En las últimas horas se conoció que la diputada de La Libertad Avanza (LLA), Lourdes Arrieta presentó una denuncia penal contra directivos del Servicio Penitenciario Federal -dependiente de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich- y expuso cómo fue el armado del encuentro, con especial protagonismo del cura Javier Olivera Ravasi; hombre vinculado a la vicepresidenta Victoria Villarruel e hijo de un reconocido genocida. Su padre, Jorge Olivera es un ex Mayor del Ejército Argentino, que fue hallado culpable y condenado a prisión perpetua por diversos crímenes de lesa humanidad. Una historia repleta de abusos, torturas, muertes, fugas y complicidad.

El exmilitar, nacido en agosto de 1950, en la capital de la provincia de Misiones, tuvo un rol importante mientras desempeñaba funciones dentro de las Fuerzas Armadas. Durante la última dictadura militar, estuvo al mando de diversos centros clandestinos de detención en la provincia de San Juan; donde además recibió el mote de "Carnicero de San Juan". Desde 1975 y 1977 se desempeñó como jefe de inteligencia del Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) N° 22 y luego pasó por regimientos de las ciudades de La Plata, Posadas, Corrientes y Córdoba.

Olivera también era hijo de un gendarme y se egresó del Colegio Militar en 1971, llegando a su primer destino años más tarde: un regimiento de Junín de los Andes, Neuquén. En 1977, al llegar a la provincia cuyana, conoció a su mujer Marta Ravasi -psicóloga e informante del Ejército, madre del cura mencionado por la diputada Arrieta- con quien se casó y protagonizó una historia de fugas, delitos y complicidad.

Fue procesado por crímenes contra la humanidad, al ser hallado culpable del secuestro y posterior asesinato de la Marie Anne Erize y también de "Chiquito" Francisco Segundo Alcaraz, presidente de la Juventud Peronista de San Juan y secretario político de la organización Montoneros. Alcaraz, a los 33 años, en octubre de 1976, resistió a su rapto en la vía pública de la capital sanjuanina y murió combatiendo contra sus perpetradores: lo acribillaron de 108 balazos cuando se bajó de un colectivo mientras buscaba esconder a compañeros riojanos. El de Erize y Alcaraz son tan solo dos casos de la gran cantidad de muertes que pasaron por las manos del apodado "Carnicero". 

A fines de la década del '80, Olivera se vio beneficiado por las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos dictados por el entonces presidente Carlos Menem; los procesos que recaían sobre él quedaron en la nada misma y vivió su vida en total libertad. Formó parte de la rebelión del carapintada Aldo Rico, se convirtió en abogado y militó en el Movimiento de Dignidad Nacional (MODIN) -también liderado por Rico-, presentándose como diputado en las elecciones de 1999. Si bien no resultó electo, se mantuvo activo: inició causas contra el Estado Argentino, participó en la defensa de otros militares (como Guillermo Suárez Manson y Emilio Massera; también del nazi Eric Priebke) y encabezó reclamos salariales de militares.

Viajó a Roma para celebrar el 25° aniversario de su casamiento junto a su esposa, tras patrocinar una causa contra Margaret Thatcher en el 2000 por el hundimiento del Belgrano en la Guerra de Malvinas, y fue detenido por Interpol en el aeropuerto debido a una orden del juez francés Roger Le Loire por la desaparición de Marie Anne Erize. Pero voceros del Ejército Argentino aseguraron que se trataba de una "conspiración inglesa", enviaron documentación falsa a Italia y tras 42 días detenido, fue liberado sin pruebas. 

El secuestro y desaparición de Marie Anne Erize

Fue en la provincia de San Juan donde Olivera lideró el regimiento que, entre tantos casos, secuestró y desapareció a la modelo Marie Anne Erize, durante la mañana del 15 de octubre de 1976 en una bicicletería de la ciudad de San Juan. La modelo franco-argentina, finalista del concurso "Miss Siete Días" y tapa de la revista Gente en varias oportunidades, se esfumó; como tantos otros en aquellas épocas oscuras.

Tiempo después, cuando el represor fue juzgado y condenado, se conoció que junto a los oficiales Eduardo Bic y Eduardo Daniel Cardozo llevaron a la joven a un camping de suboficiales del Ejército llamado "La Marquesita", que funcionaba como un centro clandestino de detención. En aquel lugar, según se corroboró, el propio Olivera y Cardozo discutieron fuertemente por quién de ellos debía violar a la estudiante de Antropología en la Universidad de Buenos Aires (UBA), activista en la Villa 31 junto al cura Carlos Mugica y simpatizante de la Juventud Peronista, donde conoció a su pareja Daniel Rabanal -secuestrado en la dictadura y sobreviviente del terrorismo de Estado-. Días más tarde, fue asesinada.

 
 Marie Anne Erize, secuestrada y desaparecida en 1976.

"Su compromiso con la gente pobre era increíble, ella se había criado en la selva misionera por lo que tuvo una infancia muy agreste. Eso le había dado un fogueo con ciertas cosas que los de la ciudad no teníamos. Por eso en las villas su trabajo era impresionante, se transformaba en una villera más y la gente la adoraba", contó sobre la joven el propio Rabanal, en una entrevista a Página 12 en los años 2000. Fue detenido en febrero de 1976, meses antes del asesinato de su pareja, y estuvo secuestrado dos años y medio.

Detención, fuga, condena y domiciliaria

A pesar de las leyes que lo beneficiaron durante el menemismo, en diciembre de 2007 el juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, ordenó su detención y la de otros dos oficiales y suboficiales del Ejército por un tercer caso: las torturas a las cuales fue sometida la jueza Margarita Camus, hija del ex gobernador provincial Eloy Camus. Junto al represor Alejandro Lazo, pasaron a la clandestinidad y estuvieron prófugos. Quien lo señaló fue quien tenía el control operacional en Catamarca, La Rioja y San Juan, Ernesto Jensen, asegurando que "llevaba la batuta" del grupo de tareas del RIM 22.

El 3 de noviembre de 2008 fue detenido en su domicilio de Vicente López por la Policía Federal. En julio del año siguiente fue condenado por el Tribunal Oral Federal de San Juan a prisión perpetua por "un centenar de crímenes" cometidos en la dictadura, entre ellos el de la joven Erize -a quien dijo "no conocer" tras asegurar que "no hubo represión" en la década del '70-. Pero tres semanas más tarde, al ser trasladado desde la cárcel cuyana de Chimbas al penal bonaerense de Marco Paz y luego al Hospital Militar Central Cosme Argerich por supuestas "razones médicas", se fugó con complicidad del Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y médicos del lugar, entre ellos la psicóloga y esposa Ravasi. Varios de ellos, incluida su mujer, fueron imputados al año siguiente por haber organizado su fuga. 

Olivera, antes de ser condenado por delitos de lesa humanidad.

En febrero del 2017, el exmilitar fue encontrado en el baúl de un auto en la casa de su familia -ubicada en San Isidro- y posteriormente detenido tras el cruce de diversas llamadas telefónicas con su esposa. Fue indagado por el Juzgado Federal N° 2 de San Juan, en el marco de un nuevo juicio de lesa humanidad por el homicidio de cinco militares y la "causa Servinelli", por privación ilegítima de la libertad.

Tras la primera condena a prisión perpetua por los delitos de homicidio agravado, torturas y tormentos en más de 50 hechos, privación ilegítima de la libertad, más de 40 secuestros, robos en la casa de las víctimas, violaciones y abuso sexual, enfrentó dos juicios más y fue condenado nuevamente a perpetua (2013, 2017 y 2023). A pesar de ello y sus dos fugas, la Cámara Federal de Casación Penal -con las firmas de Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi- decidió beneficiarlo con prisión domiciliaria en 2021 y la mantuvo a pesar de que el represor presentara un certificado médico sin fecha para ausentarse de su casa y celebrara una importante fiesta por los 50 años de casado. El cura de la ceremonia fue su hijo, el segundo de sus cinco, Javier. 

En febrero de este año, ex presas y presos políticos, sobrevivientes del propio Olivera, pidieron que se revoque dicho beneficio, marcando la existencia de un "régimen de privilegio del que gozan los genocidas" condenados y solicitaron que se ordenen "lo controles pertinentes" de órganos administrativos. Pero, hasta el momento, no hay respuesta; solo un "llamado de atención" al represor por parte de la Justicia. Mientras tanto, su hijo Javier Olivera organiza visitas de diputados libertarios a reconocidos represores y asegura que está "prácticamente terminado" el proyecto para liberar genocidas protagonistas del último golpe de Estado.

Por Antonella Bernetti / El Destape