Los bloques de Unión por la Patria, la UCR, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y parte del PRO, en la sesión de Diputados del miércoles pasado, le dieron media sanción al rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que proponía destinar 100.000 millones de pesos en gastos reservados a la SIDE.

Fue un nuevo éxito de la política. No se trató de un hecho puntual. Forma parte de un proceso que se viene produciendo en las últimas semanas en Diputados: con el tratamiento del presupuesto universitario, con la aprobación de la mejora de los ingresos de los jubilados/as, con el acuerdo para la conformación de la Comisión Bicameral de Inteligencia y ahora con el rechazo al DNU sobre gastos reservados para la SIDE, entre otros temas. 

Todo ello ocurrió porque se generaron consensos amplios. Se demostró que no todo es blanco o negro, sino que hay matices y es posible arribar a acuerdos puntuales entre distintos sectores, aun cuando haya diferencias importantes en otros asuntos. En todos estos casos se logró construir mayorías sobre la base de negociaciones y acuerdos. Cuando se trató el presupuesto universitario, por ejemplo, se desarrolló una ingeniería para construir una mayoría opositora, sobre la base de la propuesta de la UCR, a la que se sumaron aportes de Unión por la Patria y otros bloques. 

Para la sesión del miércoles de esta semana se trabajó intensamente para asegurar el quórum. El gobierno intentó hasta último momento impedir la sesión, incluso hablando con gobernadores y tratando de que presionaran a los diputados/as de sus respectivas provincias para que no concurrieran a sentarse en sus bancas. Apenas pasado el mediodía, se conformó un quórum holgado y comenzó el debate en el recinto. Esa fue la primera derrota del oficialismo. Finalmente, el rechazó al DNU de fondos reservados reunió una mayoría contundente: 156 votos a favor, 52 votos en contra y 6 abstenciones. Alrededor del 75% de los presentes. Esa fue la segunda derrota del oficialismo en la sesión.

El bloque del PRO probablemente decidió su rechazo al DNU sobre la marcha. De hecho, salvo excepciones, no dieron quórum para iniciar la sesión. 

El voto del PRO no fue decisivo para aprobar la iniciativa ya que sólo unos 20 legisladores propios acompañaron el proyecto. Lo que sí fue decisivo es el acuerdo político que se fue construyendo y sería importante que esos legisladores mantengan su posición en el caso de que se produjera aquí también el veto presidencial y fuera necesario ratificar la sanción de la ley.

El rechazo al DNU demuestra que sigue habiendo una profunda convicción sobre los valores democráticos. El intento de otorgarle una enorme cantidad de recursos a la SIDE para que los utilice de manera discrecional y sin controles es algo que la inmensa mayoría de la política y de la sociedad no acuerda. Además, esta semana se conformó la Comisión Bicameral de Inteligencia y, desde entonces, si el Estado necesita fondos para desarrollar tareas de Inteligencia esa demanda puede ser tratada en ese ámbito o el Ejecutivo puede incluir en el proyecto de Presupuesto requerimientos en ese sentido. 

Por otra parte, llama la atención que un gobierno permanentemente preocupado por el déficit fiscal y cuya principal consigna es “no hay plata”, proponga destinar una enorme cantidad de recursos a un área del Estado. Queda demostrado que esa consigna es selectiva: no hay plata para algunas cosas y sí para otras. No hay sólo recorte de presupuesto, también hay reasignación: en este caso expansión del gasto en un sector que, entre otras funciones, está vinculado históricamente con el espionaje, la vigilancia, la estigmatización y la represión interna.

En paralelo, durante la semana el ministro de Defensa, Luis Petri, defendió en el Congreso la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior ante hechos de supuesto terrorismo. Fue luego de que la Casa Rosada enviara al Parlamento la reforma de la Ley de Seguridad Interior (24.059) que permite la intervención de los militares en tareas que les están vedadas. 

También en el Senado se avanzó en acuerdos amplios que permitieron transformar en ley el proyecto que aumenta las jubilaciones. Lo que se aprobó, básicamente, es la compensación por un 8% que el gobierno otorgó de menos respecto a la inflación de enero. ¿O acaso podría suponerse que el nivel de las jubilaciones resulta excesivo? Pero el presidente Javier Milei anunció el veto completo de la ley. El gobierno señala que el proyecto tiene “como único objetivo destruir el programa económico”, una frase que deja en evidencia lo que siempre sostuve: para que cierren los números fiscales del gobierno habría que recortar necesariamente las jubilaciones.

El Presidente comentó que “la medida demagógica que votó el Senado implica un incremento de la deuda de 370.000 millones de dólares, a perpetuidad”. 

Es una nueva estrategia: calcular una situación actual a perpetuidad, como si todo fuera inmutable de aquí en más. Cualquier gasto importante, así calculado, daría una cifra extraordinaria.

Se estima que la actualización de los haberes generará un costo fiscal de 1,2 puntos del PIB. Con estos datos y un PIB en dólares de 560.000 millones según el FMI para el 2025, el mayor gasto se ubica en unos 7.000 millones de dólares anuales. ¿Cómo se llega a los 370.000 millones? Pero, más importante: ¿Cómo evaluar este cálculo en términos actuales, en el impacto en la vida de jubiladas/os, que es lo que ha tenido en cuenta el Congreso para sancionar la Ley? No es posible. Sólo es una argucia matemática que puede ser comparable a la falacia del “17.000% de inflación heredada del anterior gobierno”. 

Hacer política no es hacer exactamente lo que uno quiere. Es hacer lo más parecido a lo que uno quiere en el marco de las relaciones de fuerza con las que se cuenta. Cuando se logra la aprobación de una iniciativa por 156 votos a favor teniendo nuestro bloque 99 diputados y diputadas, hay que festejarlo. Quiere decir que hemos logrado llevar adelante un éxito de construcción de acuerdos políticos.

Ante tanta antipolítica es necesario valorizar la política: negociar y llegar a acuerdos que no representan totalmente la posición de ninguna de las partes pero que les permite a todas esas partes construir mayorías. Se trata de consensos puntuales con los cuales seguir avanzando en la defensa de los intereses y las necesidades de la mayoría de los argentinos y las argentinas. 

En el Parlamento, en las últimas semanas, viene triunfando la política. La buena política.

Por Carlos Heller * Diputado nacional Unión por la Patria y presidente del Partido Solidario / P12