La señora va a ir presa. Con esas palabras, el presidente de la Nación en una entrevista periodística que se viralizó el 27 de marzo pasado, envió su mensaje a la sociedad. En uno de los más intensos momentos que suele transitar Javier Milei -el goce de su crueldad-, anunció el próximo fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Si bien el inminente rechazo del máximo tribunal de los planteos efectuados por la ex presidenta es una verdad de Perogrullo, resulta útil un breve repaso de los antecedentes para comprender la dimensión de la tragedia.

Cabe recordar para ello que Cristina Fernández de Kirchner, debido a la envergadura política de su figura, fue víctima de la serie más grande y sincronizada de operaciones de Lawfare realizadas en la última década. Traducido habitualmente como guerra jurídica o guerra judicial, en su implementación práctica, Lawfare significa reemplazo de las armas convencionales –fusiles, ametralladoras, cañones-, por mecanismos de manipulación individual y colectiva de la opinión pública. 

En el caso, se trata de un plan criminal sincronizado de desarticulación de toda oposición política, que desnuda un profundo deterioro institucional en el país, en especial de una parte importante del poder judicial. Si bien esta metodología se utiliza en distintos países de la región, en Argentina lo implementó Mauricio Macri durante su presidencia entre 2015 y 2019. Luego, durante la gestión de Alberto Fernández (2019-2023) se lo toleró displicentemente y con el advenimiento del régimen de Javier Milei resurgió con máximo impulso a partir del 10 de diciembre de 2023.

El objetivo de esa estrategia, radica en desalentar cualquier tipo de respuesta opositora efectiva y crear las condiciones adecuadas para la reimplantación de un modelo económico neoliberal a ultranza, réplica magnificada de lo ya ensayado en décadas anteriores.

Un repaso de la secuencia en el caso de la causa conocida como “vialidad”, permite comprender mejor el anuncio perverso de Javier Milei sobre un posible encarcelamiento de Cristina Fernández de Kirchner.

Así, como parte de las operaciones de Lawfare, el 29 de abril de 2016 uno de los integrantes de la banda delictiva de Mauricio Macri, Javier Iguacel, efectuó la denuncia que dio inicio a una causa por supuestas irregularidades en la concesión de obra pública. El encargado de la operación en Comodoro Py fue el juez Julian Ercolini (corrupción de Lago Escondido), quien el 12/9/2016 indagó a CFK y el 27/12/2016 la procesó. En noviembre de 2017 los jueces de la Casación Federal Gustavo Hornos y Mariano Borinsky (Padle y tenis con Macri), confirmaron el proceso. 

El 2/3/2018 Ercolini elevó la causa a juicio oral que comenzó el 21/5/2019. El presidente del tribunal fue el arquero del equipo Liverpool que jugaba al fútbol en la casa de fin de semana de Mauricio Macri. Los fiscales del juicio, fueron Diego Luciani, jugador del Liverpool junto al Juez Uriburu y también asiduo de la quinta de Macri y Sergio Mola, vinculado a la mesa judicial macrista.

El juicio se extendió durante 3 años en paralelo a las restantes causas inventadas como parte del plan político de persecución a Cristina.

El 6 de diciembre de 2022 la entonces vicepresidenta fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El 13 de noviembre de 2024, Los jueces de la Cámara de Casación Federal Gustavo Hornos y Mariano Borinsky (Padle y tenis con Macri) y Diego Barroetaveña, confirmaron la condena. Finalmente, en fecha 22 de marzo de 2025, el mismo tribunal, rechazó el Recurso extraordinario presentado por la defensa de la ex presidenta de la Nación.

Ante ello y a hora temprana de este lunes 31 de marzo de 2025, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Allí, se cuestiona la sentencia condenatoria fundamentalmente por alevosas violaciones a garantías constitucionales cometidas durante todo el trámite del proceso en contra de CFK. Se resaltan en particular los principios vulnerados, la arbitrariedad de parte de los magistrados así como la violación del derecho de defensa en juicio.

Simultáneamente, los presentantes recusaron al ministro de la Corte, Manuel José García Mansilla. El cuestionamiento se basa en que el nombrado fue designado “en comisión” a través de un Decreto del Presidente Milei del 25/2/2025, habiendo jurado en su cargo ante los ministros de la Corte el día 27 de ese mismo mes y año. A entender de esa defensa dicho nombramiento resulta contrario a principios y garantías fundamentales que hacen a la esencia del Estado de Derecho, consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a su texto.

Refieren como aplicables al caso los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, aprobados el 27 de julio de 2006 por el Consejo Económico y Social de la ONU a través de su Resolución N° 2006/23. Más específicamente, citan como valores esenciales de los magistrados según las reglas citadas, la Independencia, la imparcialidad y la integridad.

El rechazo tanto de la queja como de la recusación sintetizadas presentadas por la defensa de la ex presidenta de la nación, se anunció en las primeras lineas de esta opinión como una obviedad. Se impone aclarar que la afirmación no procede de menoscabo alguno de la tarea verdaderamente encomiable y de altísimo nivel tanto en materia jurídica como en la energía de parte de todos los defensores que actuaron a lo largo de estos años asistiendo a los diferentes acusados.

 
De lo que se trata es de llamar la atención sobre algunas de las calamidades que nos atribulan en estos días debido a la utilización por parte del regimen encabezado por Javier Milei de aquel mecanismo brutal de Lawfare instalado en la presidencia de mauricio Macri.

En efecto, la Corte Suprema que debe decidir sobre la recusación del magistrado Garcia Mansilla es la misma que le tomó juramento dos días después de una designación que viola la constitución nacional. Es la misma que se mantiene inmutable ante los atropellos cotidianos a las libertades fundamentales de los sectores más vulnerables de la sociedad. No se aprecia razón alguna para esperar un cambio de actitud o de criterio de parte de los integrantes del más alto tribunal del pais.

Es probable que semejante despropósito ético y jurídico sea revertido en instancias internacionales como anuncian las presentaciones efectuadas. Pero los tiempos de aquellas instancias llegarán siempre tarde para aquellos enfermos graves a quienes se les niegan medicamentos, para los adultos mayores en estado de indigencia o como en el caso, para una de las referentas políticas más importantes de las últimas décadas, atentada, perseguida y condenada.

 
La República Argentina está gobernada por un mandatario que goza con el dolor de su pueblo, por un Poder Judicial que no le pone límite alguno y por un Poder legislativo que aún no encontró el camino para enfrentar con éxito tanta barbarie y destrucción.

(1) (General de División (retirado) Charles Dunlap Jr., de la Fuerza Aérea de EUA escribió para la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, de la Universidad de Harvard, en 2001).  
 

Por Carlos Alberto Rozanski / P12