Grillo ni la jubilada Beatriz Blanco. El joven reportero gráfico sigue internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía por las consecuencias del disparo de una munición de gas lacrimógeno en la zona frontal de la cabeza que lo dejó al borde de la muerte. La mujer, fue atacada por dos integrantes de la Policía Federal, aún no identificados (aunque hay numerosas imágenes), uno que la gaseó y otro que la golpeó con una tonfa, por lo que se desplomó y terminó hospitalizada algunas horas con una herida en el cráneo. 

Guerrero y abogados 
 
El 28 de marzo, el juzgado había pedido el legajo del cabo Guerrero, quien fue identificado en un informe de Mapa de la Policía, en base a un entrecruzamiento de imágenes de trabajadores de prensa, entre ellos la fotógrafa de Página/12 Alejandra Morasano y el reportero Kaloian Santos Cabrera, cuya foto ayudó a determinar el apellido en la placa del cabo. Casualmente, la semana pasada Santos Cabrera fue despedido de la Secretaría de Cultura, donde trabajaba desde 2012. Para la reconstrucción de la trayectoria del cartucho de gas lacrimógeno, colaboraron los peritos Rodolfo Pregliasco y Martín Onetto, quienes aseveraron que fue horizontal, contra todos los reglamentos de uso de armas usadas para dispersión, que dicen que el disparo se debe hacer con un ángulo de 45 grados hacia arriba para evitar efectos letales.  

El escrito que presentó Guerrero señala que frente a las "publicaciones de medios de comunicación en las que se me indica como posible imputado en la causa de referencia vengo a presentarme y a solicitar vista de la presenta causa". Ahí mismo designa como sus defensores a Sarubbi y Nuncija, vinculados al mundo y a las ideas de Bullrich. 

El nombre de Sarubbi resonó en las noticias en medio de las audiencias del juicio por el asesinato de Lucas González --donde defendía a los policías condenados, Juan José Nieva, Fabián Andrés López y Gabriel Isassi--, en especial cuando interrumpió el alegato del abogado de la familia de la víctima, Gregorio Dalbón. "Me tengo que ir", dijo. "Deténganme con la Policía, pero me tengo que ir, me esperan mis hijas", espetó. La situación causó estupor y hasta el fiscal dijo: “Nunca vi una cosa así, el señor defensor se escapó". Pidió una sanción y el tribunal oral 25 finalmente anunció una multa y una denuncia por “impedimento o estorbo del acto funcional”. En ese juicio trabajó con Soto, actual director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, ideólogo de buena parte de las reformas punitivistas de Bullrich, entre ellas de la doctrina Chocobar (policía al que defendió), que habilita a los agentes disparar por la espalda cuando según su criterio exista un peligro.  

Sarubbi también fue abogado del policía Facundo Amendolara, quien le disparó en el abdomen al músico Chano Charpentier.  Asumió la defensa de Sabrina Basile --hija del exdirector técnico Alfio Basile-- cuando fue detenida por las acciones violentas de la organización Revolución Federal, de la que participaba en las semanas previas al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Nuncija, ligado al derecho deportivo, es abogado de Gendarmería y tuvo apariciones públicas con la causa sobre Santiago Maldonado (usada por Bullrich para atacar a su familia y a los pueblos originarios) a raíz de la imputación del gendarme Emanuel Echazú, que la fuerza aprovechó para meterse en la causa. La investigación de un grupo de gendarmes fue reabierta el año pasado. 

Medidas y espera
 
Entre las últimas medidas en trámite, el juez Ramos le pidió al ministerio de Seguridad todas las actuaciones del operativo de las fuerzas de seguridad del 12 de marzo durante la movilización de los jubilados, incluyendo el marco normativo utilizado, los reglamentos y protocolos para el personal y las guías de actuación para el manejo de armas del grupo de las conocidas como "menos letales" (gases, camiones hidrantes, balas de goma). También solicitó la orden del Ministerio de Seguridad para llevar a cabo el operativo que terminó en represión, los informes internos, la nómina del armamento provisto, la identificación de elementos que se hayan utilizado ( como gas pimienta y lacrimógeno), los sumarios administrativos que se hayan realizado y/o las denuncias. Lo mismo para la Policía de la Ciudad. 

A la jueza porteña Karina Andrade le indicó que le entregue la famosa lista de las personas detenidas en aquella jornada, y que ella ordenó liberar porque la policía no le entregaban la documentación y actas que acreditaran de qué se las acusaba, por qué fueron aprestadas y dónde estaban alojadas. En un comienzo eran 114, pero resultaron ser 116 (dos no habían sido incluidas en la nómina). Es conocido --incluso como quedó demostrado en la causa por las 33 detenciones del 12 de junio de 2024-- que muchas de las actas policiales suelen tener información inventada para justificar las detenciones.  

Andrade tuvo en un comienzo la causa sobre las lesiones sufridas por Beatriz Blanco, pero la mandó a Comodoro Py cuando quedó claro que los involucrados eran policías federales. Esa evidencia surge de las imágenes, pero como mostró la resolución de incompetencia, el acta policial labrada en el momento de la agresión sólo dice que una mujer de 87 años con ese nombre apareció tendida en el suelo con un corte en la cabeza. Esto van contra las normas procesales que exigen que las fuerzas de seguridad identifiquen a los agresores cuando se trata de delitos en flagrancia. También le notificó a Servini la declaración de un jefe policial que decía que la orden de servicio de ese día llevaba, además del número 659, un nombre --en un gesto de cinismo-- que era la frase famosa de Diego Maradona: "Hay que ser cagón para no defender a los jubilados".  

La cautelar rechazada

Cómo informó este diario, el juez porteño Andrés Gallardo había dictado una medida cautelar a pedido de representantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y de la Confederación General del Trabajo (CGT) para que el gobierno porteño sea el que asuma el operativo de seguridad --en virtud de su autonomía-- en la protesta de los jubilados de este miércoles y garantice protección a los manifestantes y el derecho a la libertad de expresión y a la protesta. Sin embargo, la medida fue rechazada por la Cámara de Apelaciones porteña anoche, el tribunal sostuvo que el fuero no es el competente para resolver esa cuestión. "Esta Alzada resultaba incompetente para intervenir en esos actuados respecto de todas las cuestiones que motivaron el inicio de esta controversia", indica el fallo.   

La cautelar señalaba que deberían delimitarse con antelación los objetivos federales, que son los únicos que deberían custodiar las fuerzas federales (como el Congreso, la Casa Rosada, la Catedral, ministerios entre otros). Sin embargo, no solo fue apelada --hasta por la administración de Jorge Macri-- sino que  la cartera que dirige Bullrich pidió la remoción de Gallardo ante el Consejo de la Magistratura porteño. 

Respaldo a Gallardo

Las denuncias contra magistrados que toman medidas que no agradan al Gobierno libertario se están convirtiendo en un mecanismo sistemático de presión. La jueza Andrade, por caso, había sido denunciada penalmente. Igual que a ella, a Gallardo salieron a respaldarlo más de 30 jueces y juezas que se presentaron ante la presidenta del Consejo, Isabella Karina Leguizamón, para pedirle la desestimación de la presentación de Bullrich. "El accionar de la mentada autoridad ministerial --afirman-- se ha convertido en una práctica del Poder Ejecutivo Nacional, tendiente a aleccionar y condicionar la labor de la magistratura a propósito del contenido de sus sentencias, en claro vilipendio de la independencia judicial y de la autonomía porteña... ". 

Por Irina Hauser / P12