Las autoridades de las universidades públicas y privadas de todo el país acordaron con la Secretaría de Educación avanzar con la implementación de planes de estudios organizados por créditos y no por horas de cursada.

En la última reunión del Consejo de Universidades (CU), que nuclea a los rectores de las casas de estudio públicas y privadas, se definió avanzar con la implementación del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU), que se había aprobado en octubre de 2023. La medida llega luego de un año signado por el conflicto abierto entre las universidades públicas y el Gobierno nacional por los recortes en el presupuesto y la caída de los salarios docentes.

El sistema de créditos académicos (SACAU) se creó por medio de la resolución N° 2598/23, firmada por el exministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk. Ahora las universidades tendrán tiempo hasta 2027 (con la opción de pedir hasta dos años más) para adaptar los planes de estudios de las carreras ya existentes y expresarlos en el sistema de créditos. En tanto, todas las nuevas carreras que se creen deberán estar formuladas según este sistema.

A diferencia del formato actual, el “crédito” expresa no solo las horas de cursada (en cualquier modalidad, presencial o virtual), sino también el tiempo de trabajo autónomo que se espera que el estudiante realice en su casa (por ejemplo, el tiempo de lectura, de preparación de trabajos prácticos y de estudio para los exámenes)

“Es un gran cambio académico, de esos que reforman profundamente el sistema universitario. Pasar del concepto de horas al de créditos tiene enormes ventajas. Primero, hace que la cursada sea más flexible. Segundo, es el sistema que usa el mundo, y por cuestiones inentendibles Argentina nunca lo había querido implementar”, dijo Víctor Moriñigo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de San Luis.

El nuevo sistema facilitará el intercambio entre carreras dentro y fuera el país, así como el reconocimiento de títulos en otros países, señalaron desde el CIN. “Ahora habrá una real movilidad interna de estudiantes, con equivalencias más inmediatas. También habrá una movilidad internacional más cómoda, porque tendremos un reconocimiento inmediato en créditos”, explicó Moriñigo a Infobae.

La resolución que crea el SACAU define que un crédito es “la unidad de tiempo total de trabajo académico que dedican los/as estudiantes para alcanzar los objetivos formativos de cada una de las unidades y/o actividades curriculares que componen el plan de estudios”. Según el nuevo esquema, un crédito equivale a 25 horas de trabajo total del estudiante.

Los cambios fueron aprobados por el CU, integrado por el CIN en representación de las universidades estatales y por el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), y encabezado por el titular de la Secretaría de Educación, Carlos Torrendell. También están representados en el CU los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior (CPRES) y el Consejo Federal de Educación.

“Este es el resultado de un trabajo arduo y continuado que hace que la Argentina hoy esté liderando las transformaciones en el nivel superior, de la mano del compromiso por garantizar la libertad académica y la libertad de cátedra como pilares de la educación universitaria”, sostuvo el secretario Torrendell.

De la reunión también participó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. “Estamos dando un paso muy importante para la modernización del sistema universitario, en línea con los sistemas más actuales de Occidente, lo que nos va a permitir una gran flexibilidad para encarar los cambios tecnológicos que se vienen en el campo del conocimiento”, dijo Álvarez.

Además, el Consejo de Universidades definió avances en la implementación de los Sistemas Institucionales de Aseguramiento de la Calidad (SIAC), también en continuidad con una resolución (la 2597/2023) aprobada a fines de 2023 por la gestión educativa anterior.

La medida apunta a que cada institución cree un sistema de evaluación de la calidad para las carreras que no están contempladas en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, es decir, las que no implican “riesgo público” –y por lo tanto no son acreditadas periódicamente por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)–. Según explicaron desde el CIN, la iniciativa requerirá entre otras cuestiones la creación de un banco de evaluadores.

¿Y el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas? Víctor Moriñigo, presidente del CIN, ratificó que los rectores están a la espera del presupuesto 2025. “Tener partidas para cada universidad sería una tranquilidad. Sería muy malo otro año de peregrinar al Gobierno (por los fondos)”, consideró Moriñigo. Sin embargo, no se mostró demasiado optimista: “Todo indica que, si no escuchan a los gobernadores, menos escucharán a los rectores”.

Nota:infobae.com