La UCR ya tuvo su primera prueba de fuego después de la división. Los proyectos para privatizar Aerolíneas Argentinas pusieron al bloque de Rodrigo de Loredo al lado del gobierno y el PRO mientras que el espacio recién nacido, comandado por Pablo Juliano, se alió con Encuentro Federal. La creciente división, con la que antes convivían y ahora pueden ejecutar sin inconvenientes, se da al mismo tiempo que sucede una definición pendiente: el futuro, dentro del partido, de los cinco que acompañaron los vetos de Javier Milei.

Los plazos del radicalismo son lentos, llenos de burocracia y todavía quedan casi dos semanas para que los acusados presenten sus descargos. Si bien la discusión es más política que reglamentario, según advirtió uno de los señalados por los correligionarios, con asesoramiento legal, se intentará echar por tierra con las acusaciones por tener graves fallas de forma e, incluso, casi por haber incurrido en una discriminación interna. “No cumplieron los plazos de fundamentación”, sostuvo una fuente en contra de las sanciones analizadas por el Tribunal de Ética del radicalismo. Según argumentó, los argumentos tendrían que haberse presentado el día en que se hizo la reunión para analizarlos, el 16 de septiembre, y no el 25, casi nueve días después, como sucedió, “cuando se habían autoimpuesto un plazo de 48 horas”.

El documento publicado lleva fecha del 19 de septiembre, pero fue colgado a las redes públicas el 25, algo que generó sospechas entre quienes se vieron damnificados por el análisis partidario. No fue el único dato que llamó la atención. También hizo ruido la firma de una de las cuatro figuras que validó el texto, señalada por no haber estado en el país, presuntamente, en ese día. “Es delicado”. Las cuatro firmas son las de Gastón Manes, Ivana Coronel, Hernán Rossi y Ricardo Gil Lavedra, el dirigente puesto en duda. Desde la Convención se rechazaron estas acusaciones de formas: “Es un disparate”. Para el órgano partidario, “las actas reflejan exactamente el contenido y las fechas en que se hicieron”.

Respecto de la ausencia de Gil Lavedra, se aseguró que “ya estaba en el país” cuando se firmaron los fundamentos el 19 de septiembre, tres días después del la reunión virtual que hicieron el 16. “El que diga lo contrario que muestre alguna prueba”, se advirtió.

Fuera de la cuestión de las formas y procedimientos, desde la parte acusada también se intentará relativizar lo ocurrido y poner en aprietos a otros dirigentes de la UCR que, como ellos, en ocasiones no acompañaron la definición de la mayoría. Una suerte de discriminación interna. Para los acusados, no hubo espacio para ser escuchados, una condición básica para cualquier proceso, sobre todo teniendo en cuenta que ya pesa una suspensión preventiva sobre la figura de los cinco que bancaron los vetos: Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat, Federico Tournier y Pablo Cervi.

Pero ese no es el único argumento. La doble vara fue esgrimida durante el debate dentro del bloque en Diputados, donde triunfó la posición de los cinco que se quedaron en el espacio, obligando a los 12 combativos a retirarse. El fundamento volverá a salir a la cancha. Según se entendió desde la parte acusada, no había un mandato de cómo votar ante los vetos dentro del bloque, pese a que el partido nacional se había manifestado en contra de las decisiones de Javier Milei y había llamado a rechazarlos. Pero, pese a ello, también se registraron antecedentes de división a la hora de encarar el debate parlamentario.

Los caso de Facundo Manes y Pablo Juliano, los dos que se mantuvieron opositores al gobierno sin grises, salieron a la luz a la hora de recordar el tratamiento de proyectos de esencialidad educativa donde ellos dos “votaron en contra sin que se tome ninguna medida” para reprenderlos.

En septiembre, cuando la Convención se reunió, dispusieron elevar la denuncia contra los diputados ante el Tribunal de Ética, que espera los descargos de los acusados, pero además se los suspendió en forma preventiva. Las decisiones se basaron “en los numerosos reclamos que distintos afiliados y dirigentes de varios distritos” elevaron. A partir de ese momento, se le encomendó al Tribunal la misión de analizar si por “el cargo que ocupen, las candidaturas o cargos políticos que acepten o los hechos que protagonicen lesionen la dignidad del partido o provoquen una situación de anormalidad grave que afecte o ponga en riesgo la unidad ideológica y política” del espacio nacional.

Entre estos hechos se mencionó la voluntad de los cinco contraria a la insistencia de la ley de movilidad jubilatoria, “lo que permitió la subsistencia del veto presidencial”. Por ello, la decisión de suspenderlos “se basa en la gravedad de sus acciones al votar en contra de un proyecto que habían apoyado previamente”. En el caso de otras divisiones dentro de la UCR, sin sanciones, se advirtió que no fueron reprendidas por haberse tratado de iniciativas ajenas al espacio.

A esta situación se le sumó, argumentó la Convención, un encuentro con el presidente que hizo “surgir naturalmente la sospecha de posibles intercambios de favores personales o políticos” entre el gobierno y los legisladores mencionados. A esa foto en Casa Rosada le siguieron otras, que no llegaron, por una cuestión cronológica, a ser analizadas.

Por Carla Pelliza / El Destape