La administración de Javier Milei otorgó 18 certificados de habilitación de venta de tierras rurales a extranjeros, según se desprende de un pedido de acceso a la información pública realizado por El Destape. Sin embargo, sus pretensiones eran muchos más ambiciosas; por eso apostó a la derogación de la ley Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras dentro del DNU 70/2023. Sin embargo, tal decisión fue declarada inconstitucional por la Cámara Federal de La Plata. El proyecto de economía de enclave estipulado en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), sumado al DNU desregularizador, ponen en jaque vastos territorios del país.

La avanzada de Milei contra la ley que protege el dominio nacional de la extranjerización de las tierras rurales, norma que fue sancionada en 2011, forma parte de su proyecto geopolítico vinculado a la entrega de los recursos naturales del país, en línea con la apuesta de la Embajada Norteamericana de asegurarse “la seguridad sobre los minerales críticos (MSP)”. 

En este escenario, las corporaciones mineras –que en el caso del litio están apalancadas por los fondos BlackRock y The Vanguard Group– necesitan sacarse de encima la ley de tierras, norma que estableció fuertes controles cruzados entre accionistas, controlantes, sociedades vinculadas y medidas antilavado de activos.

El primer cambio lo hizo Macri en junio de 2016, también por decreto, al borrar todos los controles asociados a los paraísos fiscales. A su vez, durante su gestión se modificaron a dedo los porcentajes de extranjerización para habilitar la compra venta de tierras de manera indiscriminada y sin llamar demasiado la atención. Pero Milei pretende ir por más. Los grandes fondos de inversión, como BlackRock, agradecidos.

Ojos que no ven

La información pública sobre los porcentajes de extranjerización de la tierra rural constituye un instrumento para que la ciudadanía sepa, al menos, cómo se distribuye la tierra en el país y quiénes son sus dueños. Ese era el espíritu de la norma aprobada por el Congreso en 2011.

Los datos aportados por el RNTR a partir de un pedido de acceso a la información pública realizado por El Destape permiten sostener que, en determinadas regiones del país, ya se sobrepasan los porcentajes de extranjerización fijados como límite. Pero el capital privado siempre encuentra atajos, sobre todo cuando el Estado abandona su rol de contralor. 

La empresa Livent posee dos proyectos de litio, uno en Antofagasta de la Sierra y otro en General de Güemes, Salta. El fondo de Larry Fink cuenta con el 15,76% de las acciones de esta minera, seguido por Vanguard Group (11%) y Wellington Managment (7%), entre otros. La empresa nació dentro de la estructura de Lithium Corporation America en 1940, como parte de un proyecto conjunto con el gobierno norteamericano.

De acuerdo a los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), la superficie extranjerizada en Güemes llegaba al 28,82% del total de las tierras rurales de la provincia. Dentro de esta jurisdicción, no podría ingresar ninguna otra sociedad extrajera. 

Los artilugios que encuentran para saltar las restricciones de la ley pasan por la transferencia a sociedades argentinas de la titularidad de determinado campo, algo así como el uso de testaferros, o la utilización de operadores locales más allá de que los extranjeros sean los verdaderos dueños de un determinado proyecto.

Según los datos proporcionados por el RNTR ante el pedido realizado por El Destape, durante los siete meses de la gestión Milei se hicieron dos traspasos de tierras pertenecientes a extranjeros hacia dueños argentinos. Bajo el argumento del secreto fiscal, desde el Gobierno no informaron cuáles fueron las razones sociales involucradas. A su vez, en el mismo período de tiempo se realizaron 9 modificaciones societarias. La administración nacional tampoco especificó quiénes fueron los implicados.

Modificar para eludir

La totalidad de tierras extranjerizadas se encuentra por debajo de lo establecido en la ley; según los datos actualizados del RNTR, llegan a las 13.244.778,83 hectáreas, es decir un 4,97% del total.

Lo cierto es que desde la era Macri en adelante, todos los controles societarios fueron laxos, en un sector (el minero especialmente) donde las empresas participantes cuentan con estructuras jurídicas por demás complejas, todas vinculadas a sociedades extranjeras. Algunos datos son elocuentes.

La norma que pretende derogar Milei a través del DNU 70/23 no solo fijaba un límite del 15% de extranjerización por provincia y sus equivalencias hacia los departamentos, sino que se habilitaba a la autoridad de aplicación a cruzar información vinculada a la constitución de unidades transitorias de empresas o la tenencia de obligaciones negociables y las estructuras de mamushkas utilizadas para ocultar a los verdaderos dueños del capital. Algunos datos son elocuentes.

El pasado 5 de junio, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió en su despacho al CEO de Lake Resources Argentina SA, empresa que pertenece a Lake Resources NL, con sede en Australia. Según consta en el Registro Único de Audiencias, el funcionario estuvo reunido con David Dickson para hablar del proyecto Kachi, ubicado en Antofagasta de la Sierra. Pero también se dialogó sobre otros intereses geopolíticos. “En la reunión se conversó sobre el Proyecto Kachi y la industria del litio. Asimismo, conversaron sobre los avances del MSP (Seguridad sobre minerales críticos)”, puede leerse en la web del Registro Único de Audiencias.

El porcentaje de extranjerización en Antofagasta se ubica en el 0,12%. Según describe la propia empresa, el proyecto de Kachi abarca 49.000 hectáreas, lo que representaría un 0,45% de extranjerización a no ser por la estrategia de inscribir el proyecto bajo la operadora local Morena del Valle Minerals S.A. La norma sancionada en 2011 contemplaba las herramientas para determinar los beneficiarios finales vinculados a las empresas titulares de las tierras rurales.

La sociedad Lake Resources también posee otro proyecto en Jujuy, denominado Olaroz, con jurisdicción sobre 45.000 hectáreas ubicadas en Susques. Esto debería representan el 4,18% de las hectáreas de la localidad o del 0,85% del total provincial. Sin embargo, el RNTR informó que el porcentaje de extranjerización es cero.

La información siempre es poder. La norma aprobada en 2011 contemplaba, por finalidad, la protección del dominio público a partir de un registro fidedigno y el establecimiento de estrictos controles para determinar los verdaderos beneficiarios finales detrás de cada “inversión”. Milei, como Macri, pretende eliminar todo tipo de referencias sobre lo que ocurra dentro del territorio nacional.

Por Sebastián Premici / El Destape