Entró al coqueto edificio que entonces era la sede del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas con cierto remedo en su andar de general majestuoso. Así lo había calificado en 1981 Richard Allen, asesor de seguridad del presidente estadounidense Ronald Reagan. El teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri no quiso responder a ninguna pregunta. Solo dijo a los periodistas que lo esperaban que se encontraba “muy bien de ánimo”. Después se sentó frente a los jueces militares que juzgaban la decisión de invadir las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982 y la conducción de la guerra con Gran Bretaña que siguió a esa invasión.

Era la mañana del 21 de febrero de 1984, hace cuarenta años. Galtieri fue detenido en la tarde noche de ese día, por su responsabilidad en la derrota militar ante el Reino Unido, e internado en la guarnición militar de Campo de Mayo a disposición del Consejo Supremo. A sólo dos meses y diez días de recuperada la democracia, Raúl Alfonsín había asumido el 10 de diciembre de 1983, Galtieri se convertía en el primer miembro de las juntas militares del “Proceso de Reorganización Nacional” que había gobernado el país desde 1976 hasta 1983, en ser apresado por un organismo militar.

No lo fue por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado porque esa parte de la historia estaba en proceso de investigación a cargo de la CONADEP. La justicia militar castigaba, a su modo, la desastrosa decisión de invadir las Malvinas el 2 de abril de 1982 y la no menos desastrosa conducción de la guerra contra Gran Bretaña en la que derivó esa invasión. La calificación no es opinión: pertenece al informe final, conocido como “Informe Rattenbach”, que juzgó a militares y civiles que integraron el gobierno de Galtieri, presidente de facto y comandante en jefe del Ejército, junto a sus pares de la junta, el almirante Jorge Isaac Anaya y el brigadier Arturo Lami Dozo.

El “Informe Rattenbach” fue el resultado de nueve meses de trabajo de la Comisión de Análisis y Evaluación de la Responsabilidad Política y Estratégica-Militares del Conflicto del Atlántico Sur, abreviada en uno de esos imposibles acrónimos militares como CAERCAS. Se creó el 2 de diciembre de 1982, fue presidida por el teniente general retirado Benjamín Rattenbach, el oficial entonces más antiguo del escalafón militar, y entregó su informe final el 16 de septiembre de 1983: diecisiete volúmenes divididos en quince capítulos y con ochocientos noventa párrafos numerados para agilizar su lectura.

Galtieri pertenecía al arma de ingenieros del Ejército de la que fue comandante en 1975, en la misma oleada de ascensos que llevó a Jorge Rafael Videla a ser jefe de la fuerza. Fue uno de los tantos oficiales que impulsaron el golpe militar del 24 de marzo de 1976. Desde su ascenso, ocupó varios cargos de importancia en la estructura militar de la dictadura. En octubre de 1976 fue designado jefe del Cuerpo de Ejército II de Rosario y en un breve lapso ascendió a general de división en 1977, y a teniente general en diciembre de 1979. Fue también uno de los generales “jóvenes” que en 1977 se opusieron con vehemencia a una eventual apertura política del “proceso”, idea que Videla había tomado de sus asesores civiles, y trasladado al generalato.

Aquella dictadura se desgajaba por horas entre una enorme crisis económica, una feroz interna militar por la “herencia” del proceso y un hartazgo social que todavía no encontraba salida, signado por las todavía sospechas de los asesinatos cometidos desde marzo de 1976 en adelante. Como sucesor de Videla en la presidencia había sido designado el general Roberto Eduardo Viola, un hombre más que parco, silencioso, rodeado de un aura de secreto que no encerraba otro misterio más que el que Viola tenía poco para decir. Asumió desgastado por largas idas y vueltas previas a su designación, en marzo de 1981. Tampoco ayudó mucho a su breve gestión de gobierno el que su ministro de Economía, Lorenzo Sigaut, un hombre ligado a la empresa Fiat, que proclamó una frase que quedó en la historia triste del país: “El que apuesta al dólar, pierde”, antes de una feroz devaluación. Para entonces, Galtieri ya preparaba su asalto al poder.

En Galtieri todo parece haber sido un poco cochambroso. La majestuosidad que creyó vislumbrar el asesor de Reagan era, en verdad, cierta torpeza firme y decidida, al estilo militar, adornada por gestos bruscos, carcajada fácil y una voz ensombrecida por la cualidad de buen bebedor de su dueño. En 1981 viajó a Estados Unidos y usó los contactos y el apoyo de un compañero de promoción, el general Miguel Mallea Gil, agregado militar en Washington, para conversar con funcionarios de la administración Reagan. En noviembre volvió a visitar tierras estadounidenses, ahora para participar de la XIV Conferencia de Ejércitos Americanos. Lo hizo junto al jefe de Inteligencia del Ejército, general Alberto Valín y al jefe de Operaciones, general Mario Benjamín Menéndez, que sería en 1982 gobernador militar de Malvinas.

En Washington, en casa del embajador argentino Esteban Takacs, Galtieri se reunió en un almuerzo con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Caspar Weinberger, que sería un tenaz enemigo de la Argentina en los días de Malvinas, con Richard Allen, con Thomas Enders, subsecretario de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, con el jefe del Ejército, Edward Meyer y con el general Vernon Walters, ex jefe de la CIA y un experto en asuntos de América Latina, entre otras figuras del gobierno de Reagan. Cuando le ofrecieron las bondades de un traductor, Galtieri contestó fiel a su estilo: “No, yo me las arreglo”. No era verdad. Era su estilo. En una charla telefónica con el peruano Fernando Belaúnde Therry, que mediaba por una salida diplomática en plena guerra, Galtieri admitiría que su inglés era malo.

Igual, en aquel almuerzo brindó por la amistad entre Argentina y Estados Unidos, y por la unidad entre ambos países para enfrentar al enemigo común, la Unión Soviética y sus países satélites: “La Argentina y los Estados Unidos marcharán juntas en la guerra ideológica que está comenzando en el mundo”, dijo. No era una frase antojadiza. Argentina se había empeñado en exportar a América Central su experiencia en el combate contra la guerrilla basado en la tortura, el secuestro y asesinato de opositores; había colaborado con la contra sandinista y había actuado codo a codo con el gobierno de El Salvador en su lucha contra el Frente Farabundo Martí. Días después de ese almuerzo, del que Allen salió tocado por el estilo Galtieri: “Me parece un hombre de una personalidad majestuosa”, dijo, y de allí derivó lo de “general majestuoso”. Galtieri se entrevistó también con el vicepresidente americano, George H. W. Bush.

Su análisis de aquel viaje se resumió en una frase un poco tosca e infantil: dijo que se había sentido “el niño mimado” de Estados Unidos. Nada más lejos de Reagan y de su administración que mimar a Galtieri o a cualquier otro general argentino. Como fuere, la colaboración militar y paramilitar en Centro América y su eufórico paso por Estados Unidos, convencieron a Galtieri de que sus manos estaban libres para seguir adelante, ocupar la presidencia de la dictadura y luego invadir Malvinas.

Cuando, con los años, se desgranó el proceso de toma de decisiones en la guerra y, sobre todo, en sus preparativos, quedó en claro que Galtieri, que fue presidente en diciembre de 1981, buscó el apoyo de sus pares en la junta, el almirante Anaya y el brigadier Lami Dozo, para desplazar a Viola en un paso de baile que incluyó dudas sobre la salud del derrocado general. Anaya comprometió a la Armada en empujar a Viola, a cambio de la promesa de Galtieri de ocupar las islas. De paso, si la operación tenía éxito, y pudo tenerlo, la dictadura obtendría un cheque en blanco y un largo período de gracia en el gobierno del país.

En un lenguaje algo elegante, un poco alambicado pero nada críptico, el “Informe Rattenbach” acusa al entonces gobierno nacional y a su presidente, Galtieri, de: “Confundir el objetivo circunstancial de la política interna (necesidad de revitalizar el PRN) con una gesta de legítima reivindicación histórica y dar lugar a que se interpretara que pretendía capitalizar para sí el rédito político, en caso de una solución favorable”. En otras palabras, la guerra buscó perpetuar la dictadura.

Si Galtieri, y el resto de su gobierno, pensó que Estados Unidos no intervendría en la guerra y que Gran Bretaña no iba a reaccionar, se equivocaron. Así lo señala el “Informe Rattenbach” que lo acusó de: “(…) No discernir acertadamente la naturaleza de las relaciones entre la Argentina y EE.UU, induciendo decisivamente a la Junta a lanzar la operación, en el convencimiento de que esa potencia no permitiría una confrontación bélica (…) y agravando así el error de suponer que Gran Bretaña no produciría una respuesta militar, como efectivamente desarrolló en realidad”.

Galtieri sabía que Estados Unidos intervendría de alguna forma en la guerra. Y lo sabía de buena fuente: se lo había anticipado Ronald Reagan en un tenso diálogo telefónico entre ambos presidentes a las diez y diez de la noche del 1 de abril de 1982, con el operativo de invasión de las islas ya lanzado. Antes del diálogo entre ambos, Galtieri tuvo otra salida “a lo Galtieri”: cuando supo que Reagan quería hablar de nuevo con él -lo había hecho horas antes-, se negó a atenderlo. Lo convenció el siempre sigiloso canciller Nicanor Costa Méndez: “General, es el presidente de Estados Unidos. Si Brezhnev habla con él, usted no puede negarse”.

Reagan fue muy claro con Galtieri aquella noche. Le dijo que Gran Bretaña era una amiga “muy estrecha” de Estados Unidos, que la primer ministro Margaret Thatcher era su amiga personal, que era una mujer muy decidida y que daría una respuesta militar. También le anticipó que la “nueva relación que hoy mantiene Washington con la Argentina, lograda después de un largo esfuerzo hecho ante la opinión pública norteamericana, se verá irremediablemente perjudicada”.

Reagan hizo algo más en aquella larga charla: le sugirió a Galtieri que, si Argentina usaba la fuerza en Malvinas, a Estados Unidos le sería muy difícil permanecer neutral. Si Galtieri lo comprendió, y debe haberlo comprendido, si no él, al menos Costa Méndez, esa certeza no impidió frenar las operaciones. Después de colgar con el presidente argentino, Reagan envió un mensaje a Thatcher, fechado el 1 de abril. Le comentó su frustración: “El general escuchó mi mensaje, pero no se comprometió a cumplirlo”. Y luego Reagan sí se comprometió ante Thatcher: “Mientras tenemos una política de neutralidad sobre el tema de la soberanía, no seremos neutrales si Argentina usa la fuerza militar”.

Estados Unidos envió al secretario de Estado, general Alexander Haig, como “mediador” en el conflicto, una muestra de ironía diplomática. Haig no podía “mediar” cuando Estados Unidos ya había tomado partido por Gran Bretaña luego de la invasión argentina. De todas formas, la gestión de Haig estuvo rozada por el mal entendido. El 10 de abril, ante una multitud delirante reunida en la Plaza de Mayo, y luego de que la “task force” británica zarpara de Londres rumbo al Atlántico Sur, Galtieri proclamó en el balcón de la Rosada, entre algunos titubeos y un par de yerros en la construcción gramatical: “¡Si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla!”. El desborde popular, armado para impresionar a Haig que sobrevoló la Plaza en el helicóptero que lo llevaba desde Gobierno al Sheraton de Retiro, causó el efecto contrario al esperado por las autoridades argentinas. En vez de verse sorprendido por el flameante patriotismo de la multitud, Haig evocó en cambio las fervorosas y caóticas manifestaciones iraníes que habían saludado la llegada del ayatollah Khomeini a Teherán y el nacimiento de la Revolución Islámica.

Incluso aquel discurso, el de “¡Si quieren venir que vengan…!” fue cuestionado en el “Informe Rattenbach” que acusa a Galtieri de: “(…) Asumir ante el pueblo de la Nación, en circunstancias en que era aconsejable la moderación, compromisos que coartaron la libertad de acción del Gobierno Nacional, crearon falsas expectativas populares y contribuyeron a dificultar la búsqueda de una salida negociada al conflicto”.

Las acusaciones del “Informe Rattenbach” dedicadas a Galtieri como comandante en Jefe del Ejército, son tanto o más graves que las hechas como Presidente. Fue juzgado responsable de embarcar al Ejército en una guerra sin la necesaria preparación, “sin la adecuada instrucción ni el equipamiento correspondiente para la lucha, en condiciones rigurosas, contra un enemigo altamente adiestrado, con equipo y armamentos superiores y eficientemente conducido, y careciendo, asimismo, del planeamiento debido para su mejor empleo”.

El “Informe…”, que rescata el valor demostrado por las tropas de combate, es implacable con la conducción militar. Galtieri fue acusado además de no adoptar siquiera “las medidas de orden logístico para asegurar a las tropas desplegadas en las islas los suministros para su total funcionamiento”, de retener en el continente a tropas especializadas y más aptas, por su equipamiento, para combatir en Malvinas y de ordenar, luego de visitar el teatro de operaciones, “(…) El desplazamiento de una brigada de infantería adicional a las ya desplegadas, sin el requerimiento, opinión ni asesoramiento del comandante conjunto Malvinas (…) ocasionando serios problemas al transporte aéreo de medios a las islas, y generando inconvenientes a la conducción y una incorrecta distribución del poder de combate”. La visita de Galtieri a Malvinas tuvo otra pincelada de su peculiar estilo y de su singular sentido común. Minutos antes de aterrizar en Puerto Argentino le oyeron murmurar: “¡Qué grande son las islas…!”

El “Informe Rattenbach”, que no era un organismo jurídico, calificó el hecho que investigaba, y en cierto modo también juzgaba, como “una aventura militar” y recomendó penas severísimas para muchos altos oficiales juzgados por su conducta; algunas de ellas demostraban impericia, otras, indecisión, otras, cobardía. El informe encuadró las faltas más graves en el artículo 747 del Código de Justicia Militar que imponía desde diez años de prisión, o reclusión por tiempo indeterminado, hasta la pena de muerte por actos de indisciplina o por falta de valor frente al enemigo. El Código fue derogado en 2008.

A principios de 1986, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas condenó al general Leopoldo Galtieri a “la pena de doce años de reclusión con la accesoria de destitución y baja”. Fue indultado por el presidente Carlos Menem en octubre de 1989 y recuperó su grado y estado militar junto con Anaya y Lami Dozo. En 1985 había sido juzgado, y absuelto, en el Juicio a las Juntas militares que entabló la Cámara Federal de la Capital, porque se analizó su accionar como comandante del Ejército entre diciembre de 1979 y junio de 1982. En julio de 2002 fue detenido por orden del juez federal Claudio Bonadío que investigaba la desaparición de miembros de la guerrilla peronista “Montoneros” entre 1979 y 1980, durante la llamada “contraofensiva” de ese grupo y cuando Galtieri comandaba el Cuerpo de Ejército II. Galtieri se presentó en el Regimiento de Granaderos a Caballo y quedó incomunicado. Tenía cáncer de páncreas y obtuvo el beneficio del arresto domiciliario. Fue internado a finales de ese año y murió el 12 de enero de 2003.

Estaba convencido de que la sociedad le debía un gran desfile de homenaje.

Nota:infobae.com