Todo lo que hoy se tolera mañana va a indignar. Todo lo que se esconde va a salir  a la luz. Todo el miedo que se tiene va a desaparecer.

No se trata de un destino revelado. Se trata de lo que la historia suele mostrar.

Todos los poderes son transitorios y hasta los gobernantes más autoritarios se vuelven débiles. Aunque los inquilinos del poder de turno crean que estarán ahí para siempre.

Muchos ataques, dos demandas. Desde que llegó al Gobierno, Javier Milei hace lo mismo que hacía antes de llegar al Gobierno: insulta, miente sobre las personas y las instituciones y utiliza un nivel de violencia verbal que no condice con el rol de mandatario de un país democrático que no atraviesa una guerra civil ni conflictos étnicos o religiosos.

Milei llama “nido de ratas” al Congreso, “corruptos” a legisladores, “chantas y mentirosos” a economistas, “hijo de puta, miserable de mierda” a los opositores y “ensobrado” a decenas de periodistas.

El Congreso, los legisladores, los economistas, los opositores y los periodistas responden absortos ante un hombre que usa el poder del Estado para injuriar y calumniar. Lo mismo hacen las instituciones defensoras del relacionamiento republicano: emiten declaraciones, acompañan a los agredidos e intentan convencer al Presidente de que sea razonable.

Pero de los cientos de personas atacadas por el jefe de Estado, solo dos decidieron pasar de la defensa individual y pública a reclamar ante la Justicia un castigo concreto contra Milei. Una fue Jorge Lanata. La otra es el fundador de Editorial Perfil.

De los cientos de atacados por Milei, solo dos fueron a la Justicia para pedir un castigo, Lanata y Fontevecchia

Milei calificó a ambos, entre otros epítetos, de “ensobrados”. Los que, según la lógica presidencial, son los periodistas corruptos, capaces de mentir a cambio de dinero (el “sobre”) o de armar operaciones mediáticas para destruir la reputación de las personas.

Lanata inició en abril un juicio por calumnias e injurias que recayó en el juzgado de Ariel Lijo, el candidato del oficialismo para integrar la Corte. Seis meses después, no se conoce ningún avance en esa causa.

Jorge Fontevecchia hizo lo propio a principios de junio. El juzgado interviniente en su caso fue el de Sebastián Ramos, quien, imprevistamente, el pasado 10 de octubre dictó el sobreseimiento del Presidente. En tiempo récord, sin siquiera abrir la causa, sin convocar a testigos, sin escuchar lo que el periodista tenía para decir ni lo que Milei respondería.

Lisa y llanamente, aceptó que no había motivo para incomodar al jefe de Estado, para que brinde una explicación de por qué había calificado a Fontevecchia de “ensobrado”, entre otras descalificaciones y falsedades.

La sentencia de Ramos tuvo dos repercusiones. Una fue la indignación y solidaridad de periodistas y entidades judiciales y sectoriales, nacionales e internacionales, que se preguntaron por qué un juez era capaz de dictar una sentencia tan controvertida, en tiempo récord y sin abrir la causa.

La segunda repercusión fue la apelación de Fontevecchia ante la Cámara Criminal y Correccional Federal.

Este jueves se conoció el fallo de la Sala 2 de esa Cámara que lleva la firma del juez Eduardo Farah. Toda la sorpresa e indignación que había causado la sentencia de primera instancia está expresada en términos jurídicos en el fallo de la Cámara. No solo se declaró la nulidad del sobreseimiento exprés de Milei, sino que se apartó de la causa al juez Ramos. Lo que los expertos señalan como algo atípico y grave que pone en cuestión la idoneidad del magistrado de primera instancia.

Justicia. El fallo de la Cámara de Apelaciones califica a la resolución de Ramos de “nula, por extemporánea y por confusa y genérica”, lo acusa de haber sobreseído a Milei “antes del momento establecido por la ley”, “anticipando la decisión del caso sobre la base de una litis (conflicto) aún no tratado integralmente”.

Ya con la dictadura, el menemismo y el kirchnerismo, Perfil logró en la Justicia un freno al poder de turno

Señala que el juez usó argumentos exculpatorios hacia el Presidente que ni siquiera el Presidente había usado, “por lo menos hasta hoy (…) lo que revela una inconsistencia entre los argumentos empleados y el tenor de la decisión adoptada que la descalifica como acto jurisdiccional válido”.

La dureza de la sentencia guarda relación con la gravedad de los “errores” que se le señalan al juez. Se advierte que “incurre en generalizaciones”, englobando a las ofensas “indiscriminadamente, como asuntos vinculados al interés público. No explicó por qué”. Sostiene que la omisión de investigar “priva de sustento argumental al fallo. Y lo invalida”.

El camarista no encontró en el fallo de Ramos pruebas para que este juez compartiera los argumentos de Milei, según los cuales “resultan asimilables las calificaciones de ‘vive de la pauta’ y ‘ensobrado’”. Y sostiene que, inexplicablemente, el juez mezcló lo que es la publicidad estatal con la acusación contra un periodista de “ensobrado”, lo que significa “una defraudación a la confianza social”.

La defensa de Ramos de los argumentos de Milei de que él no injurió, sino que se refirió a asuntos de “interés público”, es refutada con un ejemplo contundente: “Si criticando la actuación de una Corte alguien dijera que se practican rituales satánicos en sus despachos para resolver causas y eso no fuera cierto, ¿podría aceptarse como causal de atipicidad la invocación de que la actividad de los jueces es de interés público?”.

Por último, la Cámara recuerda la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre la libertad de expresión de los funcionarios: “No pueden vulnerar el principio de presunción de inocencia al imputar delitos que no han sido investigados y definidos judicialmente”.

Si nadie debería acusar sin pruebas de un delito, ¿por qué Ramos consideró que Milei sí lo podría hacer? La sentencia de la Cámara deja expuestas otras preguntas. ¿Por qué un juez federal decidió negar el inicio de una investigación judicial? ¿Por qué dio por ciertos argumentos del Presidente sin pedir pruebas y llamar a testigos? ¿Por qué no tuvo en cuenta jurisprudencia que cualquier abogado conoce?

¿Por qué hizo lo que hizo?

Cualquier intento de respuesta puede ser lacerante. No solo para ese juez, sino para una sociedad que espera que sus jueces sean independientes. Más allá de cualquier conveniencia o presiones que puedan recibir del poder político.

Otras justicias. No es la primera vez que Jorge Fontevecchia y esta editorial debieron recurrir a la Justicia para enfrentar las conductas autoritarias del poder de turno.

Durante la dictadura, fueron los jueces los que levantaban las recurrentes clausuras impuestas por el gobierno militar sobre la revista La Semana (antecesora de Noticias). Durante el menemismo, fue la Corte Interamericana la que dio vuelta un fallo de la Justicia argentina que castigaba el haber informado sobre el hijo no reconocido de Carlos Menem (luego aceptado como parte de su familia). Y fue la Justicia la que en esos años llevó a la cárcel a todos los asesinos de nuestro fotógrafo José Luis Cabezas. Durante el kirchnerismo, fueron la Cámara Federal y la Corte Suprema las que revocaron un fallo de primera instancia y condenaron a aquel gobierno por discriminación con la publicidad oficial.

Hoy mismo, además del juicio por injurias de Fontevecchia, Perfil inició un juicio por daños y perjuicios (tras la segunda vez que Milei repitió la mentira de que esta empresa había quebrado y expresó su deseo de que lo hiciera), por discriminación con la distribución de la pauta oficial (el mismo apriete del pasado) y por el no pago de las deudas del Estado.

Como antes, por ahora la mayoría prefiere no confrontar con los que ostentan el poder.  

Ya sea por un vergonzoso oportunismo acomodaticio.

O por el razonable riesgo de enfrentar a quien controla los destinos de un país, su economía, los resortes impositivos, sus Fuerzas Armadas, de Seguridad, de Inteligencia y, también como en el pasado, a una parte de la propia Justicia.

Por Gustavo González / Perfil