Las decisiones tomadas esta semana por la Corte Penal Internacional (CPI) –una orden de arresto contra el Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu y contra su ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como de tres dirigentes del movimiento Hamas– y por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) –que exige la suspensión inmediata de las actividades militares de Israel en Rafah– reflejan el creciente rechazo internacional a la masacre de la población palestina perpetrada por el gobierno israelí con el decisivo apoyo de Estados Unidos. A pesar de que ambas decisiones emanan de entidades internacionales cuyos fallos son inapelables, la CPI no agrupa a las potencias más importantes, en tanto en el caso de la CIJ no existen mecanismos legales que obliguen a su cumplimiento, por lo que Netanyahu continuará con sus planes de destrucción y exterminio de los territorios palestinos. Estados Unidos se mostrará por momentos incómodo ante la platea de su país, pero su apoyo es indisimulable. El Presidente Biden ha dicho que la orden de arresto de la CPI es inadmisible.

A diferencia de la Corte Internacional de Justicia, que resuelve controversias jurídicas entre Estados y es parte de la estructura institucional de la ONU, la Corte Penal Internacional es el único tribunal internacional con potestad para procesar a los responsables de crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Aunque cuenta con el respaldo de la Asamblea General de la ONU, no es parte del organismo.

Las resoluciones emitidas por ambos organismos, que denuncian la política sistemática e intencionada del gobierno de Israel contra la población palestina, se suman a la abrumadora votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 10 de mayo para incorporar a Palestina como Estado miembro con más derechos que los que actualmente tiene en su calidad de país observador –hecho al que sólo se opusieron Estados Unidos, Israel, la Argentina y cuatro países más–, a las protestas universitarias en Estados Unidos y muchos países europeos, y al reconocimiento de Palestina como Estado por los gobiernos de España, Noruega e Irlanda, el miércoles. Malta y Eslovenia lo reconocerán próximamente. La defensa del gobierno israelí en su accionar en territorios palestinos es moralmente insostenible. 

El hambre como método de guerra

De acuerdo con el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant “derivan de los motivos razonables para creer que tienen responsabilidad penal en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio del Estado de Palestina, en la Franja de Gaza, al menos desde el 8 de octubre”. Ambos serían además responsables de “la muerte por hambre de civiles como método de guerra”, de “causar voluntariamente un gran sufrimiento o heridas graves”, “tratamiento cruel”, “asesinato intencionado o asesinato como crimen de guerra”, “ataques contra población civil”, “exterminio”, “persecución” y “otros actos inhumanos”. Probablemente lo más grave de la acusación es el señalamiento de que “los crímenes de lesa humanidad fueron cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina, en línea con una política de Estado”. Y como si no fuera suficiente para no dejar ningún atisbo que pudiera justificar el apoyo al gobierno de Israel, se afirma que las investigaciones realizadas demuestran que “Israel ha privado de forma intencionada y sistemática a la población civil de todas las zonas de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia”.

El comunicado es demoledor. Señala que esta privación intencionada de elementos esenciales para la supervivencia “ha tenido lugar a través de la imposición de un asedio total a Gaza que implicó el cierre total de tres pasos fronterizos (...) desde el 8 de octubre durante periodos extendidos y posteriormente con la restricción arbitraria del traslado de suministros esenciales, incluida comida y medicinas, a través de los pasos una vez que fueron reabiertos”.

El comunicado señala que el asedio incluyó “el corte de tuberías de agua desde Israel a Gaza (...) durante un período prolongado que comenzó el 9 de octubre de 2023 y el corte y obstaculización del suministro de electricidad desde al menos el 8 de octubre”, situación que tiene lugar en paralelo con “otros ataques contra civiles, incluidos aquellos que hacían cola para recibir comida”, “obstrucción de la entrega de ayuda por parte de agencias humanitarias” y “ataques y asesinatos de trabajadores humanitarios, que obligaron a muchas agencias a cesar o limitar sus operaciones”. 

En esta línea, ha resaltado que “estos actos fueron cometidos como parte de un plan común para usar el hambre como un método de guerra y otros actos de violencia contra la población civil como un medio para eliminar a Hamás” y que si bien “Israel, como todos los Estados, tiene derecho a tomar medidas para defender a su población”, ese derecho “no exime a Israel ni a ningún Estado de su obligación de cumplir el Derecho Internacional Humanitario”. Y concluye de forma lapidaria que “los medios que Israel eligió para lograr sus objetivos militares en Gaza, es decir, causar intencionalmente muerte, hambre, grandes sufrimientos y daños graves al cuerpo o la salud de la población civil, son criminales”.

Según la agencia estadounidense Reuters, los gobiernos de los países del G-7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos), salvo Francia, presionaron para evitar que Khan emitiera la orden de detención a los funcionarios israelíes. Con actitud matonesca, un grupo de doce senadores republicanos de Estados Unidos (entre los que figuran Tom Cotton de Arkansas, Marco Rubio de Florida, Ted Cruz de Texas y Mitch McConnell, líder de la minoría) remitieron una carta a Khan, en la que le advirtieron que no emitiera órdenes de arresto internacional contra Netanyahu y otros funcionarios israelíes pues recibiría “severas sanciones” si lo hacía: “Cualquier intento de la CPI de responsabilizar a Netanyahu y sus colegas por sus acciones en Gaza será interpretado no sólo como una amenaza a la soberanía de Israel, sino a la soberanía de los Estados Unidos”. “Apunta a Israel y te apuntaremos a ti”, le escribieron a Khan, agregando que “sancionarán a sus empleados y asociados, y les prohibirán la entrada a los Estados Unidos a usted y a sus familias”. Los senadores señalaron que la CPI “está intentando castigar a Israel por emprender acciones legítimas de autodefensa contra sus agresores respaldados por Irán. Estas órdenes de arresto alinearían a la CPI con el mayor Estado patrocinador del terrorismo y su representante”. Y con lenguaje propio del hampa, concluyen la carta con un “han sido advertidos”.

El gobierno de Israel ha calificado de “escandalosa” la decisión de la CPI, y dice que nadie los detendrá. La han comparado con el régimen nazi y vinculado con el antisemitismo. “No hemos visto tal muestra de hipocresía y odio hacia los judíos como la del Tribunal de La Haya desde la propaganda nazi”, han señalado las autoridades. Mientras tanto, Hamás y la OLP han denunciado que la CPI equipara a víctimas y verdugos.

El problema de la CPI radica en su déficit de representatividad. Solo 123 países han suscrito el Tratado de Roma, que rige su funcionamiento. Las grandes potencias (Estados Unidos, China, Rusia, India, Israel, entre muchos otros) no son miembros de la CPI. Palestina sí lo es desde 2015. La Corte está facultada a investigar crímenes de guerra en territorios de sus países miembros –aunque estos hayan sido perpetrados por nacionales de países que no lo son– si la justicia se ejerce de forma deficiente. Es el caso de Israel, que según diversos informes tiene un doble rasero para medir los crímenes realizados por la población palestina y la israelí. Un informe reciente publicado por Ronen Bergman y Mark Mazzetti en el New York Times señala que durante décadas la mayoría de los israelíes han considerado que el terrorismo palestino era el mayor problema de seguridad del país, pero que hay otra amenaza que puede ser aún más desestabilizadora para el futuro de Israel como democracia: el terrorismo y la violencia de los judíos, y la falta de aplicación de la ley contra ellos. 

¡Detengan la ofensiva militar!

El viernes, pocos días después de la orden de detención de Netanyahu y su ministro de Defensa, la CIJ, el máximo tribunal de Naciones Unidas ordenó a Israel detener inmediatamente su ofensiva militar en Rafah, en el sur de Gaza, adonde han arrinconado a la población palestina. Como se recordará, Sudáfrica había pedido al tribunal que emitiera esa decisión al considerar que las actividades de Israel en Rafah constituyen una operación genocida y amenazan la supervivencia del pueblo palestino. La CIJ emite fallos jurídicamente vinculantes en casos de disputas entre países, pero dispone de pocos mecanismos para hacer cumplir sus sentencias. Por eso, los funcionarios israelíes, además de negar las acusaciones en su contra, han anunciado que ignorarán cualquier orden destinada a detener sus operaciones.

El juez que preside la CIJ, Nawaf Salam, ha señalado que la situación en Gaza se ha deteriorado desde la última vez que el tribunal ordenó a Israel que tomara medidas para mejorarla, que los ataques podrían provocar “la destrucción física” de los palestinos y que Israel debe permitir el acceso a Gaza de cualquier organismo de la ONU que investigue acusaciones de genocidio. El fallo también reiteró el requisito de que Israel permita “la provisión sin obstáculos a escala” de servicios básicos y ayuda humanitaria para las zonas afectadas, ya que la población se encuentra en situación de hambruna.

Pero Netanyahu no tiene problemas en pisotear la institucionalidad de la ONU. Minutos después de que se conociera la decisión de la CIJ, aviones de combate israelíes lanzaron ataques aéreos contra el campamento de Shaboura, en el centro de la ciudad de Rafah.

El día previo a este fallo de la CIJ, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, anunció que Netanyahu sería recibido pronto en el Capitolio para una sesión conjunta del Congreso. Dijo que la invitación es una “oportuna” y “muy fuerte muestra de apoyo” a su gobierno en momentos de mayor necesidad. Sin embargo, condicionó la invitación a que el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aceptara firmar una invitación conjunta. A pesar de ser judío, Schumer dijo en marzo que debían celebrarse elecciones anticipadas en Israel, porque ese Estado “no puede sobrevivir si se convierte en un paria” en la escena internacional. Igualmente, algunas informaciones señalan que se estaría buscando imponer sanciones a miembros de la CPI por la solicitud de una orden de arresto contra Netanyahu y Gallant.

Es difícil imaginar que en el corto plazo puedan hacerse efectivos sus arrestos. Los jueces de la Corte deben confirmar todavía las órdenes de arresto y esto probablemente ocurrirá pronto, pues había que tener todas las pruebas para tomar una decisión de esa magnitud, teñida de amenazas, como lo hizo el fiscal Kahn. Con el aval de Estados Unidos y el resto del G7, a los que se suma una Argentina que repite los comunicados del Secretario de Estado, Antony Blinken, Israel tiene todavía el camino relativamente despejado para continuar con los crímenes de lesa humanidad en línea con su política de Estado, pero con la carga de haber perdido la batalla moral.

Por Ariela Ruiz Caro / El Cobete