El Gobierno envió al Congreso cuatro proyectos de ley para, supuestamente, abordar de manera integral "la lucha contra la criminalidad organizada". Son iniciativas que fueron presentadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que incluye, por ejemplo, una nueva Ley Antimafias y la reducción o eliminación de las penas para miembros de las fuerzas de seguridad que se vean involucrados en un caso de gatillo fácil. En paralelo, las iniciativas aumentan las penas para aquellas personas que reincidencian en un delito y establece la creación de un nuevo Registro Nacional de Datos Genéticos.

Uno de las reformas más polémicas es la de la legítima defensa. En línea con la "doctrina Chocobar", la propuesta amplía el uso de armas de fuego para los agentes cuando crean necesario y aunque el agresor tenga un arma de juguete o se esté escapando sin representar peligro. El supuesto es que el efectivo siempre va a disparar en cumplimiento del deber. "Queremos cambiar la idea de que los policías son victimarios y víctimas los que comienzan el hecho delictual", expresó la ministra semanas atrás.

La nueva Ley Antimafias, por su parte, aplica a un amplio abanico de delitos para integrantes de organizaciones criminales: tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos. "Se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación", indica la ley.

Un punto central de la iniciativa es que la pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Además, se incorpora el concepto de reiterancia. Si concurren dos hechos independientes, las penas se suman de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años. 

En el paquete aparece también un Nuevo Registro de Datos Genéticos para ampliar su alcance. El objetivo es extiender el registro existente a todos los delitos y no únicamente a los cometidos por ofensores sexuales. Se prevé poder comparar las huellas genéticas que se obtengan en la escena del hecho con el perfil genético de los imputados y condenados.
 

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