La diputada Lourdes Arrieta apuntó al vínculo del fiscal Sergio Mola con la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich para insistir con su apartamiento de la causa en que se investiga la visita de legisladores libertarios a genocidas. Bullrich tiene bajo su órbita al Servicio Penitenciario Federal (SPF), que quedó en el centro de la investigación por tener el control del acceso al penal de Ezeiza donde se realizó el encuentro, el 11 de julio pasado. A su vez, en el Consejo de la Magistratura le pidieron explicaciones este miércoles a la jueza Agustina Díaz Cordero, la vicepresidenta del órgano que selecciona y sanciona jueces, quien aparece mencionada en los grupos de chats que se organizaron para favorecer a los represores.

El encuentro con Bullrich que motivó la apelación

La diputada Arrieta llevó a la Cámara Federal de La Plata su pedido de apartar del caso al fiscal de Lomas de Zamora Sergio Mola. La legisladora junto a su abogado Yamil Castro Bianchi apeló una decisión del juez de primera instancia Ernesto Kreplak, quien el 28 de agosto había rechazado apartar al fiscal Mola. El mismo magistrado concedió el recurso. Ahora, la sala III del tribunal de alzada revisará lo resuelto por Kreplak. Es decir, si mantiene a Mola en esta causa o lo desplaza.

Para insistir con el pedido de apartamiento del fiscal de Lomas de Zamora, en su apelación Arrieta presentó como un hecho nuevo el encuentro que mantuvo con Bullrich en su despacho el pasado 15 de agosto, cónclave del que dio cuenta El Destape. La diputada enfatizó que fue convocada por la ministra luego de que presentase una denuncia penal por la visita que compromete al SPF y a sus ex compañeros de bancada. Según la diputada, en esa reunión Bullrich le pidió que “cuidara” al SPF porque era “muy allegada a ella” y dijo tener “vínculo” con Mola y estar preocupada por el juez que está a cargo de la causa. Con esta narración, Bullrich aparece interesada en el caso, concretamente en cubrir lo relativo al accionar de los penitenciarios. Seis días después de ese encuentro, Mola planteó la desestimación de la denuncia.  

Kreplak, como informó este medio, había firmado el rechazo del pedido de apartamiento de Mola dos horas antes de que se cargara en el sistema el escrito en que Arrieta daba cuenta de su encuentro con Bullrich por lo que no fue tenido como parte de la recusación en primera instancia. La querella incluyó lo relativo a ese cónclave en su apelación.

“El FISCAL POSEE BUENA RELACIÓN CON LA MINISTRA DE SEGURIDAD, Patricia Bullrich, lo que implica una nueva causal de recusación sobre la que esta parte ha tomado reciente conocimiento y evidencia una amistad que hace imposible que guarde objetividad con la investigación a realizarse”, sostuvo Arrieta en la apelación que presentó junto a su abogado.

 
La diputada añadió en su presentación: “Luego de mi denuncia, la ministra Patricia Bullrich me cita a su despacho, me requiere que ‘cuide’ al personal del Servicio Penitenciario, y alude frente a los presentes su vínculo con el Fiscal de la causa. No así con el Juez Kreplak, de quien refirió que le preocupaba su intervención”. Para la denunciante, “lo expuesto resulta importante debido a que, tal y como he acreditado, el viaje a la unidad Penitenciaria, según se informa en los grupos (de chats), ha sido previa confirmación con la misma Ministra con la que el fiscal posee lo que el ritual denomina amistad”. Por ejemplo, en un chat grupal en el que participaba Arrieta, el 11 de marzo pasado, el cura Javier Olivera Ravasi, hijo de un genocida condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad, escribió: “El Dip Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich para que quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión a visitar los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz se les facilite el ingreso sin inconvenientes. Ya está hablado. Quienes quieran ir, por favor coordinar por privado con Beltrán”. Todo indica que la mención es a otra visita que hicieron diputados libertarios a represores, previa a la del 11 de julio. Por ejemplo, hubo otro encuentro en Campos de Mayo donde también hay genocidas detenidos.

Ante este escenario, Arrieta y Castro Bianchi resaltaron que el vínculo entre Bullrich y el fiscal “genera un serio temor de pérdida de objetividad” por parte del acusador. Y agregaron: “Ante la posibilidad de que eventualmente se investigue una posible vinculación entre la aludida ministra y los controles de las Unidades Penitenciarias a su cargo, evidencian que debe tenerse en cuenta el apartamiento del acusador para lograr tener una investigación transparente y libre de todo tipo de condicionamiento por relaciones previas”.

En su apelación, la diputada querellante requirió a la cámara platense “que revoque la resolución” de Kreplak que mantiene a Mola en la investigación y que “ordene la producción de las medidas tendientes a corroborar las manifestaciones sobre la causal de recusación invocada”, es decir, que se cite a testigos y se reconstruya la reunión Bullrich-Arrieta del 15 de agosto. En el encuentro en el despacho de Bullrich estuvieron presentes el Secretario de Articulación Federal de la ministra, Néstor Majul; el hermano de la diputada, Martín Arrieta; y el abogado Fernando Soto, defensor del expolicía Luis Chocobar y director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad.

La diputada solicitó a la cámara platense que  “ordene la asignación de nuevo fiscal o que el juzgado reasuma la investigación hasta tanto pueda dirimirse lo atinente a la incidencia de recusación respectiva”.

Piden explicaciones a la vicepresidenta del Consejo por su rol en el caso

El caso de las visitas a genocidas por parte de legisladores libertarios fue tema de debate en el plenario del Consejo de la Magistratura de este miércoles. Si bien no era tema de la agenda de este encuentro, el diputado de Unión por la Patria y consejero Rodolfo Tailhade llevó la cuestión a la reunión de los consejeros y le pidió a Agustina Díaz Cordero, la vicepresidenta del órgano que selecciona y sanciona jueces, que aclare si tuvo algún tipo de participación en esta trama ya que hay chats que la comprometen. Se hizo eco de un reclamo de organismos de DDHH que presentaron una nota al Consejo el 18 de agosto y aún no obtuvieron una respuesta.

“La Mesa de Organismos de Derechos Humanos se presentó ante el Consejo de la Magistratura expresando su preocupación” por la aparición del nombre de Díaz Cordero en los chats que hacen al caso y  “nos piden que aclaremos su situación”, señaló Tailhade durante la reunión de plenario. “Díaz Cordero aparece mencionada en los chats como parte de algunas reuniones previas organizativas” de la visita, especificó el diputado y consejero. Y exigió: “Por el prestigio y reputación del cuerpo y el Poder Judicial es indispensable que tengamos una explicación de la doctora Díaz Cordero. Es una responsabilidad de todos. Pido que cumplamos con esto”.

Díaz Cordero, le respondió sin dar mayores precisiones: “Claramente no tengo absolutamente nada que ver con todo esto y por supuesto que voy a contestar la nota por escrito. Lo quise hacer a puertas cerradas en la reunión de Labor. A la brevedad voy a elevar la nota tanto a los organismos de DDHH como a cada uno de ustedes a través del presidente” Horacio Rosatti.

Como publicó El Destape, organismos de Derechos Humanos presentaron una nota al presidente del Consejo de la Magistratura, el juez supremo Horacio Rosatti, el 18 de agosto pasado para reclamar que se investigue si Díaz Cordero estuvo involucrada en la organización de la visita a represores en el penal de Ezeiza y la elaboración de un proyecto de decreto para sacar a los genocidas de la cárcel. El nombre de la jueza y consejera fue mencionado en los chats del escándalo y figura en la denuncia penal que realizó por este tema la diputada Lourdes Arrieta. De confirmarse su participación en este caso, los organismos analizaban pedir su expulsión del cuerpo.

En los chats que Arrieta presentó ante la justicia federal de Lomas de Zamora, donde se investiga la visita de los libertarios a genocidas en la cárcel de Ezeiza, hay al menos dos referencias a Díaz Cordero. Una proviene del cura Javier Olivera Ravasi, organizador de varias de las reuniones que se hicieron para favorecer a represores, y otra del diputado libertario Beltrán Benedit, quien fue uno de los que impulsó los encuentros con genocidas en las cárceles.

El 5 de julio pasado, Olivera Ravasi afirmó en el grupo de chat que compartía con abogados de represores, el ex camarista de Casación Eduardo Riggi y diputados libertarios que tuvo un encuentro con la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura. A las 9.05 de aquel día, el sacerdote pro-genocidas escribió: “Yo me ofrezco a hacer de nexo con la vice-pte del Consejo de la Magistratura. Estuvo con nosotros en la primera reunión, para quienes la recuerdan”. Y agregó: “El Dr Riggi también la conoce mucho”. No dio el nombre pero la vicepresidenta del consejo es la mentada jueza Agustina Díaz Cordero. La reunión a la que hace referencia el sacerdote es a una de las que se llevó adelante para avanzar con un proyecto que permita a los genocidas salir de las cárceles. Por si hubiera alguna duda de a quién se hacía referencia, el 19 de marzo de este año, a las 22:32, el diputado libertario Beltrán Benedit escribió en los chats grupales donde se debatía cómo favorecer represores: “En plan de accionar en distintos frentes y de manera conjunta vayamos pensando a quienes podemos ir enviando a Agustina Díaz Cordero!!”.

Se diluye posibilidad de crear una comisión investigadora en el Congreso

Mientras esto sucede en la justicia y el Consejo de la Magistratura, en la Cámara de Diputados también se discute sobre la visita escandalosa de diputados libertarios a los genocidas Alfredo Astiz (integrante del grupo de tareas de la ESMA, condenado a perpetua); Antonio Pernías y Adolfo Donda (también condenados a perpetua por los crímenes cometidos en la ESMA); y Raúl Guglielminetti (condenado a perpetua por su accionar en diferentes centros clandestinos de detención), entre otros represores. Desde UP reclaman la creación de una comisión investigadora para profundizar en la visita –que se realizó con un vehículo de la Cámara baja, por ejemplo-. Pero legisladores oficialistas negocian con la oposición dialoguista (el PRO, la UCR y Encuentro Federal) para que la cuestión no escale más que a una sanción leve. Buscan así dar por terminado en el Parlamento un asunto que incomoda, y mucho, al gobierno.

Por Franco Mizrahi / El Destape