“La legalidad se ha vuelto una daga venenosa con la cual un grupo apuñala a otro por la espalda”

Carl Schmitt, La situación de la jurisprudencia europea (1985/1990)

 

Constitucionalismo gore

Amenazas nucleares, conflictos bélicos suicidas, campos de concentración de refugiados en playas a lo largo de Europa, barcos cárceles para que los inmigrantes no pisen el territorio del Reino Unido, políticas de vigilancia mundial aprobadas por el Congreso recientemente en Estados Unidos, oligarquización de los sistemas políticos cooptados por el dinero, las derechas dementes en expansión, las izquierdas identitarias descerebradas, plataformas digitales que regulan el espacio público y manufacturan disensos, una generación atrapada por las pantallas y la distracción, Estados penales en crecimiento, Estados sociales en contracción, linchamientos para-judiciales normalizados, sociedades con resentimientos potenciados, desafíos climáticos, recursos limitados y ansiedades ilimitadas.

A nivel internacional, todas esas necro-políticas requieren un constitucionalismo gore, requieren que el Estado de derecho se transforme en un “Estado de excepción”, facilitante de la extracción de recursos pero con una inteligente diversificación de formas, a veces sutiles y a veces brutales, de sedación y dominación. Los chivos expiatorios y pánicos pueden ser creados con facilidad y eso es potenciado por las pantallas. En ese contexto, todo será más espectacular, como en un juego electrónico o una serie. Se puede ocultar lo atroz en un mar de ruido y distracción, sobre todo para una generación que combate las atrocidades con ironías impotentes para audiencias empobrecidas.

La democracia zombi es funcional a un constitucionalismo gore. “Gore” justamente significa lo que puede traer un Estado de excepción: el terror y lo sangriento. El constitucionalismo moderno nació en tiempos de terror y sangre, pero eran las monarquías, las aristocracias y las noblezas las que temían la guillotina, la ejecución, que luego será aplicada arbitraria y más inclusivamente. Hoy es el pueblo, la sociedad, las enormes mayorías las que deberían temer este nuevo constitucionalismo gore, que en parte también delega en ellas su autodestrucción cruzada con las guerras culturales de fragmentación. 

El estado vegetativo de lo político permite todas estas formas de democracia zombi donde hay algo muerto entre nosotros que no termina de morir y algo gestado que ya está naciendo. Quizás muchos sigan negando lo gestado, lo que hace tiempo está creciendo, alimentado por su desidia insensible.

A nivel nacional nadie quiere reconocer que muchos colaboraron y colaboran con la vanguardia de un experimento político de un movimiento que es global. Dicho esto, lo global no excluye la responsabilidad política local. Muchos parecen despegarse de sus responsabilidades bajo el argumento de que “es una tendencia internacional”. Su vanguardia es autóctona, nacida y criada, alimentada y fomentada por nuestro juego político autodestructivo. Los que querían fragmentar terminaron fragmentados. 

Ya hemos afirmado que todas las elites han sido necro-elites, pero las nuevas necro-elites usan tanto lo festivo como lo represivo, la alegría como el odio, el cinismo como el mesianismo, el resentimiento popular con el sincretismo religioso para hacer todo con políticas de shock, de cortísimo plazo. 

Estas elites están entregando a las nuevas generaciones a un futuro de desintegración y violencia. La combinación de una generación cruzada por fuertes impulsos de autodestrucción y una elite que quiere destruir y destruirse hace que matar y morir, querer matar y querer morir, tengan una peligrosa síntesis. 

Las políticas de la crueldad y de la muerte, del pánico y el miedo, todas políticas de la excepción, estaban mucho antes que la llegada del gobierno actual. En contra de lo que el ideario de ciertos sectores proyecta sobre sí mismo, muchas de sus políticas —muchas de ellas, mis políticas durante años— se alimentaban del ciclo de indignación social tan espectacular como vacío, meramente performativo. La lógica excepcional de las denuncias mediáticas de corrupción prologó esa práctica que hoy se vuelve pánico y miedo expansivo hasta en jardines de infantes y escuelas primarias.

Se pensó que con pánico y miedo, a través de violencia regenerativa, se podía construir agenda y ganar algo de atención, audiencia y poder. No estaban equivocados/as, pero era obvio que su ganancia intensa y de corto plazo se volvería una derrota colectiva en el mediano o largo plazo. La historia rima. Esas minorías intensas y organizadas construyeron patrullas de cancelación, justificaron la persecución como forma de buscar un cambio social “justo”, patrullaron escuelas primarias, secundarias y redes, fueron policías de pensamiento, intentaban “persuadir” y ese clima se volvió un enjambre de crueldad tan expansivo como la pobreza. Se cultivó censura y autocensura, autopatrullaje. Una sociedad de presuntas víctimas y justicieros que actuaban como verdugos y linchadores vocacionales, de inquisidores bienintencionados. En contra de los que construyeron un “ellos” que “están entre nosotros”, la práctica social de la crueldad fue más transversal a muchos espacios de personas percibidas como “virtuosas”.

Las purgas de la virtud y las patrullas autogestionadas en grupos de WhatsApp, la vocación policial de la cultura del patrullaje, son funcionales a la expansión del Estado penal que será usado contra las mayorías que resistan y contra su derecho a la protesta. Un movimiento social de resentimiento fue funcional a un gobierno de la revancha, en forma de venganza social de la oligarquía. En última instancia, una cultura al servicio de la muerte, con sus enemigos claros, que utilizaba la violencia sin alma, alimentó el clima para estas necro-políticas reforzadas.

Guerras culturales como necro-políticas

Ese embrutecimiento prologó el empobrecimiento. Esas políticas de la crueldad, esos linchamientos virtuosos, presagiaban las necro-políticas expandidas. La crueldad cerró la grieta y se hizo necro-política. Buscaban silenciar, excluir, negar, exiliar, humillar, destruir reputaciones, hacer desaparecer del espacio público. Y esas necro-políticas fueron justificadas y aplaudidas, utilizadas para distraer y dividir, incluso legalmente defendidas por parte de la elite. 

Las guerras culturales se nutren de una fuerza tanática que la actual cultura del “yo” fomenta en el ecosistema de pantallas con diferentes versiones de narcisismos de la muerte (André Green). Depresión, decepción, impotencia y el odio que crece de esos campos tan fértiles. A flor de piel en personas y colectivos sociales en estos momentos desesperantes. 

Esas guerras culturales —que claramente son formas de necro-política— en las que la sociedad se destruye y fragmenta a sí misma —la primera delegación— permiten hoy que se haga una guerra abierta desde el Poder Ejecutivo y Legislativo a través de DNU y delegaciones legislativas para privatizar de diferentes formas los recursos públicos de esa misma sociedad enojada y dividida. A la delegación legislativa le sumamos la delegación ejecutiva, que hace que las corporaciones diseñen sus propios decretos a dictar por el Ejecutivo habilitante. Tres pasos, tres necro-políticas coordinadas que prologan muchas más.

El empobrecimiento colectivo de hoy fue diseñado por una necro-elite, una elite con un proyecto de regresión, un plan necro-político. Es más fácil empobrecer a una sociedad artificialmente fragmentada y en guerra con sí misma. Con los lazos sociales destruidos, corroídos por una desconfianza estructural. La contracción económica es planificada y necesita un rediseño de clases sociales, nuevas segmentaciones. Requiere abandono de las elites tradicionales, recesión económica y depresión social, nihilismo y desesperación colectiva. La sintonía mesiánica con lo popular anuncia el sentir religioso en el horizonte. 

 Imagen: Mad Magazine, Daños punitivos, enero 2023, ilustraciones de Tom Richmond.

Sin Estado no puede haber Constitución

La reducción de las clases medias es legitimada por el silencio de las dos tribus de la elite judicial. Cuando las elites están desconectadas de las mayorías y cuando están distraídas en guerras infantiles, se abre la posibilidad para su renovación y circulación forzada.

Las pasadas guerras judiciales para cumplir con la propia Constitución nacional y aplicar una ley del Congreso de la Nación deberían haber puesto en claro la debilidad estructural del Estado de derecho. Todas las formas de guerras administrativas y judiciales, la gradual debilidad del Estado que se negó y tampoco se quiso reconstruir, deberían haber prendido alarmas en una dirigencia que quedó distraída entre negocios, mezquindades y espejos.

Todas estas necro-políticas anunciaban el constitucionalismo gore. La muerte lenta de la democracia se acelera con los Estados de excepción y distracción que son fácilmente fabricables. El constitucionalismo siempre tuvo una tendencia elitista y elitizante, oligárquica y oligarquizante, incluso en sus formas de constitucionalismo social o popular. Eran las fuerzas democráticas las que debían aportar las energías vitales y tensionar con un sistema político capturable.

El Estado que se está proyectando es un Estado de show represivo que requiere no sólo justificar la represión, sino que toma de esa práctica su legitimación y la usa como distracción. Todo ese “gore”, el terror y lo sangriento de forma espectacular, la humillación de quien se resiste y defiende lo colectivo, es fuente de su legitimación, de un show de legitimación de acciones drásticas. A la sociedad fracturada le dan el espectáculo del orden represivo. 

Entender eso debería ser fuente para plantear una más inteligente y disciplinada forma de protesta, de peticionar ante las autoridades, que no vaya a las prácticas anquilosadas que desgastaron a la sociedad y alimentan la ferocidad de los que piden a gritos “orden” mientras se empobrecen. Todos los lugares comunes fracasarán. Con ese nuevo Estado habrá una nueva Constitución.

La sociedad enojada que votó a Milei puede traer una sociedad enfurecida cuando comience a sufrir las consecuencias de las diferentes olas de reformas. Todo esto puede generar que esté todavía más desbordada, que termine reforzando a aquel sector que le provea un espectáculo de distracción para negar y sedar una realidad cada vez más dolorosa. 

El constitucionalismo gore se puede identificar en varias cláusulas constitucionales, así como en nuestra historia de golpes de Estado y sentencias supremas que legitiman la muerte, el derramamiento de sangre y la cíclica restauración conservadora. También tiene sus antecedentes en el derecho público provincial, tanto a nivel histórico como reciente. La flamante reforma de la Constitución de Jujuy el año pasado —que homenajeó al Pacto de Olivos y la reforma de 1994— demostró prácticas transversales y funcionales para abrazar el extractivismo, el neocolonialismo y el saqueo supervisado que deja arrasados los territorios y empobrecidas a sus poblaciones. Con represión, detenciones parapoliciales y una campaña basada en la difusión de ese show de “orden y regreso”. Todas las irregularidades y silencios judiciales en torno al caso de Milagro Sala fueron instituyentes de un nuevo orden. Sin frenos institucionales para que una mayoría circunstancial entregue todo, esa elite partidaria provincial se consolidó como una nítida necro-elite. Una más.

Lo que hacen la Corte y el Congreso de la Nación, el rol regresivo de los colegios de abogados que supuestamente juraron por una Constitución que parece no existir, es acompañar el inicio de una transmutación del Estado. No cabe descartar que luego de una etapa de consolidación del poder, las mismas instituciones que acompañaron simulen frenos y contrapesos, falsa calidad institucional en una república cada vez más vacía.

Las propuestas para completar vacantes en la Corte son los frenos ideales para ese tipo de demagogia judicial nacida en tiempos donde los presidentes de las Cortes se enamoran de sí mismos apareciendo en medios, especialmente cuando todos los medios eran amigos a los que se les prometían diferentes fallos para el mismo expediente. El narcisismo supremo es un resabio de las ambiciones presidenciales, así como de carencia de frenos institucionales, y se potencia con entornos vocales y serviciales que funcionan como patrullas de persecución con operaciones baratas, de presión a todo el que se anime a criticar a jueces supremos como si fuesen funcionarios públicos. 

Se le aplica la cronoterapia a las necro-políticas. Con el tiempo, no solamente la Corte legitimará expresa o tácitamente las necro-políticas sino que las Cortes provinciales, las Legislaturas provinciales, las intendencias, deberán trabajar para las políticas de la economía extractivista, de las corporaciones que vengan por recursos nacionales a través del RIGI. El derecho público provincial al servicio del derecho administrativo extractivista, del constitucionalismo invertido, donde las empresas tienen la soberanía que alguna vez se le asignó al pueblo. Fiel al art. 19 de la Constitución nacional, al pueblo se le dará la autonomía de autodestruirse sin afectar de manera concreta al tercero más importante: el capital inversor. El capital que invirtió su soberanía, que la dio vuelta.

Todas las guerras híbridas judiciales, administrativas, culturales, geopolíticas están forzando a la sociedad y sus desorientados representantes a un nuevo contrato social donde la transmutación de la soberanía pública a la privada sea transferida y los Estados sean reformulados.

La destrucción del contrato natural que tenemos con el entorno ambiental, precondición de cualquier contrato social, sus consecuencias, serán tan legales como letales para todos. La traducción legal de todas esas necro-políticas que sufrirá una sociedad ya empobrecida, justamente eso, es el constitucionalismo gore.

Imagen: Mad Magazine, Daños punitivos, enero 2023, ilustraciones de Tom Richmond.

El Estado de excepción es una transición

La actual excepción es toda una transición hacia un nuevo feudalismo posdemocrático, una nueva carta de navegación hacia tiempos oscuros. Apela a que la sociedad se olvide lo que eran derechos y garantías, especialmente derechos y garantías sociales, algo que el sistema político facilitó con una economía del abandono, al no construir ciudadanos, clonar consumidores y dejar al pueblo sin frenos ante la supremacía de la presidencia imperial.

No hay políticas de la crueldad, esas necro-políticas, sin elites que permiten, justifican y teorizan esas prácticas. No hay práctica judicial de la crueldad sin una teoría, una interpretación de la ley que la justifique de forma directa o encubierta, a través de ideas, cuerpos técnicos, estrategias de acción y silencios selectivos. Esas son las teorías jurídicas de la crueldad. Incluso con buenas intenciones hay varias teorías que son formas sofisticadas de crueldad ocultas tras elásticas versiones del originalismo, positivismo, iusnaturalismo y la teoría crítica.

La firmeza de la brutalidad y el vitalismo de la negatividad son sus fuentes de legitimación popular. El constitucionalismo gore llega a constitucionalizar la nueva sociedad empobrecida y embrutecida, sus nuevas instituciones, sus derechos vaciados y garantías avasalladas, o sea, sus nuevas necesidades y desamparos, las razones de la desesperación que se usarán como energías sociales de un mesianismo de la negatividad. 

Esa reforma podría llevarse a cabo por las cláusulas constitucionales de límite de presupuestos, que ponen freno a gastos públicos. Uno de sus teóricos más reconocidos fue James Buchanan, premio Nobel de Economía en 1986, compañero de Coase y otros famosos economistas en la Universidad de Virginia, especialista en finanzas públicas y bienes públicos, pensador de la democracia y de la elección racional. Sus ideas serán desnaturalizadas de la siguiente manera en nuestras pampas: “Tendrás derechos si hay presupuesto para tus derechos”. “Derechos tenés pero no hay presupuesto”. Si se logra la baja de la inflación, se querrán poner frenos permanentes al gasto público para seguir tutelando el superávit fiscal. Una idea que no es extraña a los diplomáticos y funcionarios —muchos de ellos de gobiernos de facto— que elaboraron, entre 1945 y 1983, los documentos internacionales de derechos humanos que son celebrados acríticamente olvidando sus orígenes, defectos y sesgos. 

En la Argentina ya existe un límite paraconstitucional al gasto público que financia a los agentes que controlan —parcialmente— al sistema político: la deuda externa. Una reforma paraconstitucional hecha en 1982 y naturalizada desde entonces. La revolución conservadora que en Chile redactó con sangre y fuego la todavía vigente Constitución de 1980, en la Argentina estableció esa cláusula paraconstitucional a través del sistema económico y financiero como freno externo permanente a cualquier política económica acorde a la Constitución nacional.

 

Por Lucas Arrimada da clases de Derecho Constitucional y Estudios Críticos de Derecho. / El Cohete