El martes 6 de febrero la sesión en la Cámara de Diputados que debía tratar en particular la Ley Ómnibus fue levantada luego del pedido de cuarto intermedio de Miguel Ángel Pichetto, que intervino justo antes de la votación de uno de los capítulos más esperados por el gobierno, que contenía una lista sábana de privatizaciones de 40 empresas públicas. Pichetto acudió a salvar al gobierno de Milei de una probable derrota, considerando el desorden político que suponía perder votaciones sobre facultades y bases de delegación, luego de llegar a registrar 155 votos negativos en el artículo 5 inciso c.

La ley establecía, como se adelantó el domingo anterior en Las mascotas del poder, una serie de artículos que significaban un enorme retroceso en el rol del Estado y la entrega de patrimonio nacional, al mismo tiempo que una abierta habilitación a la concreción de negocios por parte del sector privado, a partir de las privatizaciones, la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, la instauración de un nuevo estatuto legal de coloniaje con los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la desregulación del sector hidro-carburífero.

La ley fue retirada, pero el plan económico sigue en marcha. Una mirada más amplia, que se propone conectar la dispersión y multiplicidad de medidas y decisiones económicas adoptadas por distintos ministerios y secretarías junto con los efectos del DNU 70/23, permite constatar que el plan económico del Presidente avanza en su objetivo de transferencia de ingresos y licuación salarial:

• El DNU establece desregulaciones en sectores de salud, minero y aerocomercial, en comercio interior, en tarjetas de crédito, alquileres e incluso en economías regionales como la yerbatera, con la supresión de la facultad del Instituto Nacional de la Yerba Mate para fijar el precio de la materia prima.
• El DNU indica la conversión a Sociedades Anónimas de la totalidad de las empresas públicas, y en lo que refiere al Banco Nación elimina la prohibición de su privatización, establecida en la ley votada en 1999.
• Asimismo, el DNU modifica la ley de tierras, eliminando el límite a la cantidad de hectáreas que un extranjero puede tener en zonas rurales. Este artículo se encuentra suspendido por una cautelar en la Justicia.
• El DNU supone una amplia reforma laboral, que desafía los propios parámetros regresivos que el menemismo había logrado en las sucesivas reformas de los ’90. La extensión del periodo de prueba a ocho meses, la constitución de un fondo de cese laboral que reemplaza a la indemnización, el banco de horas que reemplaza a las horas extras y la extensión arbitraria de los sectores con limitación del derecho a huelga (esenciales y ahora también “trascendentales”) son ejemplos palpables de ello.

A los efectos del DNU vigentes se agregan decisiones de gestión y en particular de política económica:

• La paralización absoluta de la obra pública, que supone pérdida de puestos de trabajo (250.000 sólo directos) y de inversión estatal.
• Para jubilados/as que cobran hasta 160.000 pesos, que perciben bono, éste se congeló en 55.000 pesos, lo cual significa una pérdida real en el valor del bono del 25% sólo con la inflación de diciembre. Para sostener el valor debería haber ascendido a 70.000 pesos a enero.
• El tarifazo en la electricidad implica aumentos del orden del 140% en adelante para hogares N1 de mayores ingresos y para comercios y pymes. El impacto será mayor en universidades y hospitales, dado que ya tenían subsidio.
• A fines de enero se eliminaron 60 resoluciones de la Secretaría de Comercio, complementando la desregulación dispuesta por el DNU en las góndolas y en las políticas de control estatal de los abusos de supermercados y proveedores.
• Se intervino el ENACOM, con evidente impacto en las definiciones de otorgamientos de licencias y en las pautas de aumentos de precios de telecomunicaciones (ya desregulados por el DNU, e incluso con un fallo del 17 de noviembre que impedía que sean servicio esencial).
• Se nombró a un ex OSDE al frente de la Superintendencia de Salud, otro zorro en el gallinero.
• Aumentó el transporte 250% en la zona metropolitana, y se quitaron los subsidios del Fondo Compensador del Interior.
• Las partidas sociales del Ministerio de Capital Humano, por fuera de la Tarjeta Alimentar, se ejecutaron en 0% para enero 2024, afectando particularmente la provisión de comida a comedores populares que dependen de provincias, municipios y organizaciones sociales.
• El Ministerio de Economía no transfirió los recursos correspondientes al Fondo Nacional de Incentivo Docente. Técnicamente los fondos fueron devengados pero no pagados a las provincias.
• Tampoco se pagó el Servicio Alimentario Escolar (SAE) a nivel nacional a provincias y municipios.
• Se terminó con el congelamiento del impuesto a los combustibles, que impacta sobre el valor de la nafta. Se aplicó 6,4% en febrero –correspondiente al congelamiento de 2022– y se prevén tres aumentos de 4,4% (cada uno) en marzo, abril y mayo, correspondientes a la actualización del congelamiento del impuesto durante el 2023. Además, en mayo/junio debería aplicarse la actualización correspondiente al primer trimestre de 2024, que incidiría en un nuevo incremento de la nafta cercano al 20%. Todo ello con independencia de la suba de la nafta por los vaivenes del dólar y del precio internacional.
   

Impactos de la Ley de la Selva en la economía

La devaluación del 12 de diciembre, agravada por la desregulación absoluta con y sin DNU, sumados a los incentivos a la remarcación explícitos que el Presidente promueve, derivó en un sensible impacto en los principales precios de la economía.

• Combustibles: subieron 140% entre noviembre 2023 y febrero 2024. Según la serie publicada por la Confederación de Entidades del Comercio e Hidrocarburos de la República Argentina (CECHA), la nafta súper aumentó de 311 pesos promedio en las estaciones de YPF a 744 pesos a la fecha actual. En el grafico que sigue se puede observar la relación lineal entre el precio internacional (Brent) y el valor de la nafta local.
   

 

• Prepagas: subieron 121% en el primer trimestre de 2024. Hubo tres subas consecutivas que sin dudas fueron más elevadas que la inflación, habilitadas por la derogación de la fórmula polinómica por DNU que asociaba los aumentos a la variación de costos.
   

• Medicamentos: incrementaron su precio 101,2% desde la segunda quincena de noviembre, acumulando aumentos de 25,7% en noviembre, 40,9% en diciembre y 13,6% enero, de acuerdo al relevamiento de la industria farmacéutica que publica Kairos.
   

• Novillito en pie: el kilo vivo en Liniers subió 72% también desde el 16 de noviembre. Es curiosa la suba que se observa en el grafico, producida el 14 de diciembre tras la conferencia de prensa del ministro Caputo –donde anunció la devaluación–, cuando el kilo vivo de novillito en Liniers subió a 1.900 pesos. Pocos días más tarde el precio tuvo un rápido retroceso a 1.300 pesos, evidenciando que no había razones para sostener ese valor (el precio local estaba por encima del precio en Uruguay y Brasil).
   

 

• Harina de trigo: registró un incremento de 89%. La bolsa de 25 kilogramos, insumo básico para las panaderías, se elevó desde 8.930 pesos el 17 de noviembre a 16.900 pesos el 2 de febrero.
   

Salarios bajo el gobierno de Milei

Lo descrito anteriormente da cuenta de un nuevo escenario inflacionario que impacta negativamente sobre los salarios, erosionando en sólo tres meses un 20% el nivel salarial real. Dado que con el gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) no se logró mejorar el nivel salarial promedio, la pérdida del poder adquisitivo bajo el gobierno de Milei se acumula a la registrada con Mauricio Macri (2015-2019), que había significado también un 20% de retroceso en términos reales.

Desde la asunción de Milei puede realizarse un análisis secuencial de la evolución del poder adquisitivo en cuatro momentos:

1. En el primero, en diciembre de 2023, se produce la mayor caída de poder adquisitivo. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional subió 25,5% mientras que los salarios de RIPTE (registrados de públicos y privados) sólo se movieron 8,3%. Ello supuso una pérdida de 13,7%.
2. A enero de 2024, la inflación se mueve levemente por debajo del mes anterior (CABA indicó 21,3%) y con salarios que se estima que podrían alcanzar una variación del 15% (relevamiento de paritarias de CEPA). Esto en la práctica significa 5,2% de retroceso. En el acumulado de diciembre y enero se registraría una pérdida real de 18,2% de los salarios registrados.
3. A febrero/marzo 2024, la inflación continuará en un nivel elevado pero con una composición diferente: precios regulados y estacionales al alza, alimentos a la baja respecto del mes anterior. En relación a los salarios, si eventualmente durante febrero y marzo la paritaria de los sindicatos se mantuviera en torno al 15% –lo cual depende de distintas variables, entre ellas la convalidación de la paritaria por el Ministerio de Capital Humano– se podría aspirar a que en este tercer momento no se produzca una pérdida adicional de poder adquisitivo.
4. Finalmente, en marzo/abril de 2024 la evolución de la puja inflación-salarios estará caracterizada por dos cuestiones. Primero, la materia inflacionaria dependerá de la política cambiaria: ¿devaluación brusca, crawl más acelerado o política de apreciación con dólares ya acumulados en el Banco Central? Por otro lado, en un contexto de absoluta desregulación, ¿es posible imaginar la recuperación del terreno perdido en términos salariales si la expectativa es de profundización de la caída de la actividad? Más bien parecería lo contrario: el dilema de Prat Gay salarios vs. empleo vuelve con fuerza. Los indicadores de caída de la actividad económica de diciembre y enero ya están mostrando retrocesos de 13,7% y 28,5%, tal como publicó la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En los gráficos que siguen se observa la caída salarial de los asalariados registrados de RIPTE en el mes de diciembre y las ventas minoristas de CAME de diciembre y enero.

 

 

Cavallo, el ministro en las sombras

En una nota publicada en Clarín el 9 de febrero, el periodista Marcelo Bonelli dejó trascender una reunión celebrada entre Domingo Cavallo y Luis Caputo. Esa reunión habría tenido lugar dos semanas antes ¿Es una reunión sólo de asesoramiento o hay algo más? ¿Quién decide sobre la economía argentina? Repasemos.

El ex ministro de Economía realiza frecuentes posteos en su blog personal, donde aconseja al gobierno sobre el rumbo macroeconómico. El pasado 31 de enero realizó consideraciones que a todas luces fueron tenidas en cuenta por Caputo:

• Cavallo sostiene que la inflación en enero sigue una senda descendente, y publicó que midió 13% en la última semana. Tanto Milei como Caputo repitieron el mismo análisis en sucesivas entrevistas. De hecho, el miércoles 7, desde Israel, el Presidente sostuvo que “la inflación estaría bajando a niveles reales del 10%”, y agregó: “Estamos siendo exitosos en contener la inflación a velocidades realmente rápidas”.
• En relación a la ley fallida, Cavallo sostuvo que fue mejor que no se hayan incrementado las retenciones porque, de hacerlo, el gobierno se hubiera visto obligado a devaluar en marzo para facilitar la liquidación de la cosecha. La devaluación, para Cavallo, debe evitarse. En este mismo sentido, en un intercambio por la red X entre el ministro Caputo y twittero Julián Yosovitch el jueves último, el primero asevera que no habrá devaluación frente a un análisis de la inviabilidad del 2% de crawling peg, que Yosovich sostiene. Caputo contesta: “Los niveles de inflación que suponen ese análisis están bastante alejados de la realidad, empezando por enero que ya es casi dato va a estar en el entorno al 20% (…) Por lo tanto, la conclusión está sesgada por un supuesto que hoy por hoy no comparte nadie”.
• Cavallo, por otro lado, en un intercambio con el economista Miguel Kiguel el 2 de febrero, deja la puerta abierta a que aumente la tasa del crawling peg en lugar de devaluar bruscamente. “Yo sostengo que el crawl activo tiene que subir al 7 o al 8% mensual y cuando el tipo de cambio real se ubique en un nivel que pueda considerarse de equilibrio con comercio exterior normalizado, tiene que pasarse a un crawl pasivo hasta que la brecha sea pequeña”, afirma el ex ministro. ¿Caputo recorrerá este camino?
• Cavallo propone que se presente nuevamente el capítulo fiscal de la ley, mencionando específicamente el impuesto a las ganancias. En este punto, en el gobierno aún reina la confusión luego del resultado legislativo adverso que puso a los gobernadores como enemigos.
• En el último apartado de su posteo del 31 de enero, Cavallo propone que el gobierno retome el camino de la dolarización de la economía, ya que es la forma de moderar expectativas inflacionarias. “Retomar la prédica dolarizadora del Presidente Milei durante su campaña electoral es la mejor forma de inducir expectativas de descenso acelerado de la inflación durante el año 2024 para lograr que en 2025 ya no haya vestigios del cepo cambiario y se pueda implementar un plan de estabilización capaz de erradicar la inflación como lo logró el plan de convertibilidad en 1991”, sostiene.

Por último, la insistencia del gobierno en los recortes a las provincias y la imposibilidad de financiamiento de las mismas parecen contar también con Cavallo como ideólogo. En diciembre de 2021, al referirse a los años ’90, Cavallo indicó que “la gente no le echaba la culpa a la Convertibilidad, quienes razonaban bien sabían que había habido un gasto excesivo en las provincias y era un problema a resolver”.

La agenda del gobierno de Milei no tiene medias tintas: su ideólogo es Cavallo y su propuesta es retroceso de los trabajadores, recorte fiscal y caída de la actividad económica.

 

Por Julia Strada y Hernan Lechter