El proyecto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que se debate en el senado propone una serie de estímulos impositivos y cambiarios, también ofrece garantías jurídicas: medidas supuestamente necesarias para poder atraer capitales. Cuando se habla de crecimiento y desarrollo se piensa en el largo plazo, en inversiones que influyen sobre la matriz productiva de un país, sobre su estructura exportadora e, igualmente importante, sobre el ambiente y la biodiversidad del territorio nacional. ¿Qué tipo de capitales estamos interesados en atraer a nuestras costas, pampas y montañas?¿Qué costos ambientales pueden generar los capitales que atraigamos? ¿Qué estaremos entregando al mundo de aquí a 10, 20 o 30 años? ¿Cuáles serán los sectores que predominarán si pasa ese capítulo de la Ley Bases?

Un futuro anclado al pasado

Vivimos el tiempo de la emergencia climática, el planeta se encuentra al borde del colapso. Una sucesión de eventos extremos plantea que la amenaza es real: las inundaciones en Rio Grande do Sul en mayo pasado, las temperaturas extremas que irrumpen en el verano boreal o la sequía que afectó a la zona núcleo en la campaña agrícola 2022-23 en Argentina. Fenómenos con graves consecuencias económicas que también matan, desplazan y afectan a miles de personas año tras año. Si la quema de combustibles fósiles es la principal causante de estos problemas, ¿nos interesa que sigan viniendo capitales a realizar tareas de prospección petrolera? 

Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA) el pico de consumo de petróleo llegará antes de que termine esta década, no por falta de recursos, sino por la caída proyectada en la demanda. No se dejará de utilizar petróleo o gas, aumentará el peso de los renovables en la matriz energética debido al avance tecnológico, la reducción de precios, leyes y normativas y las preferencias en el consumo. Es muy probable, entonces, que caigan los precios de los combustibles fósiles. Y, voila: sin prisa y sin pausa los inversores comenzarán a “salirse del petróleo”. Cuando la cercanía del pico resulte un hecho certero, los mercados se desplomarán, aparecerán los cisnes verdes, los activos petroleros perderán valor, afectando la estabilidad financiera.

Debido a los crecientes costos que conllevan los desastres naturales (huracanes, inundaciones, incendios), las petroleras enfrentaron procesos judiciales en todo el mundo, en particular en diversas jurisdicciones de Estados Unidos. Recientemente, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución para que la Corte Internacional de Justicia aclare hasta dónde llegan las responsabilidades de las naciones en materia climática, ante una crisis que golpea especialmente a los países más vulnerables. Por otra parte, los tratados energéticos con sesgo pro-inversor, firmados en la década del 90, colisionaron con los derechos humanos y la protección de la naturaleza. En los últimos tiempos, se van dejando de lado. También, los esquemas arbitrales de resolución de disputas bajo la órbita del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) comenzaron a introducir cambios.

En el contexto internacional, las tensiones geopolíticas evaporaron los preceptos del libre comercio y la búsqueda de minerales estratégicos indujo la salida de inversiones hacia países con reservas de litio o cobalto. Poco importa la seguridad jurídica, hacerse de las reservas es determinante para los fabricantes de baterías de litio y los empresarios del sector automotriz. Tal avidez explica la respuesta del gobierno de Gabriel Boric: Chile hará un uso estratégico de sus reservas de litio – tal como anticipó Salvador Allende al nacionalizar el cobre. Además de crear una empresa pública, el gobierno pretende avanzar en la cadena de valor al tiempo que brega por un mayor involucramiento de las comunidades locales. 

De este lado de la cordillera, ¿a quién le estamos otorgando derechos? ¿Cuáles son las garantías que brinda el esquema de RIGI? ¿Cuáles son sus consecuencias a largo plazo? 

Otra vez el mismo mantra

Según el proyecto presentado por el ejecutivo, las empresas que realicen grandes inversiones (superiores a los US$ 200 millones) contarán, por un lapso de 30 años, con estabilidad en el régimen cambiario, tributario y aduanero que afecte a sus retornos. Las empresas participantes quedarán exceptuadas de liquidar las divisas en el mercado de cambios por el 20% a partir del primer año contando desde la fecha de adhesión al RIGI, el 40% a partir del segundo año y totalmente eximidos desde el tercer año. También se las exceptúa de derechos de exportación durante los primeros tres años, del pago de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos y de importantes beneficios en materia impositiva, como alícuotas especiales para Ganancias, IVA, e impuestos sobre débitos y créditos bancarios. Además, en función del artículo 162 de la Ley Bases se anularía cualquier normativa previa que limite los beneficios del RIGI, vulnerando la autonomía de provincias y municipios. Los beneficios del esquema también estarían disponibles para aquellos inversores que lleguen a “comprar empresas preexistentes”, incluso aquellas sujetas a privatización. 

Más allá de los privilegios económicos que otorga el proyecto a las actividades extractivas, el impacto sobre el ambiente y la biodiversidad que generaría el proyecto, si se concreta, es preocupante. La propuesta enviada al Congreso supera los beneficios otorgados por el Régimen de Inversión Minera sancionado en 1993, cuyo aporte a la generación de cadenas de valor en el sector resultó escaso. 

Uno de los aspectos más controvertidos del RIGI es el avance sobre los recursos a disposición de las empresas participantes. Por ejemplo, sobre el uso del agua (insumo estratégico para la megaminería y la industria del fracking) en perjuicio del abastecimiento a las poblaciones locales. Por si esto fuera poco, el proyecto debilita (aún más) los requerimientos de estudios de impacto ambiental (EIA) que, hasta aquí, resultaban obligatorios para las empresas extractivas. La propuesta del gobierno va en detrimento de la sanción de futuras leyes ambientales que podrían ser desafiadas por los inversionistas en el CIADI o en otro tribunal arbitral. 

El proyecto llegó con algunos cambios al Senado. Entre las diversas propuestas en discusión se plantea fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI. Para ello, el grupo o empresa beneficiada deberá presentar un estimativo de puestos de empleos directos e indirectos con integración local estimada y un plan de desarrollo de proveedores locales. Entre otras discusiones no saldadas, por otra parte, se encuentra la estabilidad cambiaria: se objeta si Argentina está en condiciones de asegurarle a una empresa internacional que no tendrá restricciones para sacar sus dólares del país durante tres décadas, conociendo la historia de devaluaciones, corralitos y cepos de los últimos 40 años. 

Independientemente del proyecto que se apruebe, el esquema termina delineando una economía de enclave. No impone requerimientos de transferencia de tecnología a quienes estén interesados en arribar a nuestras costas, ni plantea algún tipo de asociación estratégica en sectores económicos claves. Considerar estos aspectos no debería ser tabú, mucho menos inadecuado: ya en los noventa China negociaba tratados que imponían requerimientos de contenido nacional, empleo y transferencia de tecnología. Dicha visión estratégica se observa en lo firmado por otros países del sudeste asiático, también en el comentado caso de Chile. Sin embargo, por estas latitudes las autoridades siguen repitiendo el viejo mantra acerca de la necesidad de “brindar mayores garantías… si no las inversiones no van a llegar”.

Obviamente, el proyecto concita la adhesión de sectores del establishment y de empresarios del sector extractivo. Para las petroleras, lo propuesto resulta más ambicioso que lo soñado: garantías por 30 años cuando sus propios accionistas reclaman un plan de transición. En YPF, Horacio Marin (CEO de la petrolera nacional con pasado en Tecpetrol – Techint) insiste en la aprobación del RIGI para avanzar con la planta de Gas Natural Licuado y así potenciar las exportaciones de Vaca Muerta. Idéntica postura adoptan Techint, Bridas y el resto de los actores de la industria. Inversiones de largo plazo que necesitan de reglas claras, aunque los mercados no estén garantizados. Se subsidia a la oferta por 30 años, desconsiderando lo que vaya ocurrir con la demanda en el próximo decenio.    

Ávidos de la llegada de inversiones, el proyecto de ley recibe también el apoyo de varios mandatarios provinciales (las provincias son dueñas de los recursos), principalmente las del noroeste. El interés entre las provincias cordilleranas es por la minería. Con la promesa de grandes inversiones en litio y cobre, los gobernantes entienden que solo el RIGI ayudaría a dinamizar el sector. Las mineras “vienen por todo”, reclamando la sanción del RIGI para lanzar una “nueva ola de inversiones”. Lo estratégico son los recursos (cobre o litio), porque su oferta es finita: otorgan renta. ¿Pero quién se la queda?

La Argentina puede ser clasificada como un país en desarrollo con un enorme potencial, nunca alcanzado. Al analizar las causas no se evalúa el impacto de la inversión extranjera sobre la trayectoria de desarrollo del país. Las principales experiencias terminaron en crisis, aperturas apresuradas que impusieron políticas de salida muy traumáticas, debilitando y restringiendo las chances de un desarrollo posterior exitoso. Los modelos neoliberales con apertura irrestricta de la balanza de pagos fueron influidos por la presencia de una visión ideológica extrema, errores técnicos importantes y por una excesiva dependencia en los capitales foráneos. Ello no exonera a los gobiernos anteriores, que muchas veces actuaron de la misma manera. Considérese sino el acuerdo YPF – Petronas.  

La experiencia argentina parece caracterizarse por un patrón de auge y depresión que se repite cíclicamente: una política económica irresponsable, un comportamiento imprudente por parte de los inversores extranjeros y un esquema institucional inadecuado a nivel internacional para enfrentar este tipo de crisis. Los incentivos deberían alinearse con las industrias renovables, más dinámicas a mediano plazo. Alentar la entrada de inversores al sector petrolero para sortear la restricción externa refleja una mirada estática, que perpetúa un sendero de crecimiento fallido. El proyecto oficial prioriza una visión estrecha que tampoco sortea ninguna de las propuestas alternativas que se discuten en el recinto. 

Por Leonardo E. Stanley y Arte  Juan Soto / Revista Anfibia