El escándalo de corrupción que protagoniza el exsenador Edgardo Kueider no para de crecer. Ayer, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó la detención de siete exsocios, testaferros y colaboradores, que están acusados de integrar una organización criminal que colocaba en el sistema bancario sumas millonarias que provenían de negocios ilícitos. Según sostiene la fiscalía, la detención del exlegislador aliado de La Libertad Avanza en Paraguay con 200 mil dólares no declarados forma parte de una actividad ilegal, que incluye la compra de tres departamentos en Entre Ríos. Además, el fiscal Fernando Domínguez incluyó como pruebas imágenes de Kueider contando grandes cantidades de dinero en su despacho mientras era secretario General de la Gobernación, durante el mandato de Gustavo Bordet, entre el 2017 y 2019, que tendrían vinculación con las coimas que la empresa Securitas pagó para operar en ENERSA, la empresa estatal de energía entrerriana, y por la que es investigado en otra causa.

La magistrada de San Isidro ordenó la detención y la declaración indagatoria de personas del círculo de Kueider que, presuntamente, le facilitaban el blanqueo de activos. Algunos son parientes, otros colaboradores y también hay contadores. Se trata de Daniel González, socio del exsenador en la empresa Betail SA –a través de la cual hacían las operaciones–; Rita Soledad Machuca, secretaria histórica durante su función pública; Javier Rubel, primo de Kueider que pasó de trabajos informales como albañil a ser empresario; Adriana Cecilia Crucitta, abogada y socia de González; los contadores José Carlos Nogueras y Ezequiel Bovetti, que aportaban en la estructura de la empresa y Gabriela Saint Piere, esposa de Nogueras. Todos fueron señalados por la fiscalía como integrantes de una banda “destinada a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras, a través de la colocación y puesta en circulación en el sistema financiero, así como también en la conversión mediante la adquisición de bienes inmuebles (y su posterior transferencia) y muebles” en conjunto con Kueider y su secretaria Iara Guinsel Costa, detenidos en Paraguay desde diciembre pasado.

El fiscal Domínguez enmarca lo sucedido en la frontera dentro del entramado delictivo alrededor de Kueider que se gestó años antes: “La abrupta detención de dos de los miembros de la organización, en in fraganti delito, exponen otra nota más de habitualidad de la organización en el marco de las distintas metodologías a las que recurría para blanquear activos de origen ilícito”. Este mecanismo aceitado comenzó a fucionar en marzo de 2019 y continuó hasta que el exlegislador fue detenido en la triple frontera con 211.000 dólares y otros tantos pesos. Se constató que al menos, entre el 1 de marzo de 2019 al 15 de agosto de 2024 en las cuentas bancarias de Betail, la empresa que usaban como pantalla, ingresaron 8.586.827 de pesos y 26.011 dólares.

Betail le sirvió a Kuider como base para recibir activos líquidos, en apariencia legales, aunque, en realidad, “no tuvo nunca capacidad económico-financiera de generar ganancia alguna”. En el escrito se señala que fue “Kueider la persona que adquirió los departamentos y cocheras del edificio Live con fondos presumiblemente originados en hechos de corrupción funcional, contando con la estrecha colaboración de Rubel, González y Gabriela Saint Pierre, en la configuración de la sociedad fantasma (BETAIL) que se instrumentó como pantalla, y de Nogueras, Ferreyra y Bovetti en el entramado de acciones para aparentar de que se trataba de una empresa real”. 

La empresa pasó a nombre de él y de sus allegados seis días después de que asumió como senador de Unión por la Patria, el 16 de diciembre de 2019, presumiblemente por la necesidad de tener un instrumento societario ante la exposición pública que tendría. Quizás, nunca calculó cuánta visibilidad provocaría la traición a su partido durante la votación de La Ley Bases y, mucho menos, su detención y expulsión de la Cámara alta. Sin embargo, desde que la Betail pasó a manos de este grupo no desarrolló actividad y su balance durante el primer año fue de cero.

Pese a eso, Kueider compró tres departamentos, con sus respectivas cocheras, a estrenar en una torre VIP en Paraná, llamado “Live”. En marzo de 2021, adquirió uno de dos dormitorios en el sexto piso por 6 millones de pesos que pagó en efectivo. El segundo fue en mayo de 2021, un monoambiente de 4 millones de pesos que también pagó en cash. El tercero lo compró en octubre: estaba en el piso 13 y lo consiguió por 10 millones con la misma forma de pago. Allí vivió tres meses junto a Iara Guinsel Costa. Cada uno de los detenidos cumplió un rol bien delineado: por un lado, el “binomio de testaferros integrado por Rubel y González, personas de su extrema confianza , que fungirían como operadores de una persona jurídica (Betail), que fingiría, con el relevante aporte técnico del estudio contable liderado por Nogueras y Bovetti, una actividad comercial que nunca desarrolló”. También estaban involucradas Rita Machuca, que pagaba los servicios, y Guinsel Costa, que se encargaba de las expensas. Mucha de esta información se consiguió por el acceso a los celulares de los detenidos. Incluso, en el teléfono de Celina Costa, asesora de Kueider y madre de Guinsel Costa, se detectó que la ahora detenida “emprendía al menos desde enero de 2024 acciones para vender aquellos inmuebles”. 

Para Arroyo Salgado, existe una organización que habría desplegado --con la intervención de profesionales de ciencias económicas, miembros de sociedades comerciales y funcionarios públicos de un alto estamento del Estado Federal, que poseen importantes recursos financieros y una amplia red de relaciones-- complejas operaciones de lavado de activos por millonarias sumas de dinero”. Un hilo por el que hay que continuar investigando, indicó, con la participación de otras empresas e indagar en la posibilidad de la realización de operaciones mediante cripto-activos.

Los videos
 
En su decisión, Arroyo Salgado también tuvo en cuenta cinco videos que la fiscalía presentó como prueba en los que se ve a Kueider contando sumas considerables de dinero, que no se condicen con las cantidades de la “caja chica”, mientras era secretario de Gobierno de Entre Ríos durante la gestión del peronista Gustavo Bordet, actual diputado nacional. En las imágenes se lo ve en su oficina acompañado contando fajos de dinero y guárdandolos en sobres o bolsas. Las imágenes–que se obtuvo de una computadora de Kueider– tienen fecha: fueron entre octubre de 2018 y enero de 2019, la misma época en la que se lo investiga por el cobro de coimas en la empresa de energía ENERSA; de la que él era el representante del Estado entrerriano.

Las pruebas vienen de otra causa en la que es investigado y tiene que ver con las presuntas coimas que la empresa Securitas pagó para operar en la empresa estatal mientras Kueider estaba al frente. Se analiza su participación entre el 2017 y 2019 por los pagos indebidos que hicieron los exdirectivos del grupo empresarial Securitas: Jorge Christian Faria; Gabriel Di Cesare; Alejandro Eduardo Castex; Mario Alberto Alesci; Julio Fernando Terrado; Marcelo Javier Tortul y Claudio Raúl Tortul en favor de funcionarios públicos para mantener las concesiones de contratos de prestación de servicios de seguridad. Casualmente, indica la fiscalía, una de las mujeres que aparece en la imágenes sería Mariela Teruel, subsecretaria de Gestión Administrativa y Asuntos Jurídicos de Entre Ríos y cónyuge de Néstor Balcar, gerente de suministro de ENERSA. 

Para Domínguez, las filmaciones que Edgardo Kueider conservó, por razones desconocidas, “aunque presumiblemente para deshacerse de imágenes comprometedoras poco antes de dejar su cargo provincial, ilustran cómo aquel funcionario y su entorno disponían de importantes sumas de dinero en efectivo en el interior de oficinas gubernamentales”. Y agrega que eso deja en evidencia de que se trataba de una práctica habitual, ejercida con naturalidad, en el interior de las oficinas. Y concluye que los videos, constituyen “una prueba más de cómo Edgardo Kueider, la principal fuente de dinero de origen ilícito de la organización, operaba con importantes sumas de efectivo que necesitaban de la ingeniería de blanqueo configurada por la asociación para incorporarlos al circuito legal”.

Celeste del Bianco / P12