Con la recaudación por el piso, el ajuste puede profundizar aún más la crisis
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Los datos de recaudación de junio fueron los peores de la gestión de Javier Milei y se desplomó contra mayo, profundizando la depresión que atraviesa la economía. Sin embargo, la noticia recobró mayor relevancia por el traspaso de deuda del Banco Central al Tesoro, ya que el Gobierno deberá esforzar al máximo la meta de superávit fiscal para afrontar los pagos de corto plazo. En este escenario, crece la incertidumbre respecto a la continuidad de ciertos paliativos del brutal ajuste que implementa La Libertad Avanza, como el bono de 70 mil pesos a jubilados o la postergación de aumentos en tarifas de luz o gas.
Después del efecto ganancias en mayo, la recaudación volvió a la dinámica previa con un desplome generalizado en todos los tributos, salvo Impuesto País (+212% real) y Combustibles (+15% real). En el primer caso siguieron incidiendo la devaluación de diciembre y el aumento de alícuotas y en el segundo la actualización del impuesto después del estancamiento del último año y medio. Buena parte de la caída anual de la recaudación se explicó por la menor recaudación de los tributos aduaneros (DGA), que promediaron caídas por encima del 35% anual real: derechos de exportación (-37% real) y de importación (-35% real) e IVA y Ganancias DGA se desplomaron un 38% anual real. Entre todos ellos explicaron el 58% de la caída interanual real.
Un Estado desfinanciado y con el peso de una deuda enorme
Con el traspaso de deuda del Banco Central al Tesoro y con la firme convicción de no convalidar adelantos transitorios, la recaudación debería crecer considerablemente para poder pagar los vencimientos que afrontará de ahora en más. En este contexto de depresión económica, este escenario parece poco probable, por lo que el Gobierno debería cerrar la ecuación financiera a través de una profundización del ajuste. Otra vía para hacer caja sería imponer una nueva devaluación, negada hasta el momento, o tomar deuda externa. Si no deciden, el horizonte es el default.
Al revisar las estadísticas, el gasto previsional parece ser una debilidad para los técnicos que trabajan para el ministro de Economía, Luis Caputo. Por ende, si el Gobierno avanza (aún más) en la reducción del gasto público, no sería extraño que se opte por eliminar el bono en un contexto de baja inflación y presentado como un éxito político. Todo a pesar del desangre del aparato productivo y el consumo.
De acuerdo a un informe del CEPA, en los primeros cinco meses de 2024, de cada $ 100 ajustados, más de la mitad lo explican los recortes en jubilaciones ($31,5) y obra pública ($23,2). Le siguieron los subsidios, que aportaron 12,8%, gastos de funcionamiento del Estado (principalmente salarios) con 10,7% y prestaciones sociales con 9,4% entre las que se incluyen asignaciones, pensiones no contributivas, prestaciones del PAMI, entre otros.
El viernes último, durante una entrevista, el Presidente había evitar confirmar que habría un nuevo bono para los jubilados en julio. "El bono tiene la característica de que es discrecional, y nosotros tenemos que ser serios. Solamente va a haber bonos en función de cómo viene la situación y cómo vienen los números fiscales", había dicho, para agregar: "No vamos a engañar a la gente y mentirle dándole cosas que no hay". Finalmente se confirmó un bono de 70 mil pesos en julio, repitiendo el monto de los meses anteriores.
Según estimó la economista Carolina Berardi para El Destape, para que la suma de haber más bono igual al poder adquisitivo de noviembre, el bono de julio (a pagarse en agosto) debería ser de $ 82.500. Ahora bien, también se puede plantear la pérdida del poder adquisitivo del bono en sí, para mostrar cómo licuaron su poder de compra. Para que los $ 70.000 de marzo, que fue el primer mes que el bono fue de ese importe, tengan el mismo poder de compra, en julio debería ser de $ 88.100. Las estimaciones de inflación fueron tomadas del Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA.
En buena medida, el superávit del mes de mayo lo explicó el atraso en el cumplimiento del acuerdo con las empresas generadoras de energía. Dicho acuerdo consistía en el pago en bonos de la deuda acumulada a febrero y, a la par, la reactivación de las transferencias mensuales a partir de marzo. Sin embargo, las empresas mencionan que sólo han recibido el 35% de abril y nada respecto a mayo y junio. El presidente Milei, en el mes de abril, había anticipado que los pagos adeudados a CAMMESA se concretarían en el mes de junio.
El Gobierno viene de suspender los aumentos de tarifas de gas y luz que estaban previstos para el mes de julio. Anteriormente, el Ministerio de Economía había postergado los aumentos en las tarifas de mayo, que finalmente sucedieron en junio. "Porque estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación y no cargar más con gastos de momento a la clase media", había dicho Caputo en ese momento para justificar la medida. Con los compromisos que tendrá el Tesoro, también cabe la duda en torno a la mantención del valor de las tarifas en servicios públicos.
Las especulaciones surgen en medio de indefiniciones respecto a cómo se ejecutará la segunda parte del programa económico, puesto en duda por las reacciones del mercado. Si las Letras de Regulación Monetaria (LRM) que emite el Tesoro serán garantizadas por el BCRA, pararían así ser considerado riesgo BCRA, y en última instancia éste los pagaría. Una fórmula de este tipo no marcaría ninguna diferencia con los Pasivos Remunerados (PR) del Central. La divergencia estaría en cómo se contabilizan. Mientras que un PR está en el balance del BCRA y el pago de intereses se registra como emisión monetaria, las LRM se ubicarían en el balance del Tesoro y la capitalización de intereses se registraría como incremento de deuda.
Pero si en algún momento ese dinero debe ser cancelado, la operación se haría por intermedio del BCRA con emisión monetaria. El Tesoro no tiene la capacidad de generar dos bases monetarias de superávit que permitan afrontar los pagos.
Por Rodrigo Nuñez / El Destape