“La atención excesiva a la inflación nos ha distraído de las cuestiones del pleno empleo y el crecimiento económico. En nombre de la ‘flexibilidad del mercado laboral’ se ha desestabilizado el empleo, y con él muchas vidas. (…) Lo más desestabilizador que suele pasarle a la mayoría de las personas es quedarse sin trabajo (o que lo reformulen radicalmente) o que le embarguen su vivienda. (…) El paquete de políticas de libre mercado (…) pone el acento en reducir la inflación, aumentar la movilidad de los capitales y acentuar la inseguridad del puesto de trabajo (…) y lo hace sobre todo por estar orientado a los intereses de los titulares de activos financieros (…)”  (Chang, Ha-Joon, 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo, cuarta edición: noviembre 2016, Penguin Random House, Barcelona, España, 2016, 77, 84 y 85).

En su edición del 17 de marzo de 2024, El Cohete publicó entre sus notas un escrito que Guillermo Wierzba había redactado hacía un cuarto de siglo. Uno de los principales temas de la nota es la defensa del derecho al trabajo y el pleno empleo, reclamando a los políticos su reivindicación, en contraste con la idea de trabajo flexible y el desempleo, de los que se sirven empresarios inescrupulosos. Indica que los problemas no surgen de los cambios tecnológicos, sino del neoliberalismo y el intento de hegemonía del capital. En la nota, el derecho al trabajo se encuentra entre los derechos que hacen a la dignidad de las personas, es un derecho fundamental para lograr otros derechos, proponiendo la capacitación y disminución de la jornada como forma de lograr trabajo para todas y todos. Expresa que el Estado debe ser el garante del pleno empleo y el derecho al trabajo.

A pesar de que han pasado 25 años, la actualidad del escrito es asombrosa, porque las características y consecuencias del sistema en ese momento eran esencialmente las mismas que en este momento. Nos encontramos nuevamente con un capitalismo neoliberal que ha logrado imponerse políticamente en nuestro país, y busca avanzar descargando sobre el pueblo una acción que con violencia le arrebata sus derechos humanos fundamentales.

El momento político actual es parte de nuestra historia, no se trata de una novedad, sino una repetición. Quienes hoy gobiernan son la continuación de la dictadura genocida cívico militar iniciada en la segunda mitad de los ‘70 de la última década del siglo pasado, que se inició con el menemismo y se extendió en el breve periodo delarrusita, y durante el macrismo en el siglo XXI. Llegamos a este momento luego de una elección donde las opciones de los tres espacios más votados eran muy parecidas a lo que había en 1999, todos candidatos afines a las mismas ideas, sin anclaje en el derecho al trabajo. El gobierno elegido se parece mucho al de De La Rúa, durante el cual se aceleró al máximo el saqueo y la estafa al pueblo trabajador, con la destrucción del derecho del trabajo y las relaciones laborales entre los principales objetivos.

Como en el pasado, pueden verse en los distintos espacios políticos personas que parecen dispuestas a negociar los cambios que impulsa el gobierno, ofreciendo parte del derecho al trabajo como moneda de cambio. También pueden verse formas no democráticas de parte del gobierno para vencer a quienes se resisten a su plan flexibilizador.

Una vez más, el discurso modernizador, que alega los cambios tecnológicos para justificar cambios, parece olvidar que en el mundo del trabajo ese tipo de avances han sido una realidad constante desde la primera revolución industrial de fines del siglo XVIII (hay quienes dicen que estamos transitando la cuarta revolución industrial, o un capitalismo 4.0). Nada interesan a este gobierno, que quiere reprimarizar nuestra economía, los cambios tecnológicos; reivindica la Argentina de hace un siglo: la de la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde y la Forestal.

Lo que sigue siendo relevante para definir políticas en la actualidad es el capitalismo, con su voracidad ilimitada y su tendencia a destruir lo que se le oponga, algo que suele borrarse de la discusión cuando es lo que debe guiar qué cambios son necesarios. 

Los sectores que se identifican con la justicia social deben saber a qué se enfrentan, evaluando si en este momento de crisis económica y poderes desbalanceados resulta oportuno dar el debate sobre la reforma del derecho al trabajo. Entrar en un momento como el actual a ese debate y hacerlo sin conocer acabadamente su historia y principios fundamentales, sin saber qué debe cambiar, por qué y para qué, cómo y cuándo, sin considerar quién es el enemigo, que conoce todo lo anterior y quiere destruir el objeto a debatir, implica el riesgo de destrucción de lo que se debe fortalecer. Para graficar, como solemos hacer quienes defendemos a personas que trabajan cuando les explicamos sus derechos, sería como aceptar batirnos a duelo en una noche oscura, teniendo como arma una piedra (o nuestras buenas intenciones), frente a un oponente que es un experto tirador y cuenta con un arma de fuego.

Sin estabilidad no hay derechos

No es accidental que uno de los derechos que recibe los mayores ataques, en forma directa o indirecta, sea el derecho al trabajo, con sus derivaciones fundamentales: la estabilidad y la protección frente al despido arbitrario. A quien le pueden arrebatar con facilidad y sin consecuencias su trabajo, difícilmente pueda hacer valer el respeto por los derechos laborales que surgen de una relación de trabajo (ej. salario digno, vacaciones, jornada limitada, cuidado de su salud, etc.), ya que ante el reclamo se quedará sin trabajo y con ello sin derechos.

Se vende hace algunos años en nuestro país la idea de remplazar la indemnización por despido por un fondo que se va acumulando durante la relación laboral, librando al empleador de toda complicación al momento del despido. Es una idea que se presenta como novedosa, con nombres pomposos y europeizantes, como el de “mochila austriaca”, pero tiene su triste historia en nuestro país. Surgió durante una dictadura, la de Onganía, y se modificó durante otra dictadura, la de Videla. Se trata de un sistema de desprotección frente al despido arbitrario, ya que se financia el despido mediante aportes mensuales que hacen del despido un mero acto de voluntad del empleador. Los trabajadores de la construcción alcanzados por esa normativa, actualmente la regla 22.250, son de los más precarizados y explotados de nuestro país.

No es cierto que ese sistema, que convalida el despido arbitrario, mejore positivamente en algo la realidad de las empresas. Las empresas de la construcción donde se aplica están ingresando a una profunda crisis, no por la normativa laboral sino por las políticas económicas del gobierno actual. Los únicos ganadores con sistemas como el de la ley 22.250 son los que están en el negocio financiero.

Querer trasladar el sistema de la construcción a todas las relaciones de trabajo es inconstitucional por dos razones centrales: la desprotección y la regresión. El camino es el contrario, se debe avanzar y proteger frente al despido arbitrario a quienes trabajan en la construcción.

Intentos como el del DNU 70/23, que buscan extender la desprotección de la construcción a otras actividades, son nulos de nulidad absoluta, tanto por la forma como por el contenido, que recuerdan a la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo que realizó la dictadura.

Para discutir reformas hay que saber

Que se entienda, no se trata aquí de una negativa a discutir la reforma y vigencia de las normas laborales; sino que se pretende que se considere si es el momento adecuado de hacerlo, teniendo presente que debe hacerse con propuestas superadoras, partiendo de los principios e historia del derecho al trabajo. El camino no es negar relaciones laborales disfrazándolas de otra cosa, ni mantenerlas en la clandestinidad, mucho menos desactivar las herramientas fundamentales que tienen las personas que trabajan para hacer valer sus derechos en forma individual y colectiva. Es decir, el camino no es demoler derechos.

Antes de pensar en reformas, deberíamos preocuparnos por el cumplimiento efectivo de la normativa que tenemos, empezando por la Constitución nacional, cuando gobiernan quienes desprecian ese contrato social fundamental y actúan como si no existiera.

Primero, cumplir cabalmente con la manda constitucional de “protección contra el despido arbitrario”, estableciendo un sistema de estabilidad, como el que estuvo vigente durante los peores momentos de la pandemia de Covid (sin que quebrara ninguna empresa). Con esto, la persona que trabaja no tendrá temor a perder su empleo, mientras que los empleadores no pensarán en términos económicos la extinción de una relación laboral.

Segundo, poner en vigencia la cláusula constitucional que establece “participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”, para acrecentar los niveles democráticos en la empresa y en la economía. Enfrentar la globalización y las injusticias del capitalismo mediante una política social orientada a que el trabajo participe del capital, complementando el principio de copropiedad con el de consenso. Para lograr sociedades democráticas, las reglas del sistema deben estar presentes en todos los ámbitos que definen la vida colectiva.

Al existir participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa, la precarización y los abusos de todo tipo a que se ven sometidos resultan más difíciles de practicar. Se trata de dos caras de una misma moneda. La estabilidad hace posible a su vez la participación.

Tercero, lograr que existan realmente “condiciones dignas de labor”, con una nueva ley de accidentes y enfermedades del trabajo, que gire en torno a la prevención, para un mejor cuidado de la vida y la salud de las personas que trabajan, en lugar de un negocio para empresas de seguro dedicadas al negocio financiero.

Cuarto, reformular la jornada de trabajo. La Constitución habla de “condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada”; no establece el límite, solo que debe ser considerado con relación a la dignidad y equidad. Una de las primeras luchas de quienes trabajan fue la de la jornada limitada, ocho horas de trabajo diario, para disponer a su vez de ocho horas para el descanso y ocho horas para el disfrute. Hoy debemos evaluar si no debe ser menor la jornada, diaria y/o semanal, en un contexto de desgaste producido sobre la psiquis por la tecnología. También debemos considerar la necesidad de repartir mejor el trabajo disponible, dado el avance tecnológico que disminuye la cantidad de horas de trabajo humano necesario. Se trata de una materia donde la tecnología sí es relevante.

Quinto, lo más importante, que toda actividad económica a la que aportan su trabajo las personas cuente con una “organización sindical libre y democrática”, una herramienta para realizar, conservar y acrecentar los derechos que se vienen enumerando y otros igualmente significativos. Las libertades de reunión, organización y manifestación son indispensables para la vigencia de la democracia y del artículo 14 bis (que intenta remplazar la Constitución que el pueblo trabajador tuvo en 1949).

No debilitemos la democracia, reforcémosla

El derecho al trabajo y su actualidad surgen de la vigencia del capitalismo y, sobre todo, de la crueldad con la que quiere imponerse.

Las ideas que hace unos años se empezaron a escuchar nuevamente, sobre la necesidad de reformar el derecho al trabajo, empezando por la estabilidad, no tienen nada de nuevo. La hegemonía semántica e ideológica del poder económico, el dominio del mercado mundial sustituyendo el quehacer político, hace tiempo que niega la posibilidad de hablar de relaciones laborales estables, amenazando con el riesgo de que con ello las inversiones desaparecerán.

Frente a esos discursos falaces, alcanza con ver la realidad. Tanto el desarrollo pasado de países como Alemania, Italia o Japón, como el actual desarrollo en China, van de la mano de la estabilidad en el empleo y de una ampliación de los derechos reconocidos. Frente a esto, en nuestro país los peores indicadores sociales y económicos fueron de la mano del recorte a manos del Estado, en sus tres poderes, de derechos laborales. Comparar datos de pobreza, desempleo, actividad económica, entre otros, entre el inicio y el final de cada uno de los periodos de gobiernos neoliberales, es esclarecedor. El estallido social de 2001 y los indicadores que se vienen reseñando es el más gráfico ejemplo; preocupan por eso los parecidos actuales con situaciones existentes en la previa a ese momento.

El derecho al trabajo es una herramienta para la justicia social. Si no hay consecuencia real por incumplir derechos laborales, empezando por despedir arbitrariamente o no cuidar la vida y la salud de las personas, las relaciones laborales van a ser cada vez más injustas, aportando a una mayor conflictividad social.

En tiempos en que se apuntan nuevamente todos los cañones contra los derechos sociales en general y los laborales en particular como responsables de los problemas económicos, y se pretende que recortarlos o eliminarlos es la solución, es importante pensar si no sucede todo lo contrario, si los problemas no surgen de una falta de concreción adecuada de esos derechos. En otras palabras, el problema no es el 14 bis de la Constitución nacional, sino la falta de cumplimiento efectivo del este.

Necesitamos un debate amplio y democrático, revisando la historia de nuestro país y de otros países, con seriedad, tomando información real de las variables fundamentales, contrastando datos y periodos. Si lo hacemos, vamos a ver que la mejora de los indicadores económicos, pero también democráticos, suelen ir de la mano de la mejora de derechos del pueblo trabajador. Por el contrario, en épocas en las que se han recortado derechos, se han impuesto o creado las condiciones para que los indicadores de la economía y la democracia se deterioren. Todo lo que hoy se plantea en materia laboral ya fue discutido y puesto en práctica, en nuestro país y en otros países, tomémonos el tiempo de estudiar que pasó en cada caso [1]

Dejemos de prestar oídos a las falacias, empezando por la que pretende que los empresarios no invierten en sus empresas y/o dejan de contratar personal porque existen regulaciones y/o derechos laborales. Un empresario que tiene mercado para colocar más de lo que produce no va a dejar de contratar personal porque tenga que otorgar más derechos; al contrario, si es un mercado competitivo, va a ofrecer más y mejores derechos para atraer a las personas más capacitadas. Los problemas económicos se resuelven con mejores políticas económicas, no con menos Estado ni con menos derechos. Los falsos profetas que se presentan como grandes economistas, pero no son más que estafadores, suelen recurrir al recurso de culpar a las leyes de las consecuencias destructivas de sus saqueos.

Como parece que las ideas que existen en nuestro país desde hace tiempo, con sólidos fundamentos en los datos de la historia, no resultan para algunos convincentes, busquemos en el norte al que siempre dirigen sus miradas. Luego de abrir con las palabras de un economista surcoreano que es catedrático en Inglaterra, cierro con las reflexiones de un sociólogo alemán: “Solo los hombres que tienen una vivienda y un puesto de trabajo seguro, y con ello un futuro material, son o llegan a ser ciudadanos que se apropian de la democracia y la convierten en algo vivo. La verdad desnuda es esta: sin seguridad material no puede existir libertad política, ni por tanto democracia alguna; y entonces todos nos vemos amenazados por nuevos y antiguos regímenes e ideologías totalitarios. (…)” (Beck, Ulrich, ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización, 1ª edición, Paidós, Buenos Aires, 2004, págs. 97 y 98).

  

[1] Un intento personal de hacerlo puede verse en: Serrano Alou, Sebastián, La estabilidad del trabajador argentino y su importancia para la democracia, Buenos Aires: Universidad Nacional de Tres de Febrero. Argentina, Abril de 2013. Tesis de Postgrado de la Maestría en DT y Relaciones Laborales Internacionales. 
 

Por Sebastián Serrano Alou / El Cohete