Argentina  una crisis económica y social que ha sumido a la población en la desesperación, con un impacto devastador en las infancias. Con una pobreza que alcanza al 54,9% y una indigencia del 20,3%, según la UCA en el primer trimestre de 2024, las políticas actuales han fracasado en proteger a los sectores más vulnerables, incluyendo a los niños, niñas y adolescentes (NNyA). En menos de un año, seis millones de personas han caído en la pobreza, sumergiendo a la infancia en un contexto de carencias y desesperanza.

La inseguridad alimentaria es uno de los síntomas más devastadores de esta crisis. Según el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, el 32,2% de los NNyA en áreas urbanas enfrentan inseguridad alimentaria total, y el 13,9% sufren inseguridad alimentaria severa. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), estas cifras son aún más alarmantes: el 35% de los NNyA viven en inseguridad alimentaria total y el 16,5% en situación severa. Estos números no solo reflejan la falta de acceso a una alimentación adecuada, sino también la profunda desigualdad que afecta a nuestra sociedad.

En el pasado, el Estado ha intentado paliar estas carencias con diversas políticas, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentaria, que alcanzan al 42,6% de los NNyA, y la asistencia en comedores escolares, que cubre al 50% de ellos. Sin embargo, estas medidas son apenas migajas frente a la magnitud del desastre social que este gobierno ha profundizado. El aumento del 9,37% en la AUH no aborda de manera efectiva la emergencia alimentaria que sigue hundiendo a millones de hogares en la desesperación. La falta de un enfoque integral y sostenido en políticas sociales refleja una indiferencia alarmante hacia el sufrimiento de los más vulnerables.

Este contexto económico también ha deteriorado otros aspectos fundamentales para el desarrollo infantil, como la educación. Según la ODSA, el 23% de los niños y niñas de entre 3 y 5 años no asiste a establecimientos educativos formales, mientras que el 35,3% de los jóvenes de 18 a 29 años no ha terminado la secundaria. Estos datos revelan un sistema educativo que, pese a los esfuerzos tanto de la gestión pública como privada, sigue siendo incapaz de garantizar el acceso y la continuidad educativa de miles de jóvenes, comprometiendo su futuro y el de la nación.

La inflación acumulada, que ya supera el 125%, no es sólo un número en los informes económicos; es una condena al hambre y la miseria para millones de familias. El consumo masivo ha caído un 12,4% en supermercados, lo que indica que la población ya no puede permitirse lo básico. Mientras tanto, la capacidad industrial instalada se desploma al 56,8%, evidenciando un país que ya no produce y que lucha por sostener su propia economía.

La tasa de desempleo y la pérdida de 380.000 cuentas sueldo representan tragedias humanas, con vidas y sueños destruidos. Los salarios se han devaluado un 35,3%, y los ahorros han caído un 47%. Incapaz de sobrevivir con sus ingresos, la población recurre al crédito en un intento por mantener sus hogares a flote.

Además, las tarifas domiciliarias han subido entre un 180% y un 840%, convirtiéndose en una carga insoportable para la clase media y baja. La producción de autos ha caído un 35,7%, la construcción un 43,2%, y la capacidad instalada en la industria se ha reducido al 56,8%. Estos indicadores reflejan un país paralizado por la inacción gubernamental, mientras las tarifas de transporte han aumentado un 574%, afectando directamente a los trabajadores.

El endeudamiento familiar se ha disparado un 1.360%, forzando a las familias a recurrir al crédito para cubrir necesidades básicas. La caída del patentamiento de autos en un 44% y la situación crítica de las PyMEs, con maquinaria en subasta y suspensiones, son señales de un mercado en colapso. La construcción ha disminuido un 82%, dejando a 280.000 trabajadores dependientes del seguro de desempleo. Incluso el consumo de medicamentos ha bajado un 44%, lo que refleja que la gente no puede ni siquiera cuidar su salud.

El dólar oficial ha aumentado un 157%, lo que muestra la desvalorización de nuestra moneda y el empobrecimiento de la Nación. La deuda bruta nueva asciende a 72.106 millones de dólares, sumando un total escalofriante de 446.000 millones de dólares. La deuda del BCRA supera los 10,7 billones de pesos en pases remunerados y otros instrumentos financieros, lo que representa una carga insostenible para el futuro económico del país. Las reservas del BCRA, netas al 31 de julio, suman 5.200 millones de dólares, de los cuales solo 504 millones están disponibles, lo que constituye una farsa, un espejismo de estabilidad en medio del caos. Este escenario catastrófico se justifica con la excusa de un equilibrio fiscal ficticio y reservas ilusorias que solo aumentan la deuda del BCRA y del Tesoro.

La caída estimada del PBI en un 6,5% es comparable a la registrada durante la pandemia, que alcanzó un 9,9%. Esta cifra no es solo un dato estadístico; es una tragedia nacional. Como educador, me enfrento a la realidad de que mis estudiantes viven en un país que les ofrece cada vez menos oportunidades y esperanzas.

El presidente de la Nación firmó un “compromiso por la educación” durante la campaña electoral, pero sus acciones han resultado en ataques a la escuela pública, afectando el derecho a la educación. El gobierno ha permitido la injerencia del sector privado en la política educativa, adoptando planes promovidos por ONGs, empresas privadas y fundaciones que impulsan una tendencia privatizadora y tecnocrática. Estos planes, basados en diagnósticos incompletos y sesgados, no abordan las verdaderas necesidades del sistema educativo argentino.

La falta de prioridad a la educación es evidente en el brutal ajuste del presupuesto educativo, el desfinanciamiento de partidas, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y la interrupción de programas escolares nacionales. En lugar de fortalecer la infraestructura educativa, se adoptan medidas que socavan sus cimientos, poniendo en riesgo el futuro de nuestros jóvenes.

Es imperativo que reclamemos responsabilidad a nuestros dirigentes. No podemos permitir que la educación, un pilar fundamental de nuestra nación, sea relegada a un segundo plano. La crisis económica debe ser abordada con políticas integrales que prioricen el bienestar de las infancias y aseguren un futuro digno para todos. La educación debe ser considerada y respetada como un derecho social y humano, inclusivo y de calidad, con recursos suficientes provenientes del Estado, no un negocio más para ONGs, empresas privadas y fundaciones.

No seré un testigo indiferente ante la destrucción del sistema educativo, pilar de toda nación y forjadora de ciudadanos libres, críticos y democráticos. Es nuestro deber luchar para que la educación no se convierta en un privilegio para unos pocos, sino en un derecho fundamental accesible para todos.

 Por Claudio Altamirano * Educador, escritor y documentalista argentino. / La Tecl@ Eñe