Cuatro organizaciones de la sociedad civil le pidieron a la justicia que deje sin efecto las designaciones “en comisión” para la Corte que hizo Javier Milei sin contar con el aval del Senado. La presentación deberá ser evaluada por el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla, que la semana pasada se declaró competente para revisar los nombramientos por decreto con los que se despachó el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) plantearon una acción de amparo para que se declare la inconstitucionalidad del decreto 1372025 y, de esa forma, se frenen las incorporaciones de dos magistrados al máximo tribunal. 

Como acciones urgentes, las ONG reclamaron que le impidan a Manuel García-Mansilla abocarse al estudio de causas que lleguen a la Corte o de expedientes que ya estaban en el máximo tribunal. A García-Mansilla le tomó juramento el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en una ceremonia prácticamente secreta a la que solo acudieron los otros dos supremos, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, los secretarios letrados del alto tribunal y el número dos del Ministerio de Justicia, Sebastíán Amerio. No hubo familiares ni amigos de quien se desempeñaba como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, históricamente ligada al Opus Dei.

En el caso de Lijo, el CELS, ACIJ, Inecip y Poder Ciudadano piden que se frene su jura. La situación de Lijo es compleja. Desde 2004, es titular del Juzgado Federal 4 de Comodoro Py. Tiene 56 años y, por ende, le quedan 19 años en la judicatura. La designación en comisión de Milei solo se extiende hasta fines de noviembre de este año. Frente a esa inestabilidad, Lijo no quiere renunciar y perder su oficina en el tercer piso de los tribunales de Retiro. Pidió licencia. La Cámara Federal porteña en pleno hizo lugar a la solicitud del juez.

Sin embargo, hay quienes entienden que por ser una licencia extraordinaria debería ser una decisión que tomen los integrantes de la Corte. Las versiones indican que Rosenkrantz y Rosatti podrían decir que no puede tomarse licencia y que debería renunciar a su juzgado para sumarse a la Corte. Lorenzetti, que motorizó la candidatura de Lijo para el máximo tribunal, piensa que no hace falta que dimita. El interrogante es qué hará García-Mansilla.

Si bien el tema va a abordarse en el acuerdo de este jueves, nadie se anima a vaticinar que efectivamente se llegue a una resolución. Lijo tiene un ojo puesto en lo que está pasando en el Senado, ya que, en su caso, cuenta con dictamen para que su pliego sea llevado al recinto. Necesita alcanzar los dos tercios para ser nombrado juez de la Corte. Unión por la Patria (UxP), que tiene 34 de las 72 bancas, dijo que no avalaría a ningún candidato que aceptara entrar en comisión a la Corte. A Lijo lo resisten sectores del PRO y particularmente la vicepresidenta Victoria Villarruel, que hizo campaña en contra de su designación. 

Los argumentos

Las ONG plantearon que el decreto 137 /2025 de Milei afecta las garantías de juez natural, independencia e imparcialidad judicial. “No cabe duda alguna de que debe pesar sobre esta medida una fuerte presunción de inconstitucionalidad”, remarcaron.

Para las organizaciones de la sociedad civil, el Gobierno se apartó del procedimiento ordinario para la designación de jueces o juezas, que involucra el acuerdo previo e ineludible del Senado. En el decreto, Milei explicó que hizo los nombramientos en comisión porque se lo permite el artículo 99-inciso 19 de la Constitución, que afirma que el Presidente puede completar las vacantes de “empleos” que se produzcan durante el receso del Congreso. Sin embargo, solo una de las dos vacantes se produjo cuando el Senado no estaba funcionando: la de Juan Carlos Maqueda, que el 29 de diciembre cumplió 75 años y se retiró. “Sin embargo, no resultó un hecho intempestivo y fue totalmente previsible”, subrayaron. 

Sostuvieron, además, que no había gravedad institucional que justificara las designaciones sin pasar por el Senado. El Gobierno afirmó que el máximo tribunal no podría funcionar únicamente con tres miembros, obviando otras experiencias históricas –como los meses en que la Corte estuvo únicamente conformada por Lorenzetti, Maqueda y Elena Highton de Nolasco tras la renuncia de Carlos Fayt. “El Poder Ejecutivo no demuestra, de ninguna manera, en qué medida concreta afecta esto la tramitación de causas y el funcionamiento administrativo de la Corte”, escribieron.

Para las asociaciones, está claro que el Senado trató los pliegos, hizo las audiencias en agosto, pero la Casa Rosada no alcanzó los acuerdos necesarios para conseguir la mayoría calificada para nombrar a sus postulantes. “En modo alguno puede utilizarse la designación en comisión para sortear la falta de acuerdo del Senado respecto de candidatos en particular”, apuntaron. 

Por último, insistieron en la falta de independencia que trae aparejada una designación unilateral del Poder Ejecutivo. “El manto de sospecha emana de la fragilidad institucional que precede su nombramiento”, afirmaron. “Resta decir que estos jueces no son independientes y, por tanto, no podrán garantizar su imparcialidad”, concluyeron.

Los movimientos

El viernes pasado, Ramos Padilla se declaró competente para analizar las designaciones en comisión. El juez unificó la presentación que había hecho el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) –con las firmas de Mariano y Emanuel Lovelli– con la que formularon Jonatan Baldiviezo (Observatorio del Derecho a la Ciudad), Fernando Cabaleiro (Naturaleza de Derechos) y María Eva Koutsovitis (La Ciudad Somos Quienes la habitamos). 

El CELS, Poder Ciudadano, Inecip y ACIJ explicaron que hicieron su presentación en La Plata porque hay una evidente conexidad entre su planteo y lo que está examinando Ramos Padilla. Argumentaron que, de ese modo, evitarían el dictado de sentencias disímiles o contradictorias sobre un mismo tema. 

Ramos Padilla le corrió vista al Poder Ejecutivo para que brinde explicaciones por el decreto. Tiene dos plazos: tres días hábiles para la cautelar y diez para el amparo. Esta semana, Ramos Padilla está de licencia. El magistrado también notificó a Lijo y a García-Mansilla para que se presenten en el expediente. Por ahora, no hubo mayores novedades.

En su resolución del viernes, Ramos Padilla hizo hincapié en la necesidad de actuar con prudencia por la trascendencia institucional que tiene la conformación del máximo tribunal. Fue, en parte, un mensaje a los cortesanos que el jueves improvisaron una jura a las corridas porque temían una cautelar que impidiera la ceremonia inaugural de García-Mansilla. Había antecedentes: en 2015, cuando estaba a cargo del juzgado federal de Dolores, Ramos Padilla frenó la designación de Rosatti y Rosenkrantz por el mero decreto de Mauricio Macri. Después de ese fallo, el líder del PRO, y tras los rechazos que consiguió de todo el arco político, se avino a completar el trámite de la Cámara alta, donde sus candidatos cosecharon los votos necesarios para llegar a la Corte.

Por Luciana Bertoia / P12