Evidencias a la vista de todas y todos revelan que un número importante de responsables políticos –entre los que se cuentan algunos con pertenencias pasadas en el campo popular– están tomando decisiones en función de una perspectiva de corto alcance, en ocasiones determinada por el síndrome del electoralismo localista, en otras por puro oportunismo, cuando no transfuguismo, pero en todo caso indiferentes al enfoque nacional, más cuando se tiene enfrente un gobierno reaccionario y entreguista; decisiones que ignoran aspectos tan irrenunciables como indisolublemente ligados: el de los intereses de la nación en tanto entidad política autónoma, el del conjunto integrado –y solidario– de las provincias que la conforman y el de la situación socio-económica de todos sus habitantes.

El cuadro tiene por primeros actores a una mayoría de gobernadores, por escenario el Congreso –con excepción de los bloques de Unión por la Patria y la izquierda– y por libreto el tratamiento de instrumentos determinantes del proyecto de desintegración nacional en ejecución: el DNU 70/23 y la Ley Bases. Tal vez el rechazo de una parte importante de los argentinos al sistema político no deba buscase tanto en sus presuntos privilegios como en aquellas conductas y en su sometimiento a los poderosos, que ahora suele llamarse “gobernabilidad”: en lugar de disciplinar al poder económico, ha sido mayoritariamente disciplinado por este poder; ese es el origen de su gran deuda con el pueblo, de ahí la pertinencia de aquel “búsquense otro laburo”.

Curiosa deriva del sistema político de un país que tiene conciencia de sus derechos porque tiene tradición de lucha y tiene tradición de lucha porque tiene memoria de bienestares. No es necesario bucear en el pasado: sin perjuicio de los legítimos cuestionamientos a ciertas dirigencias, las centrales argentinas de trabajadores han convocado en cuatro meses a dos paros generales de significación decisiva, uno de los cuales culminó con un acto masivo, y también presencia en las marchas del 24 de marzo y en defensa de las universidades nacionales. En una época en la que el capitalismo ha reconfigurado drásticamente sociedades enteras, con precarias relaciones laborales, pseudo cuentapropismo, modalidades como la llamada home office, operando sin descanso a través de las redes, cabe una pregunta: ¿Cuántos movimientos sindicales en el mundo tienen capacidad para llamar a dos paros en menos de cuatro meses y mostrar grandes ciudades desiertas?; y una afirmación: es sorprendente que en aquel país una parte importante de los sectores dominantes crea todavía que un plan de negocios basado en llevar a extremos escandalosos el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población y en bastardear la integridad nacional pueda ser políticamente estable en el largo plazo. 

Economistas colonizados

Por su parte, economistas de ese mismo país en general enrolados en la ortodoxia –no me refiero a los publicistas neoliberales que actúan como economistas– hacen análisis en los que las incoherencias técnico-económicas van sistemáticamente acompañadas de la omisión del conflicto social y la disputa no resuelta entre dos proyectos de nación, o lisa y llanamente su destrucción, factores inherentes a cualquier patrón de acumulación. Esgrimen como letanía ejemplos de neoliberalismos exitosos en países de la región que “no tienen inflación”, como si alcanzar esa meta –necesaria– fuera la solución de todos los males.

Se olvidan de que el ajuste neoliberal infinito se expresa en Perú como crisis institucional permanente, en Ecuador con frecuentes estallidos sociales y en Chile, donde hubo violentas y multitudinarias manifestaciones que impulsaron una reforma constitucional que, bloqueada por la derecha históricamente más hábil de la región, resultó fallida; lo que implicó volver a la injusta estabilidad asegurada por un sistema político de alternancias que no amenazan las reformas estructurales pinochetianas –laboral, previsional y fiscal–; tampoco amenazan la impunidad de la dictadura que gobernó a partir del derrocamiento del Presidente Salvador Allende ni el alineamiento con Estados Unidos, por supuesto, con formas y contenidos menos burdos que los del mileiato. En síntesis, democracias formales rígidamente estratificadas y militarmente controladas.

Los argentinísimos cambios macroeconómicos bruscos se producen porque, en virtud de la memoria y tradición apuntadas más arriba, el país nunca ha dejado de estar en disputa: los sectores populares no se han dado por vencidos, y por eso cuenta con una economía más desarrollada –por lo tanto más compleja– que en ciertos períodos –como 2002-2015– recupera su potencia industrial. Así, se ha evitado la destrucción del sistema sindical y, en el período señalado, por ejemplo, se recuperaron y generaron nuevas políticas sociales progresivas, se reinstaló un sistema previsional solidario y se reconstruyó la institucionalidad laboral, entre otras conquistas populares. En otras palabras, las y los argentinos no se han resignado al sometimiento de los poderosos. 

La cuestión colonial

Sin embargo, con los países de la región compartimos algo más que el idioma. Es un lugar común –incluso en espacios del movimiento nacional– suponer que el subdesarrollo es un atraso técnico; que entonces, si facilitamos el despliegue de las leyes del capital –recuperar la “confianza”: exportar recursos naturales, cumplir con el Fondo, etcétera–, alcanzaríamos sin más el desarrollo. Se trata de un planteo que supone que hay un único camino que empieza en el subdesarrollo pero, si se hacen los deberes que pide el capital, nos lleva al desarrollo: toda una concepción del devenir histórico funcional a los intereses de los países con tradición imperial.

Estamos ante una manipulación del lenguaje –una más– que da a entender, por un lado, que subdesarrollo es una situación meramente interna del país y, por otro, que consiste en un atraso cuantitativo: sería el primer eslabón de una serie, al final de la cual encontraremos a los países desarrollados. La relación entre las respectivas estructuras –desarrolladas, subdesarrolladas– sería exterior, mecánica y accidental. Para colmo, la manipulación lingüística permite a las metrópolis asomarse a nuestras desventuras con aires paternalistas o, en otros tiempos, maternalistas –la “madre patria” –.

No obstante la duda de contar o no con la aprobación del doctrinario, ganador y promotor de premios y ex compañero Daniel Scioli, debo decir que las cosas discurren de otra manera. No estamos ante una situación de atraso o primitivismo propio de la idiosincrasia argentina, eso que llaman subdesarrollo y unos cuantos atribuyen al “país de mierda”, sino ante una verdadera relación de dependencia, de explotación semicolonial sobre la que se basa la prosperidad de las metrópolis desarrolladas y el atraso de nuestra economía a ellas tributaria y de ellas dependiente, por eso los simples datos técnicos –riqueza, equipamiento cultural y tecnológico, experiencia en niveles industriales, etcétera– no pueden explicar tan singular subdesarrollo. 

Ni bajar los brazos ni desactivar las neuronas

Cuando ha transcurrido apenas una octava parte del gobierno de las corporaciones gerenciado por Milei y el daño potencial que es capaz de consumar es enorme, cuando se quiebran acciones colectivas como esta semana cuando la burocracia de la UCR defeccionó para salvar su situación –no la de los docentes, no docentes y estudiantes– en la UBA; podría parecer que no es oportuno bosquejar ideas para el futuro, pero debemos intentarlo para ofrecer y ofrecernos algo más que diagnósticos y quejas.

De lo dicho hasta aquí se infiere que un proyecto que proponga y se prepare para devolver el necesario reconocimiento a la política y reiniciar –una vez más– la reparación nacional y la reconstrucción social del país, que habrá recibido un despiadado ataque, tendrá la posibilidad de recuperar un apoyo popular mayoritario. Si nos detenemos un instante comprobamos que es ni más ni menos que lo que se propuso y realizó en 2003 Néstor Kirchner, un proceso que implica como condición necesaria el disciplinamiento del gran poder económico y, por lo tanto, abandonar la idea suicida de la moderación mal entendida, que no es otra cosa que debilidad con los poderosos y fortaleza con los débiles.

Ahora bien, ¿cuáles son los requerimientos y las directrices orientadoras de semejante reto? La primera condición para recorrer ese camino es contar con un factor escaso: un liderazgo político capaz de ejercer la conducción del proceso desde ahora, desde la oposición; razón por la cual sería una zoncera de lesa política desconocer o criticar por cuestiones formales o instrumentales el único liderazgo realmente existente, el de Cristina Fernández de Kirchner –cuya inteligencia seguramente sabrá ampliar los alcances de su ascendiente–: la historia ha mostrado que, en un país dependiente, tanto la definición como la ejecución de una propuesta nacional-popular transformadora deben inscribirse en una matriz eminentemente política que requiere decisión y coraje, entre otros componentes.

Otros dos elementos cruciales y fuertemente vinculados son la movilización popular y la política económica que viabilice su convocatoria. Justamente dos factores que explican el fracaso del gobierno de Alberto Fernández, porque desmovilizó su base electoral y la defraudó al consentir la caída del salario real y las jubilaciones, condicionado por una deuda externa heredada que no supo o no quiso renegociar en términos menos dañinos para el país: se otorgó prioridad a los compromisos asumidos, por lo que se optó por una política centrada en las exportaciones, a como diera lugar.

El desarrollo que se conciba en el marco de un proyecto nacional, popular y democrático supondrá una estrategia transformadora de la sociedad neoliberal que nos habrán legado; tendrá al crecimiento como un medio, no como un fin. La pobreza, la concentración del ingreso, la riqueza y la desigualdad social no serán “asignaturas pendientes” en el marco de un “crecimiento exitoso”; en otras palabras, no serán consecuencia de una estrategia de crecimiento económico antagónica con el desarrollo genuino.

Para sostener un proceso de industrialización sin crisis externas, habrá que encarar una complicada renegociación de la deuda en términos tales que los pagos no comprometan el rumbo elegido, que es lo mismo que decir que hay que romper el status semicolonial. La explotación de los recursos naturales deberá proveer divisas para la diversificación de la producción nacional, la industrialización y desarrollo de la ciencia y la tecnología: se trata de lograr autonomía de crecimiento, de evitar que el crecimiento sea conducido desde afuera. Esto es algo que no podrá realizarse sin discutir los derechos de propiedad de los recursos estratégicos que no son derechos cuasi divinos, deben estar sujetos a la voluntad popular, a una voluntad popular informada –no sólo por quienes nos quieren colonizados–, que debería ser la que determine si diseña sus instituciones y concede a sus circunstanciales ocupantes el poder político suficiente para que el país se apropie de las rentas extraordinarias que su explotación genera. Así, por ejemplo, un área con la alta potencialidad de la minería deberá ser organizada con presencia estatal en la dirección, regulación y producción, y asegurar que el valor agregado mejore los encadenamientos productivos integrando a las pequeñas y medianas empresas.

Congratularnos porque “tenemos lo que el mundo necesita” no es precisamente un acierto: no se trata de adaptarnos a producir lo que esa abstracción llamada mundo presuntamente nos demanda, sino de decidir con autonomía cómo y cuál será la inserción internacional de la Argentina. Para lo cual se necesita expandir el mercado interno, que será el escenario en el que se configurará la nueva estructura económica.

Se presenta abrumador y difícil, pero nunca fue y no es imposible porque siempre hubo y hay un pueblo que no se entregó y no se entrega.

 

Por Mario de Casas