Malvinas forma parte de nuestra identidad nacional. Es una causa profundamente arraigada en el pueblo argentino, un poderoso sentimiento compartido que reivindica las islas y nos une como nación. En su nombre, hemos dejado de lado intereses sectoriales para encontrarnos en un sentimiento común y de pertenencia. No es solo una disputa territorial, sino una parte integral de nuestro ser nacional, de nuestras discusiones, emociones e historia.

La relevancia de Malvinas va más allá de los argumentos históricos y jurídicos y de la fuerza con la que distintos gobiernos han impulsado en el ámbito internacional los reclamos de soberanía. Existen múltiples expresiones culturales, educativas y de política nacional que hacen de las islas un símbolo en el que convergen y se sintetizan otras causas. Las islas argentinas pueden representar una denuncia a las prácticas de saqueo de los Estados colonialistas, una crítica a los gobiernos entreguistas y extranjerizantes, una bandera de unidad nacional que se utiliza para sostener un gobierno en decadencia o un punto para proyectar políticas de unidad continental. Reflejan mucho de lo bueno y lo malo que tenemos como sociedad.

Apenas finalizó la guerra en junio de 1982, la dictadura advirtió la necesidad de que Malvinas y derechos humanos no se asociaran, y lo logró con éxito, al menos durante algún tiempo, acallando las voces y los testimonios de aquellos que denunciaban los crímenes y las atrocidades perpetrados contra los soldados durante el conflicto bélico. Un pequeño grupo de excombatientes recorrió de manera errante y solitaria distintas oficinas y organismos de derechos humanos, reclamando apoyo a sus demandas de justicia. Sin embargo, estos organismos y las organizaciones sociales no abordaron los acontecimientos en cuestión hasta varias décadas después. Así, durante un largo período, lo que en este libro denominaremos la “causa Malvinas” permaneció disociada del movimiento de derechos humanos. Hubo incluso quienes intentaron presentar ambas causas como antagónicas. Aquí me propongo documentar y explicar las estrategias que implementaron y las dificultades que encontraron los excombatientes para que la causa Malvinas se integrara al campo de los derechos humanos y se inscribiera finalmente en el ámbito del nacionalismo democrático.

Apenas finalizó la guerra en junio de 1982, la dictadura advirtió la necesidad de que Malvinas y derechos humanos no se asociaran, y lo logró con éxito, al menos durante algún tiempo.

Este proyecto surge de mi experiencia como abogado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim La Plata) en su lucha para que se investigaran las torturas sufridas por los soldados durante el conflicto bélico y, en especial, en la tarea de identificar a los caídos enterrados en el cementerio de Darwin. Este trabajo fue la base de mi tesis doctoral, que presenté en 2023 en la Universidad Nacional de Lanús y es, a su vez, el fundamento de este libro.

En estas páginas se analiza el modo en que se conformó la causa Malvinas y se distinguen las tres ideologías dominantes que la abordaron desde ópticas opuestas. El liberalismo, que ha priorizado la relación económica con el Reino Unido y ha adoptado una política distante con el reclamo de soberanía sobre las islas; el nacionalismo autoritario, que cuestionó el colonialismo británico y a la vez reivindicó los golpes de Estado y el desempeño de las Fuerzas Armadas durante el siglo XX; y el nacionalismo democrático, que ha tenido una postura crítica sobre el imperialismo británico y sobre la actuación de las Fuerzas Armadas.

Se exploraron los discursos expresados desde el Estado, las organizaciones de excombatientes y los organismos de derechos humanos, y sus transformaciones; y particularmente se analizaron aquellas acciones que intentaron evitar que Malvinas y derechos humanos formaran parte de un mismo campo. La investigación que se incluye en este libro está basada en fuentes primarias, como actas de la Junta Militar, informes de las Fuerzas Armadas, resoluciones, sentencias judiciales y legislación nacional e internacional. También se recurrió a fuentes secundarias, como artículos publicados en medios de comunicación, textos académicos, documentos de partidos políticos y organizaciones de excombatientes, y además se realizaron entrevistas para profundizar el análisis.

Como veremos a lo largo de los capítulos, la causa y la Guerra de Malvinas fueron inicialmente utilizadas para sostener un régimen dictatorial en declive, y luego para reclamar la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado. En el marco de ese relato hegemónico, solo era posible destacar el valor y el coraje de los soldados y construir una narrativa heroica y acrítica del modo en que se llevó adelante la guerra de 1982.

Sin embargo, algunos grupos de excombatientes no compartían esta visión y, pese a que durante décadas fueron erróneamente asimilados a los militares golpistas y aislados del movimiento de derechos humanos, comenzaron a denunciar las políticas de desmalvinización, la entrega de nuestros recursos naturales y a exigir justicia. En este contexto, se apeló a los instrumentos jurídicos relacionados con los derechos humanos, demandando que el Estado se hiciera cargo de lo ocurrido durante y después de la guerra con políticas reparatorias de memoria, verdad y justicia.

Este proceso también provocó cambios significativos en el análisis de la guerra y el rol de las Fuerzas Armadas. En los años que siguieron al enfrentamiento, las organizaciones de excombatientes y de derechos humanos experimentaron transformaciones importantes, y ampliaron su enfoque para incluir los reclamos de soberanía, paz y democracia. Así, la causa Malvinas logró ingresar al movimiento de los derechos humanos y desde allí regresó al campo nacional y popular.

El 10 de diciembre de 2023, la situación política cambió con la llegada del gobierno de Javier Milei, que recoge las tradiciones del liberalismo y del nacionalismo autoritario. Este nuevo escenario reavivó las disputas sobre la causa Malvinas y augura la continuación de los debates en torno a ella.

Por Alejo Ramos Padilla  * Abogado, doctor en Derechos Humanos, magíster en Derechos Fundamentales y especialista en Administración de Justicia. / Le Monde diplomatique, edición Cono Sur