A siete meses de las primeras marchas contra el Gobierno, sindicatos y organizaciones sociales no tienen noticia alguna de las multas millonarias que Patricia Bullrich prometió aplicarles. Un relevamiento de El Destape entre varias de las organizaciones que impulsaron protestas callejeras en diciembre pasado contra los tempranos anuncios de Javier Milei arrojó dos respuestas: los gremios que entonces recibieron cartas documento las contestaron y desde ese momento no volvieron a tener novedades, en tanto que los movimientos sociales en general ni siquiera fueron notificados de sanción alguna. 

Fue uno de los anuncios más grandilocuentes de la ministra de Seguridad cuando dio a conocer el protocolo antipiquete que pensaba poner en práctica con las movilizaciones convocadas ante los anuncios de despidos en la administración pública y la presentación del DNU 70/23. Tras una primera marcha ligada a agrupaciones de izquierda el 22 de diciembre, y otra mucho más masiva cinco días después, en ese caso con el aval de la CGT y las dos CTA, Bullrich comunicó que los organizadores deberían compensar el costo del operativo de seguridad. A varios de ellos les llegaron intimaciones en términos similares para que abonaran cifras que iban de 40 a 56 millones de pesos, aproximadamente. 

Según avisó entonces el Gobierno, las cartas documento habían sido dirigidas a los sindicatos de Camioneros, Unión Obrera de la Construcción, Unión Obrera Metalúrgica (UOM), del neumático (Sutna), de prensa de Buenos Aires (Sipreba), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Unión de Empleados Judiciales (UEJN), Asociación de Personal de Organismos de Previsión Social (Apops) y las dos versiones de la CTA. También, a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Polo Obrero, entre otras organizaciones sociales. En estos casos, ni siquiera llegó jamás una notificación a pesar de haber sido incluidas en comunicados oficiales como inminentes receptoras, así como parte de la habitual conferencia de prensa del portavoz Manuel Adorni. 

Las notificaciones llevaban en todos los casos la firma de un funcionario de tercera línea, el secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, Martín Siracusa, quien al momento de enviarlas ni siquiera contaba con su nombramiento publicado en el Boletín Oficial. El Destape quiso indagar en la cartera que dirige Bullrich sobre las razones para la falta de avance en un expediente que su titular había anunciado como clave en la nueva etapa de gobierno pero hasta la publicación de esta nota no había recibido respuesta. 

Para los gremios involucrados las razones fueron varias. Una de ellas, de índole política, señala que se trató de una mera intimidación sin un ánimo real de avanzar en el plano administrativo, y eventualmente reservar esa instancia para una etapa de negociación con los mismos actores. Otra, no excluyente de la anterior, es que la imposición de las multas obligaría a Seguridad a dar a conocer un detalle de los gastos erogados por los operativos de seguridad en sendas movilizaciones y -peor aún- de la asignación de responsabilidades diferenciadas a cada organización por el volumen de su propia convocatoria. 

También pudo incidir la repercusión internacional de la intimación del Gobierno. Apenas se anunciaron las multas, hubo presentaciones casi simultáneas de la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT, dependiente de la ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar una posible embestida antisindical y tendiente a coartar el derecho a la protesta en la Argentina. La OIT, de hecho, emitió de inmediato un comunicado en el que informó que su director general, el togolés Gilbert Houngbo, se había puesto en contacto con el Ejecutivo para exigirle explicaciones por los "flagrantes alegatos de violaciones a la libertad sindical y a los convenios internacionales". 

Por Mariano Martin / El Destape