La represión que desató el gobierno de Javier Milei, el 11 de septiembre pasado, mientras el oficialismo lograba en el Congreso que se sostuviera el veto al aumento de las jubilaciones, y que incluyó la agresión con gas “pimienta” a una niña de 10 años y una operación para encubrir el rol de la policía en ese ataque, provocó todo tipo de denuncias en tribunales y hasta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También hubo presentaciones en el Congreso y la Relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, se hizo eco de lo sucedido.

Al cierre de esta nota había un total de tres (3) denuncias presentadas en Comodoro Py, una ampliación en elaboración, un escrito ante la CIDH y al menos dos proyectos legislativos para que se cite a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich al Congreso a brindar explicaciones sobre el operativo y el intento de encubrir la agresión policial a la menor y su madre con videos falsos. La relatora especial de la ONU Gina Romero afirmó en un hilo de X: “Es muy doloroso ver a personas mayores, niños y niñas siendo atacadas y violentadas por el sólo hecho de ejercer su derecho a la protesta pacífica en #Argentina”.

Bullrich quedó en el centro de la escena no solo por el operativo represivo sino porque funcionarios de su cartera montaron una operación en los medios hegemónicos de comunicación, donde sostuvieron que el ataque a la menor -Fabricia- fue de los propios manifestantes. La propia ministra se inmoló luego, lo que provocó que desde distintos sectores se pidiera su renuncia. Las filmaciones de la agresión policial sobre la niña son contundentes y su difusión expuso las mentiras que se emanaron desde Seguridad, es decir, el intento de encubrimiento del hecho. Tras la agresión y la operación mediática, la propia Bullrich salió a defender lo indefendible diciendo que el policía que atacó a la menor no podía ver a quién tenía enfrente por el casco que llevaba puesto.

Tal como durante su anterior gestión en Seguridad, defendió a la Gendarmería en el caso de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, en esta ocasión dijo: “Nosotros no vamos a ir en contra de la policía”. Incluso el jueves llamó a LN+ cuando desde esa señal televisiva pidieron su renuncia por la operación que se había confeccionado para encubrir a la Policía Federal.

Tras la judicialización del caso se espera que la ministra brinde explicaciones en sede judicial.

Dalbón denunció a Bullrich y a la PFA

El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py contra Bullrich e integrantes de la Policía Federal por la represión del 11 de septiembre. El caso quedó radicado en el juzgado federal Nº 9 que subroga la jueza María Eugenia Capuchetti, la magistrada nombrada por Mauricio Macri que es cuestionada por no investigar a fondo el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Kirchner. El fiscal interviniente es Eduardo Taiano.

Dalbón quiere que se investigue la responsabilidad de la titular de la cartera de Seguridad en la represión y hace especial énfasis en el caso de la niña agredida por la Policía con gas “irritante”. Según el letrado, hubo “encubrimiento” por parte de las autoridades luego de que se gaseara a la menor. Calificó lo sucedido como “un hecho de gravedad institucional nunca visto en democracia”. La denuncia es por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Este viernes, luego de que realizara la presentación judicial, Dalbón difundió en redes sociales una foto con Fabricia y dijo que asumió su representación legal. Esto implica que cuando sea convocado a ratificar su denuncia planteará ser tenido como querellante. Ante la prensa, afirmó: “La ministra tendrá que responder por un delito, es un tema criminal”.

Por ser la de Dalbón la primera denuncia sorteada en Comodoro Py por este caso puede que actúe como polo de atracción.

La Comisión Provincial por la Memoria expone la operación de Seguridad

Otra denuncia que también hizo foco en el ataque a Fabricia durante la represión del miércoles, fue la que realizó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Integrantes de este organismo de DD.HH. fueron quienes atendieron a la menor cuando fue agredida. Por sorteo, la presentación recayó en el juzgado federal Nº 1 a cargo de María Servini, la misma magistrada que investiga los disturbios que se produjeron en los alrededores del Congreso durante la represión del 12 de junio, cuando se votaba la Ley Bases.

En este caso, la acusación fue contra la secretaria de Seguridad de la cartera que conduce Bullrich, Alejandra Monteoliva, y la Policía Federal por violación de los deberes de funcionario público. Monteoliva, segunda de Bullrich, fue quien mintió en un canal de televisión sobre cómo fue el ataque a la niña para encubrir a la policía.

“Venimos a denunciar el accionar de agentes de la Policía Federal Argentina (PFA), en el operativo policial desplegado el día 11 de septiembre desde las 11 hs., y de la Secretaría de Seguridad de la Nación Alejandra Monteoliva, en el marco de la manifestación convocada por jubilados, jubiladas y organizaciones sociales, políticas y gremiales, en la Plaza Congreso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ocasionaron lesiones por uso de gas irritante arrojadas por agentes de la Policía Federal Argentina a la niña Fabricia”, comienza la denuncia que lleva las firmas de del presidente de la CPM y Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; de la presidenta de la CPM, Dora Barrancos; y del secretario del mismo organismos de DDHH, Roberto Cipriano García.

En un hilo de X (ex Twitter), desde la CPM sintetizaron la denuncia: “Ayer el Min. de Seguridad de Nación ordenó una vez más reprimir la movilización de manifestantes frente al Congreso. En esa avanzada rociaron con gas pimienta a una niña de 10 años. La nena estaba con su mamá, agachadas en el piso, cuando un efectivo las roció a corta distancia. Después de reprimir, la sec. de Seguridad Alejandra Monteoliva salió públicamente a negar la responsabilidad policial por este brutal ataque. Lo hizo difundiendo videos que no son de ese momento, con la intención de acusar a ‘personas vestidas de naranja o de derechos humanos’. Una mentira dicha con tanta impunidad no puede durar demasiado. Los registros de medios periodísticos y trabajadores prensa muestran claramente el momento en que la policía arroja gas pimienta sobre la niña. Son videos que circularon todas estas horas, a pesar que el Ministerio de Seguridad quiera sostener su mentira para desligarse de la responsabilidad de reprimir.”

Desde el organismo de DD.HH. enmarcaron su presentación “en las tareas de monitoreo realizadas por la CPM en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, parte del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura”. Justamente por ese rol, estuvieron monitoreando el accionar policial durante la jornada del 11 de septiembre.

En la denuncia se incorporaron fotos y videos del ataque contra los manifestantes y la agresión contra Fabricia. También se precisó que el Responsable de la Policía Federal que estuvo a cargo del operativo fue el comisario Perillo. Al cierre de esta nota, la CPM estaba trabajando en una ampliación de la mentada denuncia, sobre los nombres de los heridos. A su vez, denunciarán que en este caso se violó la Ley Nacional de Inteligencia.

Exsecretario de DD.HH. amplía denuncia contra Bullrich por sus excesos represivos

El exsecretario de DD.HH., Horacio Pietragalla Corti también se hizo eco de la represión y el ataque a Fabricia y realizó una ampliación de una denuncia previa contra Bullrich que tramita en Comodoro Py. “Como presidente de la Red Federal de Derechos Humanos, presenté ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi la ampliación de la denuncia contra la ministra Patricia Bullrich, originalmente presentada tras la represión a la marcha de los jubilados del pasado 4 de septiembre. En este nuevo escrito, denunciamos los nuevos hechos sucedidos el 11/9, sobre todo la represión violenta que -además de jubilados y jubiladas- ahora incluyó niños rociados con gas pimienta”, escribió en la red X. El juzgado federal Nº 8 actualmente está siendo subrogado por el juez Sebastián Ramos ya que Martínez de Giorgi se encuentra de licencia.

El CELS se presentó ante la CIDH

El caso de la represión a jubilados también llegó a la CIDH. El Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) puso en conocimiento del organismo internacional de DD.HH. “el operativo desmesurado desplegado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Ciudad ante la concentración del miércoles”.

Por ejemplo, advirtió sobre las demoras a micros con integrantes de organizaciones sindicales que ingresaban a la ciudad para asistir a la manifestación. Denunció el uso de balas de goma para dispersar la protesta; en esa línea, se resaltó que una persona recibió 27 impactos de bala de goma en el cuerpo. El organismo de derechos humanos también alertó el uso de gases lacrimógeno a muy corta distancia sobre adultos mayores, sobre Fabricia y sobre otro niño de 9 años.

Ante este escenario, el CELS le requirió a la CIDH que:

1. “Solicite información al Estado sobre el desarrollo del operativo de seguridad del día 11 de septiembre de 2024, especialmente respecto del uso indiscriminado de armas “menos letales” y de los manifestantes heridos”.
    
2. “Manifieste al Estado argentino su preocupación por la criminalización y represión de la protesta social y, en particular, por el uso desproporcionado de la fuerza sobre adultos mayores y niños, niñas y adolescentes”.
    
3. “Exprese su preocupación por los hechos puestos en su conocimiento, que son la consecuencia de la puesta en vigencia de normas y prácticas regresivas y contrarias a los estándares internacionales sobre el derecho a manifestarse, a la libertad de expresión y de reunión en la Argentina”.

En la misma línea, este viernes, el CELS manifestó en redes sociales: “Una niña de 10 años fue gaseada en el rostro. Este hecho aberrante tiene que llevar al Poder Judicial, de una vez por todas, a investigar y controlar la violencia que la policía despliega en cada manifestación. Esta violencia es promovida por el Ministerio de Seguridad y se ampara en un protocolo inconstitucional”.

Relatora de la ONU cuestiona la represión del Gobierno

Gina Romero, Relatora Especial de la ONU para la Libertad de Asociación y Asamblea, se expresó en redes sociales por la represión y el caso Fabricia. “Es muy doloroso ver a personas mayores, niños y niñas siendo atacadas y violentadas por el sólo hecho de ejercer su derecho a la protesta pacífica en #Argentina”, comenzó un hilo de X. “La convención sobre los derechos de la niñez y la Convención interamericana sobre la protección de las personas mayores son claras al indicar que tanto los niños y niñas (-18) como las personas mayores (60+) son titulares de derechos a la libertad de celebrar reuniones pacíficas”, agregó. Y señaló que “todos los estándares internacionales para las personas encargadas de hacer cumplir la ley, incluyen provisiones especiales que reconocen el especial cuidado a tener hacia niños y niñas, de la acción en el contexto de reuniones pacíficas, incluyendo protestas”. Está más que claro que esto no se tuvo en cuenta en la represión del pasado miércoles.

Romero también resaltó que “la guía de ONU sobre armas menos letales también es clara” y señala que “'las políticas, instrucciones y operaciones de aplicación de la ley deben prestar especial consideración a quienes son particularmente vulnerables a las consecuencias nocivas del uso de la fuerza en general y a los efectos de armas menos letales específicas’, incluidos la niñez y las personas mayores”.

En lo que se vislumbra como un problema a nivel internacional para el Gobierno, la relatora destacó: “El protocolo modelo tiene abundantes provisiones específicas para la garantía de la libertad de asamblea de niños y niñas, así como para otros grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo las personas mayores”. Y recordó que “hace unas semanas le propuse al gobierno de Argentina que hiciéramos un análisis de los impactos del protocolo antipiquetes. Sigo manifestando mi disponibilidad para ajustar la normativa para que esté alineada con los estándares internacionales de protección de los DD.HH.”. Por ahora, el Gobierno de Javier Milei mira para otro lado.

Presentan proyecto para citar a Bullrich al Congreso

Además de los tribunales de Comodoro Py y la CIDH, el caso por la represión del 11 de septiembre llegó al Parlamento. Por un lado, el diputado Leandro Santoro, de Unión por la Patria (UxP), y por otro Esteban Paulón, de Encuentro Federal, por ejemplo, presentaron proyectos para que se cite a la ministra Bullrich al Congreso a dar explicaciones.

"Acabamos de pedir la comparecencia de la Ministra de Seguridad y su vice al HCDN por el accionar de la PFA durante la marcha de ayer (donde resultó gaseada una niña) y por la operación de encubrimiento llevada adelante por dichas autoridades, que hoy quedó al descubierto", tuiteó Santoro el viernes por la noche.

El diputado Paulón, de Encuentro Federal, por su parte, difundió que presentó un proyecto para que la ministra de Seguridad “brinde explicaciones ante el Congreso por el último operativo”. “Una menor fue atacada con gas pimienta y luego intentaron encubrir el hecho con videos falsos. Esto es inadmisible en democracia”, afirmó.

Las imágenes y videos son evidentes: el 11 de septiembre, ante una nueva manifestación de protesta, Bullrich volvió a excederse con sus pretensiones represivas. El interrogante es si esta vez, tras las diversas presentaciones judiciales y ante organismos internacionales, habrá consecuencias legales para ella y el Gobierno que representa.

Por Franco Mizrahi / El Destape