Alfredo Ignacio Astiz es posiblemente una de las caras más conocidas de la Armada Argentina. Uno de sus hijos dilectos que, con dedicación, se dedicó a infiltrarse entre los familiares que buscaban a sus seres queridos desaparecidos. Pese a su destacado rol, Astiz es casi un fantasma para la Marina. Su legajo de calificaciones desapareció en algún momento entre las postrimerías de la dictadura y los primeros años de la democracia, cuando la fuerza estaba ocupada por esconder todo lo que la comprometiera con el centro clandestino de detención más conocido de los años del terrorismo de Estado, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

La falta del legajo de Astiz no es ninguna novedad para los jueces que debieron juzgar su accionar en aquellos años. Desde que se reabrieron los juicios, Astiz recibió dos condenas a prisión perpetua: una en 2011 y otra en 2017. Los últimos integrantes del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 que lo condenaron –Leopoldo Bruglia, Daniel Obligado y Adriana Palliotti— destacaron en su sentencia que no contaban con los legajos originales de la Armada: el de conceptos se “extravió” y el de servicios tuvo que ser reconstruido con faltantes de hojas. Parte de esa reconstrucción y la búsqueda de otros documentos que mostraron que estuvo dedicado a la “lucha antisubversiva”, como la denominaba la Marina aún en democracia, fue posible gracias a los equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) documental, que el ministro Luis Petri acaba de desmantelar con el argumento de que eran un “grupo de persecución”.

Mucho antes de que Petri soñara con ser ministro de Defensa, Bruglia, Palliotti y Obligado destacaron –a fojas 9719 de su fallo en ESMA Unificada– dos aportes que habían hecho los equipos de Defensa para reconstruir el rol de Astiz en aquellos años, que complementaron los testimonios de los sobrevivientes que padecieron al oficial rubio y de ojos claros en el campo de concentración de Avenida del Libertador.

Uno de los documentos que los expertos habían encontrado era una carta que Astiz había enviado el 21 de abril de 2006 al coronel Augusto Benjamín Rattenbach. Astiz estaba furioso porque el coronel había dicho en una entrevista con el diario La Nación que los militares habían adulterado el informe que su padre, el general Benjamín Rattenbach, confeccionaba sobre la guerra de Malvinas para mejorar la situación de Astiz tras la rendición frente a los ingleses.

“Mi desempeño en ese conflicto, así como el que tuve que cumplir en el marco de la guerra contra el terrorismo, fueron y son duramente cuestionados por sectores de la prensa, políticos y grupos afines a las organizaciones terroristas de ese entonces”, se atajó Astiz.

Fragmento de la carta enviada por Astiz.

La argumentación que dio el marino en 2006 era similar a la que daban sus jefes en la Armada años antes. Los equipos también hallaron –como lo destaca el TOF 5– una nota que envió el 27 de diciembre de 1995 el entonces comandante de Infantería de Marina, contraalmirante Miguel Ángel Troitiño, al comandante de la flota Austral para “clarificar” la “actuación que le cupo al señor capitán de fragata Alfredo Astiz durante la guerra subversiva que asoló al país desde mediados de la década del ‘60 hasta fines de la década del ‘70, como así también sobre las actividades desplegadas por este señor jefe en las Georgias en 1982”.

El documento destacaba que Astiz fue asignado dentro de la fuerza de tareas al área de inteligencia, “cuya misión principal era obtener información básica sobre un enemigo difuso y mimetizado con la población inocente”. Troitiño decía, además, que la inteligencia representaba el “80 por ciento de la efectividad final de las operaciones” y que el resto se debía a las tareas de control u operacionales. En otras palabras, reconocía que Astiz había tenido un rol muy relevante.

“Una de sus misiones –especificaba el contraalmirante– fue la de infiltrarse en los grupos sospechosos de tener contacto con la subversión: uno de ellos, las ‘Madres de Plaza de Mayo’ y sus colaterales”. Aunque no parezca, la nota de Troitiño se escribió más de doce años después del regreso de la democracia.

“Las características fisonómicas lo hicieron fácilmente reconocido por los agentes subversivos que no le perdonan que haya burlado la confianza que depositaron en él. De ahí su ensañamiento y acoso permanente. De ahí, sus infundios sobre asesinatos, torturas, violaciones, etc. que obviamente nunca cometió”, concluía.

El documento confirmaba lo que los organismos de derechos humanos denunciaron desde fines de la dictadura: que Astiz –haciéndose pasar por “Gustavo Niño”-- se infiltró y provocó el secuestro de tres Madres de Plaza de Mayo –Azucena Villaflor de Devincenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco–, de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y de otros siete activistas que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz.

Astiz es un caso particular: abundan los testimonios de su paso por la ESMA, de sus viajes a Europa para infiltrarse entre los exiliados e incluso algunas declaraciones públicas –como la entrevista que le concedió a Gabriela Cerruti en 1998, en la que se jactaba de saber matar. Sin embargo, hubo quienes se preocuparon por borrar sus marcas. No solo faltaba su legajo sino que arrancaron hojas de legajos de suboficiales donde estaba su firma.

“Si nosotros pedíamos el legajo, las Fuerzas nos iban a responder que no lo tenían. Sin embargo, los equipos encontraron esta documentación”, explicó un magistrado que valora el rol de los expertos que en su mayoría fueron despedidos por Petri.

Las razones del desmantelamiento

El 27 de marzo, el Ministerio de Defensa echó a diez de los trece integrantes de los ERyA –que funcionaron desde 2010, lo que implica que estuvieron activos durante gobiernos peronistas y también durante la administración de Cambiemos. A Clarín, Petri le dijo que los había echado porque eran un “grupo de persecución” que hacía "macartismo" dentro de las Fuerzas Armadas.

Voceros del Ministerio se comunicaron con este diario para decir que estaban haciendo una auditoría sobre los expertos con el argumento de que "se dedicaban a investigar a familiares de personalidades públicas" como el padre de Victoria Villarruel, el teniente coronel Eduardo Marcelo Villarruel, que falleció en 2021. Es posible, estimaron fuentes que conocen el Ministerio, que Petri busque congraciarse con la vice después del desplante que le hizo ella a su propuesta de involucrar a los militares en Rosario.

Los mismos voceros se preocuparon por aclarar que no tienen vínculo con Cecilia Pando, quien festeja sus políticas y difundió una foto con el ministro y mujeres que son hijas o esposas de condenados por crímenes de lesa humanidad. Tanto Pando como Justicia y Concordia –que agrupa a abogados que intervienen como defensores en las causas de lesa– aplaudieron la decisión de Petri de desmantelar los equipos, que fue denunciada por organismos de derechos humanos y fiscales como un plan para obstaculizar los juicios.

Es curioso que uno de los represores que más despotricaron contra los equipos de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa fue Horacio Luis Ferrari, quien está actualmente en juicio por crímenes cometidos en la ESMA. “Como todos los informes que se piden a la Armada tienen que pasar por la secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, esa gente filtra la información y la manda para acá. Como ellos quieren”, se quejó amargamente Ferrari, cuyo principal eje de defensa casualmente es poner en duda los registros que hay en su contra. 

Por Luciana Bertoia / P12