Javier Milei resucitó la sigla SIDE para los servicios de inteligencia. Podría parecer un mero simbolismo pero el regreso del nombre Secretaría de Inteligencia trae además una serie de cambios en su estructura legal que indican que volverá a sus prácticas históricas como centro de espionaje interno y de persecución política, lejos de lo que debería ser un sistema de inteligencia nacional.

No es que la hasta hoy Agencia Federal de Inteligencia (AFI) haya sido un organismo pulcro. Lo fue cuando se creó esa sigla, a finales del segundo mandato de CFK, cuando se eliminaron los fondos reservados. Dejó de serlo cuando Mauricio Macri reinstauró los fondos reservados y la utilizó como cueva de operaciones mediático-judiciales para perseguir opositores. Volvió a serlo cuando fue intervenida durante el gobierno de Alberto Fernández, donde la ex fiscala Cristina Caamaño cortó los lazos de los espías con los tribunales, transparentó su presupuesto y protegió los archivos del terrorismo de Estado. Pero ahora Milei, en su remake del macrismo bajo el lema “lo mismo pero más rápido”, recupera la senda que marcó su ex socio y la profundiza con el regreso de la SIDE y cambios en la ley que muestran a todas luces para qué pretende utilizarla.

La decisión quedó plasmada en dos DNU en los cuales Milei disolvió la AFI y restauró la SIDE. La dividió en 4 áreas que denomina descentralizadas, que son un casi un calco del organigrama que ya existía en la casa de los espías pero cuyo diseño revela una vez más la penosa idolatría que tiene con Estados Unidos, a quien pretende imitar. Estos son:

1.  El Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), que era la Dirección Operacional de Exteriores y que ahora pretende ser una especie de CIA local.
2.  La Agencia de Seguridad Nacional (ASN), que era la Dirección Operacional de Interior, que ahora busca copiar a la NSA estadounidense y trae incluso el águila en su logo.
3. La Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), que era la Dirección Operacional de Ciberseguridad.
4. La división de Asuntos Internos (DAI), que era el área de control interno que ya existía en la AFI.

Con estos cambios, los directores de esas áreas -que eran subdirectores- pasan al rango de secretarios de Estado. Pero la novedad no está en esta descentralización sino en la restauración de viejas malas prácticas y en las nuevas funciones que se establecen para la SIDE en los decretos 614/2024 y 615/2024.

Los cambios, disfrazados como de “avanzada”, implican la reposición de viejas prácticas como la utilización de fondos discrecionales, el vínculo de los servicios con los tribunales de Comodoro Py, el regreso de agentes que habían dejado “La Casa” así como mayores márgenes de discrecionalidad para tan delicada área. Por ejemplo: se habilita la contrainteligencia interna y se elimina el acuerdo del Congreso para la designación de los jefes de inteligencia -que tampoco tendrán que presentar declaraciones juradas-. También se crea una fiscalía de inteligencia, lo que dará al Ministerio Público un mayor involucramiento en la materia, entre otras cuestiones.  

A continuación los cambios más retrógrados que estableció Milei para la SIDE, que estará dirigida por Sergio Darío Neiffert, un hombre cercano a Jesús Cariglino que no tiene experiencia en el mundo de la inteligencia:

• Vuelven los sótanos de la democracia: legalización del espionaje interno

En el decreto 614, Milei brinda una reconceptualización de los términos “inteligencia” y “contrainteligencia”. En lo que hace al segundo concepto señala, con una vaguedad muy amplia, que la “Contrainteligencia” es “la actividad propia del campo de la inteligencia que se realiza con el propósito de evitar actividades de inteligencia de actores que representen amenazas o riesgos para la seguridad del ESTADO NACIONAL, los intereses estratégicos de la Nación, la sociedad y representantes de gobiernos extranjeros”. Esta definición es la puerta para que la SIDE pueda realizar actividades de contrainteligencia en actos como la manifestación del 12 de junio en contra de la Ley Bases, que según el gobierno y el fiscal Carlos Stornelli fue un atentado contra la democracia. Esa tesis de la fiscalía derivó en una represión brutal que terminó con 33 personas detenidas. Fue tan desprolijo y descabellado todo que los apresados fueron derivados a cárceles federales. En la actualidad aún quedan 2 personas en prisión.

• El retorno de los anónimos para armar expedientes y de las “pre-causas”

Se incorpora a la Ley de Inteligencia Nacional (Ley N° 25.520) el artículo 4° bis para establecer que “cuando en el marco de sus actividades los órganos u organismos de inteligencia obtengan información que resulte de interés para las investigaciones judiciales o criminales y/o se detecten líneas de investigación nuevas a partir de las existentes podrán informar la misma a los órganos competentes, preservando las fuentes y los métodos, absteniéndose de desarrollar tareas de investigación criminal o judicial”. La preservación de “fuentes” y “métodos” invita a que retornen los anónimos para armar causas, un procedimiento que la AFI macrista utilizó en diversas causas de persecución como fueron los casos “Gestapo antisindical”, “Operación Puf” y la causa contra la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó, por citar solo algunos ejemplos.

• Vuelve el vínculo con Comodoro Py

Al crear la nueva SIDE, Milei habilitó que “excepcionalmente, y de manera fundada, el órgano judicial competente podrá requerir el auxilio de los órganos u organismos de inteligencia en las tareas de su especialidad”. Es la llave para que los tribunales de Comodoro Py puedan otra vez armar causas con los servicios de inteligencia. Por los vínculos espurios entre los tribunales federales de Retiro y los servicios de inteligencia, el gobierno de Alberto Fernández había anulado la función de la AFI como auxiliar de justicia.

• Vuelven los fondos discrecionales

También se agrega a la Ley de Inteligencia Nacional que “la SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DE ESTADO (SIDE) tendrá amplias facultades de administración y control de las partidas presupuestarias de sus órganos desconcentrados”. No se define que es “amplias facultades de administración” lo que habilita a todo tipo de manejos de dinero. En esa línea, en el artículo 7° ter se agrega que el presupuesto de la SIDE “deberá contemplar la disponibilidad de partidas presupuestarias destinadas a la ejecución de las misiones previstas en el Plan de Inteligencia Nacional, así como aquellas no previstas pero que se impongan como urgentes”. Esto habilita a una discrecionalidad enorme de las partidas para acciones de inteligencia.

• La SIDE controlará presupuesto del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Defensa destinado a inteligencia. La dependencia presupuestaria conlleva un control de la SIDE sobre las actividades que desplieguen en ese ámbito

Otra de las novedades que surge de los decretos de Milei es que la SIDE controlará a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (la DINICRI, dependiente del Ministerio de Seguridad) y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (la DINIEM, dependiente del Ministerio de Defensa). Según se establece en los decretos, ambas direcciones “deberán elaborar anualmente sus respectivos proyectos de presupuesto a los fines de garantizar sus actividades estables, operaciones de largo plazo y las actividades con organismos extranjeros, los que deberán ser aprobados por el titular de la citada Secretaría”.

Tanto la DINICRI como la DINIEM dependían funcionalmente de la AFI pero no económicamente. Este cambio implica un control presupuestario. Es decir, un mayor control por parte de la SIDE. ¿Los jefes policiales y militares permitirán una intervención de este tenor en sus esferas de inteligencia?

• Regreso de la mano de obra desocupada

En el decreto 615/2024 se abre la puerta para el regreso de exagentes que dejaron “La Casa”, como se conoce a la AFI. Milei ordenó: “Aprobar un régimen para la incorporación de personal retirado de los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional. Se deberá contemplar el derecho a percibir una remuneración y al mantenimiento de la percepción de jubilaciones, pensiones y/o retiros civiles y/o militares provenientes de cualquier régimen de previsión nacional, provincial y/o municipal”.

• Eliminan el acuerdo del Congreso para designación de jefes de inteligencia

En los decretos en que se crea la nueva SIDE se establece también que la SIA, la ASN, la AFC “serán dirigidas cada una por UN Director” y la DAI “por un Inspector General” que “tendrán rango de Secretarios y serán designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL”. Estarán en el cargo por 5 años y pueden ser reelegidos una sola vez. De esta forma se quita el acuerdo del Congreso para la designación de los jefes de inteligencia.

• Se elimina la obligación de presentar las declaraciones juradas a los funcionarios de inteligencia
• También se elimina que no se puede alegar obediencia debida para justificar actos irregulares del servicio.
• Los estatutos de personal de inteligencia ya no van a ser públicos
• Se habilita la destrucción de datos de inteligencia

En otro pasaje de los decretos se indica que se debe “asegurar que aquellos datos de inteligencia que una vez almacenados no sirvan para los fines establecidos por la presente ley sean destruidos mediante el empleo de herramientas que aseguren la imposibilidad de recuperación”. Un jefe de la base de la AFI de Mar del Plata durante el macrismo ordenó destruir todos los archivos del período macrista una vez que Alberto Fernández ganó la presidencia de la Nación. Desde esa y otras bases se había realizado inteligencia ilegal, lo que fue investigado judicialmente en distintas causas. Por ejemplo, la base Mar del Plata siguió todo lo relativo al accionar de los familiares de la tripulación del ARA San Juan, el submarino que se hundió durante el gobierno de Mauricio Macri.

• El Poder Judicial se involucra en la inteligencia nacional: postulan la creación de una fiscalía especializada en inteligencia

“Solicítase al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la NACIÓN que adopte las medidas necesarias a los efectos de crear una Fiscalía Especializada en Inteligencia para cooperar, en el ámbito de su competencia, con la SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DE ESTADO (SIDE) y sus órganos desconcentrados”, se establece en el decreto 614/2024. Esta fiscalía asoma como la coartada que permitirá darle una fachada legal a cualquier acto de inteligencia que se lleve adelante desde la SIDE y necesite una habilitación judicial para no ser ilegal. ¿Qué sucedería si para ese cargo se postula al fiscal Carlos Stornelli, quien vio en una protesta social un atentado contra la democracia?

• A 30 años de AMIA Milei considera que puede haber otro atentado terrorista por el posicionamiento internacional de su gobierno

Según surge de los decretos 614 y 615/2024, “el protagonismo asumido por la REPÚBLICA ARGENTINA en el escenario global como defensor de los valores republicanos de las democracias occidentales genera la urgente necesidad de contar con los medios adecuados para enfrentar las amenazas que provengan de organizaciones terroristas internacionales". "Que postergar la adopción de medidas tendientes a la mejora del Sistema de Inteligencia Nacional impedirá garantizar la seguridad, defensa e integridad, haciendo a la REPÚBLICA ARGENTINA vulnerable frente a las amenazas internas y externas”, se añade a 2 días de un nuevo aniversario del atentado a la mutual judía.

Con ese alerta, el paralelismo con la década del 90 es inevitable. A esta altura no sorprende que para la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) suene como posible titular el exjefe de inteligencia del menemismo, el periodista Juan Bautista Yofre, quien llegó a estar procesado por espionaje ilegal y es un férreo defensor del terrorismo de Estado.

Por Franco Mizrahi y Ari Lijalad / El Destape