Este miércoles, el oficialismo estaba fastidiado porque la oposición había logrado la derogación del decreto que destinaba al espionaje 100.000 millones de pesos a usar por la SIDE, para la que sí hay plata. Sospechada de haber facilitado quórum, miraban mal a Lourdes Arrieta, aunque el origen de la inquina saltó en la inmediata reunión de bloque de La Libertad Avanza, encabezada por Martín Menem, cuando –según la agencia Noticias Argentinas– fue interpelada por Beltrán Benedit y Nicolás Mayoraz:

–¿Cómo vas a denunciar al presidente de la Cámara mintiendo?

–¡Sos una operadora que busca tirar abajo el gobierno!

–Mirame a los ojos, ¡cobarde! –inquirió Menem, según C5N.

“Empezó a increparla con nombre y apellido al decirle que era una mentirosa, que había hecho una locura. Comenzó a señalarla con el dedo y la acusó de operadora”, precisó Rocío Bonacci (LLA), también señalada por Mayoraz.

Alguien en la reunión había empezado a grabar cuando Arrieta levantó la voz:

–No tenés huevos para defender lo que tenías que defender. ¡Martín Menem, mirame, yo pedí explicaciones! ¡Me hicieron una cama! 

–¿Quién?

–¡Vos! ¡Vos, Martín! ¡Me amenazaron y estoy con custodia!

–¿Qué cama, Lourdes? –insistió Menem.

–Dejámela a mí –se metió un macho por ahí.

Ante los gritos, una mujer comentó: “Nadie la consuela”. Marcela Pagano se asomó al dintel:

–Entren, entren, por favor.

Cuando se abrió la puerta, quedaron expuestos ante varios testigos.

Arrieta pidió a su abogado, Yamil Castro Bianchi, que ingresara junto a José Bonacci, asesor de la hija, pero los legisladores los desalojaron con personal de Seguridad.

Castro Bianchi describirá: “Entré y tuve que agarrarla como pude. Un cagón no me dejaba agarrarla, decía que me fuera porque no era diputado”.

–Se queda acá –buscaron imponerse varios varones.

Ella logró zafar del tironeo para salir a presentar una denuncia por violencia de género. En represalia, Lorena Villaverde (de Río Negro) propuso expulsarla. Le bajó el tono Gabriel Bornoroni, titular del bloque.

En defensa de su par, Bonacci dirá a los medios: “No debe ser expulsada. Estamos tratando de que el bloque esté más unido. Lo que pasó hoy es parte del mal manejo del bloque. Si la expulsan a Arrieta vamos a tomar cartas en el asunto, porque no me parece correcto. Tampoco me parece que tenga que soltarle la mano. La acompaño, como mujer y como colega, es una persona valiente que se atrevió a decir la verdad”.

Ni Arrieta ni su entorno respondieron la requisitoria del diario Los Andes, de su provincia. Clarín indicó que ella y su abogado fueron al destacamento policial del Congreso, pero llevaron la denuncia a la oficina de Género de la Corte. Según La Nación, quedó radicada en el Juzgado Civil 109.

Castro Bianchi dijo a C5N que Lourdes debió ser atendida por un médico y apuntó a Menem: “Le están facturando a la diputada que no reivindicaba el genocidio. Si alguno quiere bancar a los milicos, no tiene las pelotas para decirlo. En el único ámbito que tienen huevos es adelante de una mujer y apretándola. Que me lo desmientan Menem y Mayoraz”.

La Libertad Avanza debió emitir un comunicado: “Desmentimos absolutamente cualquier tipo de episodio de violencia o agresión. Actores malintencionados impulsaron rumores falsos con respecto a miembros de nuestro bloque, como Mayoraz”.

Contra Arrieta y su abogado salió la híper mileísta Lilia Lemoine: “Lo que vi es un escándalo de una desequilibrada mental… La chica del patito en la cabeza”. Y agregó: “Su abogado es el que armó la causa de (Gerardo) Milman. Más allá de que hubo un atentado contra la ex Presidenta, hubo también una causa armada y el abogado es el mismo (que) está aprovechándose de una chica que no tiene los patitos en fila”.

En efecto, Castro Bianchi había denunciado que, cuando pasó a ser el segundo del Ministerio de Seguridad con Bullrich, Milman designó a la Miss Argentina Carolina Gómez Mónaco al frente de una Escuela de Inteligencia, y a su hermana Daniela como jefa de Administración, con fondos reservados. A partir de esos grandes sueldos, montaron tres empresas de lujo a media cuadra del Obelisco, según su hipótesis, a la que adosó que ellas siguieron trabajando para él “con contratos de asesoras en Diputados”. 

Operación despegue

Luego de la visita a la antesala del infierno –donde acordaron acelerar el proceso para que los condenados se fueran a casa–, los legisladores de derecha se enredaron en una espiral de internas, denuncias cruzadas y agresiones in crescendo. La relación con la dictadura pone en contradicción la vocación democrática de la que viven.

Ante el escarnio, cada involucrado optó por distintas estrategias. Las más notorias fueron las de las jóvenes Arrieta y Bonacci, en procura de tomar distancia.

Bonacci, hija de un matrimonio de militantes de Aldo Rico y Alejandro Biondini, tanto como Arrieta, hija de un militar denunciado por torturas a conscriptos en Malvinas, ejemplifican la deriva de las nuevas generaciones que se alejan de su universo conceptual familiar en pos de ser ganadas por una sensibilidad repelente de los groseros crímenes de sus recientes anfitriones.

Bonacci, de 28 años, recordó en América TV que cuando llegaban a Ezeiza oyó la lista de reos a visitar, con Alfredo Astiz incluido. “Ahí me dio pánico”, confesó. Descartó el ingreso y pidió que no la incluyeran como una “voz activa”, ya que “visitar genocidas no es un fin humanitario”. No posó para la foto y fue categórica: “Estoy en contra de relacionarme con genocidas”. Para justificar su viaje en la combi hacia el penal, señaló: “Aparentemente, tenía el ok de Martín Menem y de Casa Rosada”.

En cambio Arrieta, de 31 años, dijo “haber ido engañada” y “no conocer a Astiz” porque no había nacido en la dictadura, aunque tuvo oportunidad de vivenciar lo que es sentir a un violador merodeándola en el espacio cerrado de un penal, al tiempo que le decía: “te sigo”. Es fácil de colegir que, luego de su búsqueda en Google (aunque en el viaje de regreso podría haberle preguntado a la joven Rocío) se haya enterado de las esclavas sexuales que Astiz y los otros visitados tenían en la ESMA.

Desde entonces, denunció a sus pares (aunque no implicó a Bonacci ni a Fernanda Araujo) ante los tribunales federales de Lomas de Zamora por coacción agravada, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario y conspiración.

A la vez, pedía que se investigara a Sharif Menem, asesor de su tío Martín.

Sharif Menem, nombrado en enero con la categoría más alta, y el ex senador Eduardo Menem.

No ha lugar

La presentación fue desestimada por el fiscal Sergio Mola, y así se lo hizo saber al Juzgado 2 de Ernesto Kreplak, a quienes Arrieta recurrió “so pretexto de una extravagante posible comisión de delitos; pretende inmiscuir a la Justicia en un ámbito en el que no le corresponde, que es el de la discusión intrapartidaria”. El fiscal cree que ella buscó “despegarse” con “consideraciones de carácter pueril, carentes de verosimilitud y provistas de un infantilismo que hiere la inteligencia”. Le recordó que de los crímenes “que cometieron esas personas, se viene hablando en la República Argentina, con gran ahínco, en los últimos 20 años”. 

En Comisión

La oposición pretendió suspender al grupo de los seis visitantes, “sin dieta ni beneficio”, antes de una sanción definitiva. Además, Unión por la Patria quiso crear una comisión investigadora, pero el peronismo que dialoga con el oficialismo obturó la iniciativa de Germán Martínez en una sesión que arañó 102 votos contra 121.

En su maratón por tomar distancia, las expresiones de Bonacci fueron confundidas con una adhesión al pedido de expulsión de sus camaradas. Conminada a aclararlo, posteó que su apoyo apuntaba a investigar al Complejo Penitenciario de Ezeiza, un modo de pasar la pelota del poder Legislativo al Ejecutivo, donde reside la jefa de Seguridad, Patricia Bullrich, quien niega toda vinculación.

El pedido contra los seis pasó a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por Silvia Lospennato (macrista), en busca de abordar “la creación de una comisión investigadora sobre la visita de un grupo de diputados/as al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza”. En la Comisión, Arrieta apuntó contra el presidente de la Cámara: “Debería dar explicaciones. Nunca se nos informó cuál era la identidad de estas personas. Tampoco se nos dio a conocer cuáles eran las condenas”.

Arrieta, entre Oscar Zago y Bonacci, en la Comisión.

Otra senda

La mendocina denunció al jefe del Servicio Penitenciario, Fernando Martínez, y al director del complejo de Ezeiza, donde “ni nos revisaron”.

Además, aportó como prueba los chat del grupo de WhatsApp con los defensores de los represores Ricardo Alberto Saint Jean y María Laura Olea, la jueza Agustina Díaz Cordero, vicepresidente del Consejo de la Magistratura, y el ex camarista Eduardo Rafael Riggi.

También señaló al sacerdote Javier Olivera Ravasi (hijo del militar violador Jorge Olivera), quien reunía a juristas y diputados en su Fundación de Montevideo 871. Javier Olivera (47 años), gestor de la visita, se formó en el Verbo Encarnado, un Instituto que, por integrista, fue intervenido hace años desde el Vaticano. Si bien estaba incardinado en Mendoza, “por razones familiares solicitó residir en esta Diócesis de Zárate-Campana”, comunicó la Iglesia. ¿Tales “razones familiares” serían estar en la misma provincia que su padre preso?

Recibió permiso de residencia entre agosto y diciembre del 2019, aunque “retornó sin aviso” durante un tiempo en que “se recibieron numerosas quejas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano (...) Se le pidió un cambio de comportamiento. Al no observarse... se le ha comunicado que no tiene autorización para residir”.

Como si el comunicado no fuese de una claridad tan transparente, el vocero del Obispado, José Antonio Álvarez, explicó que se “le retiró el permiso de estadía, eso no es expulsión, no es una sanción”, y que al Obispado no le consta que haya sido parte de la visita, que no sería delito; además de que “él no ha negado la condición de los detenidos, puede ser que opine diferente, pero no se ha enfrentado con la decisión judicial”, le dijo a Jorge Fontevecchia en una entrevista.

Javier Olivera Ravasi.

En medio de la crisis, pero sin abandonar la búsqueda de congraciarse con su base electoral, fuentes del Congreso adelantaron el próximo proyecto: quitar la cobertura de salud a quienes atenten contra personal de seguridad.

Por Alberto Moya / El Cohete