La Cámara Federal de Casación Penal se prepara para resolver esta semana si confirma, revoca o agrava la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por delitos cometidos con la obra pública en Santa Cruz durante su gobierno en el marco de llamada Causa Vialidad.

La fiscalía pidió agravar la condena contra la ex presidenta a 12 años por asociación ilícita mientras que la defensa de la exmandataria pidió su absolución.

 
La decisión ahora está en manos de los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes se cree que rechazarán los recursos interpuestos por la Fiscalía y las defensas.

Según fuentes judiciales, al menos uno de los jueces planteó la opción de agravar la condena de Cristina Kirchner de 12 años de prisión sumando el cargo de asociación ilícita.

Si la Cámara Federal de Casación Penal confirma la condena de 6 años de prisión en su contra, la única opción que le quedará a Cristina Kirchner para revertir la decisión será apelar ante la Corte Suprema de Justicia, en un proceso que podría extenderse durante años. 

Causa Vialidad: el juicio y un pedido de 12 años de prisión contra Cristina Kirchner

Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por el delito de defraudación al Estado a raíz del direccionamiento de la obra pública vial a favor de Lázaro Báez.

El juicio comenzó en mayo de 2019 y celebró casi un millar de horas de audiencias, que tuvieron su etapa más resonante con los alegatos de la fiscalía y las defensas.

Desde el inicio del juicio, en 2019, la exmandataria sostuvo que su condena estaba "escrita de antemano" al denunciar que se trataba de "un juicio político" contra el kirchnerismo.

A Cristina Kirchner se la acusó de liderar una banda delictiva que favorecía al empresario Lázaro Báez con la concesión de obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015, en un caso que tiene también tuvo imputados a los ex funcionarios kirchneristas Julio de Vido y José López.

En total, fueron 13 los acusados por dos delitos: asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por un monto superior a los 5.321 millones de pesos.

El 22 de agosto de 2022, al finalizar el juicio, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron la pena de 12 años de prisión parar Cristina Kirchner como presunta autora penalmente responsable de los delitos de jefa de una asociación ilícita y administración infiel en perjuicio del Estado por la  adjudicación de obra pública a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El pedido de los fiscales incluyó la inhabilitación perpetua para volver a ejercer cargos públicos y el decomiso de todos los bienes que fueron objeto de la investigación y sean destinados a "instituciones de bien público". "El estado de derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados", proclamó el fiscal Luciani.

El 6 de diciembre de 2022, Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por el delito de defraudación al Estado a raíz del direccionamiento de la obra pública vial a favor de Lázaro Báez.

El tribunal también condenó a Lázaro Báez (6 años), a José López (6 años), a Nelson Periotti (6 años), a Mauricio Collareda (4 años), a Juan Carlos Villafañe (5 años), a Raúl Daruich (3 años y 6 meses), a Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses) y a José Raúl Santibáñez (4 años).

En abril de 2023, la defensa de Cristina Kirchner apeló la condena dictada porque "a lo largo del juicio quedo acreditada, en forma categórica, la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner".

El veredicto de los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, del Tribunal Oral Federal 2, fue apelado posteriormente por todas las partes; la fiscalía reclamó que también a Cristina Kirchner se la condene y se le agrave la pena por el delito de "asociación ilícita" y la defensa reclama la absolución.

"Estamos ante un hecho de corrupción estatal que como tal socava las legitimidades de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia así como el desarrollo integral de los pueblos", fundamentó el TOF 2 en un documento de más de 1.600 folios publicado tres meses después de emitido el veredicto.

En abril de 2023, la defensa de Cristina Kirchner apeló la condena dictada porque "a lo largo del juicio quedo acreditada, en forma categórica, la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner".

"Tanto fue así que el tribunal no tuvo más remedio que descartar las tres toneladas de prueba que la fiscalía decía tener en contra de nuestra representada, fundando la sentencia a partir de simples indicios y algunos papeles que a lo sumo deben pesar unos pocos gramos", dijo la defensa.

Los abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy afirmaron entonces que "en cualquier juicio normal, al haber quedado probada la falsedad de la acusación, jueces imparciales hubiesen dictado un pronunciamiento absolutorio".

En febrero de este año, el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Mario Villar, por su parte, pidió duplicar la condena a seis años de prisión contra la ex presidenta.

Villar coincidió con los argumentos de su colega que actuó en el juicio en 2022, Diego Luciani, y afirmó que durante el gobierno de Néstor Kirchner y los dos de Cristina Kirchner "funcionó una asociación ilícita" montada sobre el aparato estatal.

Al mismo tiempo, Villar pidió la elevación de las penas de José López, del ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y del propio Lázaro Báez. También reclamó que sea condenado el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien fue absuelto en el juicio.

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