En el contexto de la causa por violencia de género presentada por Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández, este viernes por la noche efectivos de la Policía Federal allanaron el departamento de Puerto Madero en el que reside el exmandatario, propiedad como se sabe del empresario Enrique Albistur. El objetivo, según se señaló, era secuestrar su teléfono celular, para verificar las denuncias de hostigamiento que hizo Yañez desde Madrid.

La medida fue dispuesta por el fiscal federal Carlos Rivolo, quien en la semana se comunicó con la denunciante para ofrecerle asistencia de la unidad especializada en violencia contra las mujeres.

También se buscaría verificar, si luego que el juez Julián Ercolini dispuso que Fernández no podía acercarse ni comunicarse con Yañez, este la llamó o envió mensajes, circunstancia que la Justicia podrá corroborar con la revisión de dicho celular.

La orden del allanamiento fue pedida por los fiscales del caso Ramiro González y Carlos Rívolo, y ejecutada por personal de Policía Federal en el departamento de Fernández, localizado en el barrio porteño de Puerto Madero.

El operativo se dio luego de que este viernes la causa fuera sorteada y quedara nuevamente en manos del juez Ercolini, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 10.

En ese marco, el ex mandatario designó a la abogada Silvina Carreira como su defensora.

El expediente 2539/2024, que había tenido su origen en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11, que Ercolini subroga, fue sorteado y recayó en el juzgado de origen del mismo magistrado, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.

El legajo fue extraído de la causa de origen sobre supuestas irregularidades en el contrato de seguros durante la gestión de Fernández, después de que en el transcurso de esa investigación se hallaran en un celular incautado pruebas de la presunta agresión del ex mandatario a la Yáñez.

Alberto Fernández y Fabiola Yañez.

El fiscal Carlos Rívolo, a cargo de la causa de los seguros, instruyó el sorteo para el nuevo expediente, que recayó en el Juzgado 10, a cargo de Ercolini.

Con el cambio de juzgado, el fiscal que intervendrá ahora es Ramiro González, y el expresidente fue notificado de la nueva carátula.

Fernández designó este viernes a la abogada penalista Silvina Carreira, especializada en Familia, para que lo representa en la causa por violencia de género.

"He tenido conocimiento de la presente causa y por ello vengo a ponerme a derecho en el marco de esas actuaciones", expresó Fernández en la presentación que hizo ante el juez Ercolini.

El ex jefe de Estado solicitó al magistrado que "dada la urgencia de conocimiento de las actuaciones", se vincule a Carreira "lo más pronto posible al sistema para poder aceptar el cargo y tomar vista de los motivos en los cuales versa esta causa".

Las impactantes fotos de Fabiola Yañez, adjuntas al expediente por violencia de género.

Yáñez denunció el martes último a Fernández por "violencia física y "terrorismo psicológico", y este jueves trascendieron dos fotos (publicadas inicialmente en el portal de Infobae) de la ex primera dama con nítidas lesiones en un ojo y un brazo, así como chats con acusaciones de este tenor: “Esto no funciona, así todo el tiempo me golpeas. Es insólito".

Estas impactantes imágenes y conversaciones salieron a la luz a pocos días que que el abogado Juan Pablo Fioribello, ex representante legal de Fabiola Yañez, llamara la atención sobre unas fotos "espeluznantes" aportadas a la Justicia como evidencia de posible violencia de género.

El ex jefe de Estado también fue denunciado esta semana por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público, en el contexto de una denuncia paralela que apunta al rol ejercido por los custodios presidenciales, de quienes se sospecha que "desprotegieron" a la ex primera dama.

En este marco, el Gobierno dispuso este jueves 8 de agosto reforzar la custodia de Yañez: dos efectivos de la Policía Federal llegarán a Madrid en los próximos días para efectuar un recambio de agentes, como parte de las medidas tomadas para preservar la seguridad de la denunciante.

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